Creada bajo el segundo gobierno de Ibáñez del Campo en 1958, La Ley de Seguridad del Estado (LSE) fue la sucesora de la “ley maldita” utilizada para proscribir al Partido Comunista y sofocar las protestas sociales. A lo largo de su historia ha sido un instrumento de la clase dominante para acallar y perseguir los reclamos sociales y la disidencia política. Desde la transición hasta la actualidad ha sido utilizada principalmente contra dirigentes del Pueblo Mapuche para criminalizar su lucha. Pero también contra las protestas en el estallido social o en el conocido caso de la periodista de investigación Alejandra Matus por su libro “El libro negro de la justicia chilena” por denunciar las malas prácticas del Poder Judicial. Ahora esta ley es utilizada por el gobierno de Boric para perseguir a Héctor Llaitul, vocero de la CAM.
Viernes 26 de agosto de 2022
Una vez más la Ley de Seguridad del Estado (LSE) vuelve a ser utilizada por el gobierno para criminalizar la lucha mapuche. "Lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente" fueron las palabras de Marcelo Catrillanca para referirse a la detención del vocero de la CAM Héctor Llaitul este miércoles por parte de la PDI. Llaitul es acusado por cinco hechos, de los cuales tres son declaraciones realizadas en distintos contextos desde el año 2020 a 2022. Por medio de la LSE, se permite encarcelar a alguien solo por dar declaraciones. En esta nota revisaremos los orígenes antidemocráticos de esta norma y cómo los distintos gobiernos desde los 90’s hasta esta fecha han utilizado esta herramienta legal contra el pueblo mapuche y sus dirigentes.
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Los orígenes de la Ley de Seguridad Interior del Estado
Durante el siglo XX se dictaron varias leyes con marcado carácter anticomunista y, en general, antisubversivo. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, una de las primeras leyes persecutorias a las expresiones de izquierda se refiere a la Ley Nº6.026, titulada como de “Seguridad Interior del Estado”, dictada durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938). El texto se compone de 26 artículos, señalando en su artículo Nº1 que “serán castigados con reclusión, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo”, a las personas u organizaciones que: “1) Induzcan de palabras, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a uno o más miembros de las fuerzas armadas o de policía a la indisciplina o al desobedecimiento de sus superiores jerárquicos, o de los poderes constituídos de la República; 2) Inciten a la subversión del orden público o a la revuelta o alzamiento contra el Gobierno constituído, o a los que, con los mismos fines, inciten a la ejecución de los delitos de homicidio, robo o incendio, o de los crímenes o simples delitos previstos en el artículo 480 del Código Penal, o en los Títulos I y II del Libro II del mismo Código;3) Inciten, provoquen o fomenten la rebelión contra las instituciones nacionales o contra la forma de Gobierno de la República; o el atropello, por medios violentos, de los derechos que establece la Constitución Política; 4) Propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política y jurídica de la nación”.
En 1948 esta ley se modificó con el nombre Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida a nivel popular como “ley maldita”. Esta ley se creó después de que Gabriel González Videla (Partido Radical) ascendiera a la presidencia de la república con el apoyo del Partido Comunista. Sin embargo, la relación con el PC se deterioró tras la presión de Estados Unidos e impulsó esta ley con la intención de cancelar la inscripción del PC y perseguir a sus militantes. Esta ley fue derogada en 1958 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y se crea la ley de Seguridad Interior del Estado (LEY 12927) la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Es decir, el origen histórico de la LSE es una ley antidemocrática destinada a castigar y perseguir las luchas sociales y sus dirigentes, así como también la disidencia política.
Contra la libertad de expresión: La aplicación de la LSE durante los gobiernos de la ex Concertación y la derecha
En palabras de la académica de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, la ley de Seguridad Interior del Estado es "una ley que fue establecida para neutralizar de alguna manera las disidencias políticas. Tuvo sus orígenes con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ’ley maldita’ de (Gabriel) González Videla, la inmediatamente antecesora de esta ley".
Se trata de una ley penal especial de poca aplicación en “gobiernos democráticos”. Sin embargo, la mantención de esta ley trató de criminalizar a miembros de comunidades mapuche. En dos períodos de gobierno de la Concertación (Ricardo Lagos y Michelle Ballelet I) se invocó 9 veces.
Durante la rebelión de octubre del 2019, el gobierno de Piñera realizó distintas querellas a las y los manifestantes. Dos hechos emblemáticos salieron a la luz pública: el profesor Roberto Campos y el joven dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Dauno Tótoro, por decir “Fuera Piñera”, cuadrando la conducta en el delito contemplado en el artículo 6 letra c) de la mencionada ley, es decir, alteración o incidencia en el desorden público.
Ante la detención de Héctor Llaitul bajo la acusación del gobierno de Boric, Marcelo Catrillanca, integrante de la comunidad mapuche Temucuicui y padre del joven mapuche asesinado por fuerzas policiales, Marcelo Catrillanca, señaló a la prensa: “Lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente” Se trata de la última invocación a la Ley de Seguridad del Estado de parte del gobierno de Sebastian Piñera por parte del por una carta enviada por comunidades mapuche en la que advertían el comienzo de toma de terrenos en la Región de La Araucanía.
En esa ocasión, Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho y ex encargado de asuntos indígenas del gobierno de Boric arremetió bajo el argumento de persecución política y criminalización al pueblo mapuche: “Hasta donde yo tengo entendido la recuperación, en el lenguaje que usa la Corte Interamericana, es para entender el ejercicio del derecho sobre las tierras que tienen los indígenas cuando estas tierras han sido perdidas, pero esto involucra una serie de posibilidades, es decir, reclamar un derecho, ejercer el derecho a protesta. En este caso la carta está dirigida al Presidente de la República y se está ejerciendo el derecho a petición”, señala el medio Radio Uchile.
¿Por qué el gobierno de Boric se querella contra Llaitul?
El gobierno de Gabriel Boric retomó el interés de recurrir la LSE el pasado 26 de abril, cuando fue la huelga de empresarios de camiones en Antofagasta, cuando se querelló al amparo de esta ley por el bloqueo de carreteras. En el caso de la ampliación de la querella contra Llaitul, fue un expreso pedido de la industria forestal mediante Juan Sútil y de políticos de la derecha tras declaraciones realizadas en una entrevista (cuyo periodista que la realizó, denunció que está siendo hostigado por la policía). Entre los motivos de fondo del gobierno es cuidar la industria forestal con fuertes intereses en la zona, según un estudio de la Biblioteca Nacional del Congreso, entre las regiones del Bio Bio y Los Ríos se concentra casi el 70% de las plantaciones forestales.
Esta industria es la segunda en términos de exportación después de la minería y su principal producto es la celulosa. Las empresas más importantes CMPC y Arauco, controladas por las poderosas familia Matte y Angelini son las principales grupos económicos de la industria. Según un reciente estudio, este negocio capitalista ha incrementado la desigualdad y pobreza en la zona, además de realizar el cambio más significativo desde el punto de vista medioambiental. En 30 años, desde el impulso de la industria con subsidios de la dictadura, se ha cambiado más que en los 500 años anteriores provocando el despojo de las comunidades, daño a las aguas y suelos entre otros daños al medioambiente. Cómo ha señalado recientemente el medio Resumen, no habría robo de madera sin robo de tierras. Estos son los intereses tras la antidemocrática persecución política contra Llaitul. Hasta la propia diputada oficialista Emilia Nuyado insinuó que estábamos ante una nueva “operación huracán”.
Esta defensa democrática en contra la criminalización y por la libertad de las y los presos políticos mapuche es un deber elemental, pese a que tenemos importantes diferencias estratégicas con la CAM, puesto que para nosotros expulsar a las empresas forestales y asegurar el derecho a la autodeterminación requiere impulsar un programa revolucionario y socialista que se plantee la perspectiva de acabar con el Estado capitalista y conquistar un gobierno de las y los trabajadores, una lucha de masas que debe dar la clase trabajadora codo a codo con las comunidades.
