Servicios de las universidades como las bibliotecas se han visto enormemente mermados durante la pandemia. Aquí te contamos las razones detrás y qué alternativas puede ofrecer el estudiantado organizado.
Lunes 11 de enero de 2021
La universidad, como espacio de aprendizaje y socialización ha sufrido una serie de duros reveses desde el inicio de la pandemia, como el resto de los sectores públicos. No es nada nuevo hablar de la situación del personal médico a lo largo de la crisis sanitaria, ni el aumento de las cargas laborales sobre los hombros de los docentes de las escuelas públicas. En el caso de la universidad, es fácil adivinar en medio de un sinfín de medidas, que se tildaron desde el principio por el alumnado como absurdas, una razón detrás de estos recortes en servicios esenciales.
Este es el caso de la gran mayoría de las bibliotecas, supuestamente públicas, situadas en los campus universitarios de centros como la UAM o la UC3M. En el caso de la primera biblioteca, se ha clausurado la sala búho, sala habilitada las 24 horas del día para el estudio, que tan necesaria resultaba para aquellos alumnos en situaciones intrafamiliares complicadas, o que en general, no disponen de un lugar donde se den las condiciones necesarias para el estudio.
También se han implementado unos horarios que, con excusa de acondicionar las instalaciones, han recortado en gran medida el tiempo que se puede pasar estudiando en las mismas. Comenzando el horario de apertura una hora más tarde, haciendo un largo descanso a la hora de comer, y cerrando a las 7, se puede hablar de que prácticamente se han deshabilitado las bibliotecas de la Universidad Autónoma. Esto se ha hecho en un principio para que el escaso personal de limpieza, que no ha visto refuerzos, limpie el lugar, asumiendo aún mayor carga de trabajo. En el caso de la Universidad Carlos III, aunque se han ampliado los tiempos de apertura de las bibliotecas a resultas de las quejas de los estudiantes, los horarios eran originalmente incluso más ridículos, cerrando a las seis de la tarde.
Las condiciones actuales de la biblioteca no sufren recortes solo en los horarios, sino en la accesibilidad a los recursos bibliográficos y a los espacios de estudio. Para poder acceder a la literatura de investigación que albergan los sótanos de la biblioteca se ha de esperar un espacio de 3 días, debido a la escasez de personal. Por otra parte, solo se puede acceder a la biblioteca con el carné universitario, una restricción que vacía totalmente de contenido su carácter público. Tampoco se puede reservar un puesto de estudio más de tres días a la semana, divididos en aquellos molestos horarios.
Sin embargo, y como hemos podido ver en otros sectores, como el de la Sanidad Pública, este fenómeno que podría parecer aislado se trata de un dechado más de las medidas neoliberales impuestas desde la economía burguesa capitalista y sus métodos de explotación y apropiación del trabajo de la clase trabajadora que viene de la mano de un recorte de los servicios públicos.
Un desmontaje de los servicios públicos que no afecta solo a los usuarios, sino a los trabajadores de estos, ya que empeora las condiciones y la seguridad de los empleos. Medidas de este cariz se tomaron poco después de la primera ola de la pandemia en el Hospital Gregorio Marañón, donde se pretendió privatizar el servicio de limpieza, aunque se consiguió parar con la lucha.
Queremos resaltar que la situación en la educación, salvando las distancias, es estructuralmente parecida a la que sufrió la sanidad, ya que la pandemia apareció en la coyuntura proporcionada por la existencia de una desmantelada sanidad pública, y se desarrolló paralelamente a las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos y el central, que nunca pasaron por mejorar y dotar de más personal sanitario a los hospitales, o la contratación de rastreadores, sino por la construcción de lúgubres y carísimas estructuras sin equipación o por aumentar la carga de trabajo de los sanitarios, todo ello en beneficio de las grandes empresas, como el conocido Hospital Isabel Zendal, en la que participó Dragados, una de las empresas que compró Florentino Pérez en el 2018.
En educación también hemos visto cómo la pandemia llega en un contexto de recortes de años que dejaron a los centros con menos personal y profesorado del necesario y ratios altísimas, lo cual ha sido muy problemático a la hora de adaptarse a las condiciones obligadas por la pandemia. De la misma manera, la solución de las autoridades ha pasado por construir barracones (que, además, en muchos casos aún no están listos para su funcionamiento) y por contrataciones temporales que ya han rescindido.
El paralelismo con las universidades y, en concreto, las bibliotecas, es evidente cuando se conoce lo acontecido a lo largo del 2017, a raíz de una inspección laboral a la Universidad Autónoma de Madrid que destapó uno de los tantos chanchullos a los que las universidades neoliberales recurren para pagar lo menos posible a sus becarios y trabajadores. Esta treta se basaba en la contratación de estudiantes de grado y máster como becarios, pagando menos de lo debido, y poniendo tareas mucho mayores y dificultosas de las que supuestamente estaban designadas. Esto ocurrió en el 2017 pero los juicios se extendieron hasta bien entrado el 2019.
Lo ocurrido, a grandes rasgos, giró en torno a los becados por la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad, que en su día contaron hasta 400. Los estudiantes ocuparon puestos de extrema importancia para la puesta en marcha diaria de la vida universitaria, trabajando tanto en laboratorios como en bibliotecas, como contamos desde Izquierda Diario.
La respuesta a la denuncia de la Seguridad Social, y al destape del escándalo no fue otra que la que se puede esperar. Estos becarios fueron despedidos de sus puestos, perdiendo muchos estudiantes provenientes de fuera de Madrid unos escasos pero útiles ingresos, y afectando en estrecha relación el funcionamiento de los espacios y servicios a disfrutar por la comunidad universitaria en su conjunto.
Es por ello por lo que ahora podemos esclarecer el marco de actuación que se ha promovido desde rectorado. A lo largo de estos meses se ha percibido un notable aumento en la carga de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de limpieza y mantenimiento y una reducción tremenda de los servicios, por los que, por cierto, la universidad no se ha olvidado de cobrar unas tasas altísimas.
No se ha contratado personal nuevo en la biblioteca, hecho que afecta en gran medida a aquellos estudiantes que sufren la brecha tecnológica y la bajada de la calidad de vida que está acompañando a esta crisis del capitalismo. Ni que decir tiene que, tanto para el despido de los becarios, como en el establecimiento de unos horarios lesivos para el estudiante, no se ha contado en absoluto con la opinión y actuación de quienes realmente sufren los resultados de las políticas neoliberales: el conjunto del estudiantado.
Es pertinente recordar que la universidad está dirigida por una casta académica junto a grandes empresarios en un “Consejo Social” en el cual tienen presencia mayoritaria representantes de los bancos BBVA y Santander. Se trata de un deber denunciar el sesgo antidemocrático que tiene la universidad, que no hace partícipe de las decisiones que afectarían al estudiantado a los mismos estudiantes.
La base del problema se encuentra en las raíces de origen de las estructuras universitarias que apuntan a una progresiva producción de trabajadores sin conciencia crítica o política. Por ello abogamos por una gestión dirigida por quienes mantienen la universidad viva, docentes, trabajadores no docentes y el alumnado, con la organización de grandes asambleas estudiantiles en las que actuarían con la tan necesaria conciencia de sus intereses, extensivos a todos los integrantes de la vida universitaria.
Las tasas que no han bajado en absoluto a pesar de profunda caída de la calidad docente, los exámenes que solo sustentan la insana competitividad que tanto necesita el capitalismo, desaparecerían de forma segura. El estudiantado podría asociarse, y no vería sus espacios de reunión cerrados, menos aún el césped. Se incidiría en la extrema necesidad de aumentar las contrataciones, y en las discusiones en torno a cómo mejorar la docencia y el aprendizaje y cómo construir una universidad al servicio de las mayorías sociales y los grandes retos de la sociedad.
En la Universidad Autónoma de Madrid hemos visto un pequeño ejemplo de la respuesta que puede dar el estudiantado organizado. A raíz de la cuestionable gestión de la pandemia por las autoridades universitarias, con el Ministro Manuel Castells incluido, los y las estudiantes se han unido hace meses para tomar decisiones mediante una asamblea abierta. Entre otras acciones reivindicativas, de ella ha salido la puesta a punto de una biblioteca alternativa a las institucionales, con horarios adecuados al estudiantado, ya que está regida por el mismo, garantizando además la aplicación de todas las medidas de seguridad. Su funcionamiento se extenderá hasta el fin de los exámenes del primer semestre, pero contemplando ampliarlo el tiempo que sea necesario.
Como posible punta de lanza de los movimientos que cuestionan los pilares de la sociedad capitalista, su morfología, consecuencias, y se plantean cómo demolerla, la obligación histórica del estudiantado es, en hermandad con las trabajadoras, no solo reclamar y levantarse en lucha por estos derechos perdidos, sino adentrarse en las razones que provocaron en primer momento, la perdida de estos e incidir, cada vez con mayor formación teórica, organización y capacidad de lucha, en las situaciones que generan las contradicciones inherentes al capitalismo.
El empeoramiento de la situación de la clase trabajadora, el riesgo constante de pérdida de todo logro conseguido por la misma, son situaciones que se van a seguir dando dentro del marco político y económico del capitalismo. O lo que es lo mismo, volviendo al contexto universitario, mientras no se aplaste al modelo de universidad neoliberal, estas situaciones se van a seguir dando en continuo. Y la única manera de llevar a cabo estos cambios profundos es mediante la erradicación del sistema económico, político y social cuyas únicas diatribas giran en torno a los beneficios de unos pocos poseedores, vendiendo al mejor postor la salud y educación de la clase que realmente los detenta.