El homenaje a Miguel Krassnoff ha derivado a que se abriera un debate público sobre qué tipo de formación están recibiendo los oficiales del ejército, y si acaso una institución creada para matar puede respetar los DDHH.
Ricardo Trabajador portuario eventual despedido
Miércoles 17 de octubre de 2018
El escandaloso homenaje a un asesino
Miguel Krassnoff Martchenko, hijo y nieto de criminales contrarevolucionarios, fue homenajeado el pasado 6 de Octubre, con su propio hijo como vocero, en plena Escuela Militar, que es la institución que forma a los oficiales del Ejército. Esta situación llevó a que el alto mando llamara a retiro tanto a Krassnoff hijo como al Director del instituto. Pero la polémica ha seguido desatada luego de que ayer martes organismos de DDHH entregaran una carta al Ministro de Defensa, Alberto Espina, exigiendo ser recibidos para que se les dé una explicación.
La doctrina
Pero el Ejército de Chile nos deja las cosas claras: según ellos, las FFAA deben seguir detentando el monopolio legal de las armas, seguir siendo los que deciden el uso de la “violencia legítima”, mantener la posibilidad de intervención en situaciones de alternación del orden y seguridad públicos y, según sus planes, su material de guerra debe actualizarse para poder continuar los planes institucionales.
En la publicación “Ethos del Ejército de Chile” (Manual 2018), que es un texto doctrinario emanado desde su comandancia, puede leerse que “Será entonces deber de todo militar respetar y proteger los derechos humanos conforme con la declaración universal de estos, junto con las normas del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, cada uno de estos principios, junto con el mandato constitucional, deben ser enseñados, conocidos y practicados, con especial énfasis, por quienes deban ejercer algún tipo de mando y aplicarlo con liderazgo en la práctica cotidiana. Esto debe ser así porque la confianza exclusiva en el uso de las armas, y en el empleo de la violencia racional y prudente que el pacto social ha depositado en las Fuerzas Armadas, demandan unas determinadas aptitudes y competencias del profesional militar que lo conviertan, a partir de un apego y convencimiento de la ética profesional militar, en alguien idóneo para servir al país y a la Institución”.
Respecto del golpe militar de 1973, sostiene que “las convulsiones globales provocadas por la llamada “Guerra Fría”, surgida después del término de la II Guerra Mundial, generaron a partir de la década de 1970-1980, en Chile y el mundo una dinámica social, política y económica muy compleja, de la cual la Institución, como integrante activa de la sociedad, no se pudo sustraer. Hoy, esa difícil etapa de la historia es observada por los distintos actores del quehacer nacional, entre los que, por cierto, se incluye el Ejército, como una de las fuentes de lecciones de todo orden, acerca del rol que deben cumplir quienes integran las instituciones que conforman el Estado.”
Retengamos un par de ideas: i) el ejército sostiene oficialmente que “no se pudo sustraer” de esa “dinámica compleja”; y ii) esa “difícil etapa” es observada y es fuente de lecciones, también para el ejército. El presidente de la Comisión Chilena de DD.HH., Carlos Margotta, preguntó ayer martes “¿Es acaso una formación que proclama el negacionismo y reivindica los crímenes contra la humanidad? ¿O es como debiera ser, una formación que está comprometida con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos?” Lo que puede verse es que no hay en este documento ninguna condena o rechazo al golpe de estado. No se puede discernir si acaso las “lecciones” son, justamente, cómo destruir un proceso social con genocidio.
Es decir, el respeto a los DDHH para el ejército es una página de PDF que se vieron obligados a publicar. La pregunta, entonces, debiese ser otra: ¿podemos esperar que esa institución respete los derechos humanos siendo que está diseñada, organizada y equipada para matar?
Por su parte la Estrategia de Desarrollo del Ejército de Chile (Plan Azimut 2026) plantea todo un reforzamiento de la vinculación con la población civil, para “Contar con un Ejército querido, respetado y valorado por la sociedad.” Lo cierto es que las FFAA siguen siendo una de las instituciones más cerradas de la sociedad chilena, un verdadero estado dentro del estado, con millonarios aportes fiscales garantizados desde dictadura, sin prácticamente ningún control civil sobre su uso, lo cual ha llevado al descubrimiento de múltiples casos de corrupción institucional.
Es aquí donde cualquier palabra sobre respeto a los DDHH o vinculación con la sociedad se desvanece en el aire, porque los planes estratégicos del Ejército apuntan a otra parte: a convertirse en una organización cualitativamente preparada para la guerra.
Letales, rápidos, preparados
En el ya citado plan estratégico para el 2026, el Ejército de Chile no deja ningún lugar a dudas: “Para permitir el efectivo cumplimiento de los propósitos de la función defensa, como las orientaciones de la política sectorial, es necesario satisfacer las siguientes condiciones: - Que el monopolio de la fuerza legítima pertenezca al Estado. - Que el Estado la organice, la dote de medios y le asigne objetivos con un sentido nacional. - Que el Estado realice esta tarea de manera continua en el tiempo”.
De esta forma, se autoimpone lo siguiente: “Un Ejército para el combate. Eficaz y eficiente en la disuasión, en la seguridad y cooperación internacional, y en el conflicto; polivalente, interoperativo, actualizado y sustentable; con buena capacidad de gestión, con un actuar funcional y valorado por la sociedad a la cual sirve”.
¿Puede una organización ponerse como desafío estar lista para matar, y al mismo tiempo pretender ser valorada? ¿Puede pretender ser “eficaz y eficiente en el conflicto”, y al mismo tiempo esperar que la sociedad le confíe el monopolio de las armas? Esto, considerando que lo que pudo apreciarse en el acto del 6 de Octubre fue un homenaje a un secuestrador, torturador y asesino, en una institución donde se fomenta el “pensamiento creativo” de los oficiales. Es decir, era gente que tenía conciencia del acto en el que participaban, y publican manuales donde aseguran que deben tener el monopolio de las armas y ser quienes deciden el uso de la violencia.
El modelo táctico - operativo
Las ediciones 2006 y 2010 de la Doctrina DD-10001“El Ejército y la Fuerza Terrestre”, que se mantiene vigente hasta el día de hoy, plantea que el modelo táctico-operacional del Ejército de Chile es la guerra de maniobra, debido al requerimiento de poder seguir siendo operativo aún si el país es hipotéticamente dividido. Esto quiere decir que el ejército dejó de ser una fuerza con presencia territorial (con regimientos especializados divididos, estacionados dentro de las ciudades) para pasar a ser una fuerza de armas y especialidades combinadas, instaladas en sectores específicos del país de manera de poder actuar independientemente.
La capacidad de maniobra, sobre todo, le fue otorgada por la inédita incorporación a sus sistemas de armas de enormes fuerzas blindadas (los famosos carros Leopard II), una de las más grandes adquisiciones de las FFAA en su historia y que les permiten analogarse a los parámetros de la OTAN; cuestión que no hizo la dictadura, sino especialmente Lagos y Bachelet y que de conjunto son un factor de peso estratégico en pleno norte grande. En plena zona minera. Que es de donde extraen los recursos las FFAA. Dicho en otras palabras: gracias al restante 30% de cobre estatal que aún queda en manos de Codelco (que no financia ni educación ni salud gratuitas), las FFAA han logrado renovar cualitativamente su material. Dos brigadas acorazadas protegen ese tesoro, al interior de Iquique y Antofagasta. La explicación, así, es bastante simple: se forman en la guerra de maniobra porque el cobre está en el desierto, que ha sido el escenario clásico de la guerra mecanizada. Otra brigada acorazada se mantiene en la Patagonia. Cerca de las grandes ciudades centrales, divisiones de infantería.
Por ello, en su estudio abarcan clásicos como Sun-Tsu y Clausewitz, en lo tocante a la incertidumbre del combate, la importancia de la moral y la identificación del centro de gravedad; a Von Moltke y Von Schlieffen en lo tocante al mando; a Fuller, Lidell Hart, Guderian, Rommel y Tujachevsky en lo tocante a la ruptura del frente, penetración en profundidad, aniquilación o dislocación; y a contemporáneos como Lind, Van Creveld o Leonhard en lo que se refiere a la actualización de este modelo operativo sobre la base de las tecnología y lecciones actuales, sintetizando otros desarrollos como la “guerra aeroterrestre” (que permite, por ejemplo, la maniobra envolvente vertical) y un nuevo peso a la iniciativa de los comandantes de tropa, entre otros. Esto, con un peso curricular en la formación para el combate, a la vez que disciplinas académicas generales y una formación valórica centrada en la doctrina e historia del propio ejército.
Como puede verse, el problema no está en si acaso las FFAA y el Ejército declaran y publican manuales sobre el respeto a los DDHH. El problema está en que el Estado les garantiza el monopolio de las armas, el financiamiento para la actualización de sus materiales y doctrinas, el marco legal y político para seguir haciendo y deshaciendo a espaldas de la sociedad, mientras que repiten una y otra vez que parte de sus tareas consiste en mantener la unidad nacional, el orden y seguridad públicos, al mismo tiempo que su principal centro de formación y adoctrinamiento de oficiales homenajea a uno de los más bestiales carniceros que haya conocido nuestra historia.
