Juventud. ¿Qué es la criminalización de la protesta y de la juventud?

Frecuentemente escuchamos hablar de términos como “criminalización de la protesta social” sin conocer su significado, oímos de ellos en las noticias de la radio y la televisión; lo leemos por los periódicos; escuchamos a estudiantes gritarlo por la calle, todo eso sin saber a ciencia cierta a qué se refieren.

Precisamente con este artículo se pretende aclarar estos conceptos al lector para que tenga herramientas más indicadas para formarse un juicio propio cuando en ciertos contextos escucha una determinada consigna y discurso respondiendo a la pregunta ¿qué es la criminalización de la protesta y de la juventud?
Antes de definir la palabra “criminalizar”, sería pertinente aclarar qué es la protesta social. Podemos entenderla como las acciones de resistencia en contra del autoritarismo, la denuncia a las violaciones de los derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, según Edgar Cortez Morales en Criminalización de la protesta social en México. Estas acciones son realizadas por personas organizadas a las que denominaremos aquí “sujetos sociales”, estos sujetos sociales pueden tener exigencias de diverso tipo y orígenes muy diferentes.

Ahora, continuando con la línea del artículo podemos definir a la criminalización de la protesta social como: llevar los conflictos sociales al área judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a llevar largos y adversos procesos. Y esto puede llevarse a cabo de las siguientes maneras: detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso; equiparación de los luchadores sociales a delincuentes; agravamiento de las acusaciones, ilegalización de la protesta social y falta del debido proceso penal.

En el caso de la criminalización de la juventud esto se entiende cuando a personas de menores de 30 años, la autoridad las equipara con delincuentes por factores como su edad, vestimenta, forma de hablar, de manifestarse políticamente, los lugares públicos a los que asisten y los lugares en los que viven.

En México, esta criminalización ha ido en escalada, pues el neoliberalismo ha impuesto condiciones que precarizan cada vez más la vida de la población, al mismo tiempo eso incrementa la resistencia a esa política.

Esto hace presa a esa resistencia de todo tipo de abusos por parte de las fuerzas del orden, y además hay que hablar de la criminalización que estos sujetos sociales sufren por parte de los grandes medios de comunicación. Pues estos son al final grandes empresas como Televisa que a cambio de los beneficios que recibe colabora con el régimen legitimándolo a cambio de privilegios (ver nota de Ramiro Alonso “Condonan deuda por 3,000 millones de pesos a Televisa, en el diario El Universal”), es decir la opinión pública se vuelve uno de los principales instrumentos de represión.

La criminalización de la protesta social puede manifestarse y legitimarse mediante la ley, para legalizar el abuso y presentarlo como algo “correcto”, un buen ejemplo es lo que denominaron “Ley de movilidad social” que fue aprobada en lo general en el dictamen del martes 2 de diciembre de 2014 por el Congreso de la Unión (el congreso federal) para reformar los artículos 11 y 73 constitucionales referentes al tema de la movilidad, dicha ley expresa lo siguiente: “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

En este último punto hay que hablar de las marchas y movilizaciones, pues actualmente se tratan de crear reglamentaciones para “no afecten la circulación a terceros”. La gran trampa que esta legislación oculta, es retirar manifestaciones de la vía pública si la autoridad considera que están violando el derecho a la movilidad, permite el uso de la fuerza para eso, como ya han señalado importantes medios como el semanario Proceso. Ahora, si bien en estos momentos dicha ley está congelada porque no se ha aprobado en lo particular, la posibilidad de que la pongan en vigencia está latente.
Todo esto en el contexto de lo que fueron las protestas a causa de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y el asesinato de otros 6 el 26 de septiembre de 2014. A estas movilizaciones se les conoció como Jornadas Globales por Ayotzinapa y en ellas salieron miles de personas a las calles para expresar su inconformidad y repudiar el hecho, en el cual estuvieron involucrados miembros del crimen organizado, los partidos políticos del régimen, el ejército y la policía.
Pero además hay que considerar otro cosa: diversas coyunturas han atravesado a la sociedad mexicana desde 2011, como lo fue en ese año el Movimiento por la Paz la Justicia y la Dignidad, en 2012 surge el Movimiento #Yosoy132, en 2013 la insurgencia magisterial y 2014 las Jornadas Globales por Ayotzinapa.
En estos eventos el factor común ha sido la juventud, en todas estas manifestaciones de la protesta social se han sumado jóvenes y especialmente los estudiantes de universidades y preparatorias. Cabe mencionar que la represión con marco en la demanda de justicia para los 43.
En estos momentos el Estado mexicano teme que los focos de inconformidad crezcan y continuamente violenta a la población para que esta se sienta intimidada con el fin de que ésta no salga a luchar para defender sus derechos.
Crea leyes para hacer legal la represión con las cuales pretende defender las reformas estructurales aprobadas casi todas el año pasado, con el fin de otorgar todos los privilegios a las grandes empresas, como es la reforma energética que permite a monopolios como Shell, Repsol, Mitsubishi, Transalta Energy, Techin, Sempra Energy, seguirse apropiando de los recursos energéticos de México.
Pero no sólo la juventud es criminalizada: los trabajadores que luchan, como los maestros y los trabajadores despedidos de Honda Jalisco también lo son.
Por eso, que los trabajadores y los jóvenes se unan para luchar contra la criminalización de la protesta social se ha vuelto una necesidad acuciante.