Derecho a decidir. ¿Qué fue el caso de Roe vs Wade y cómo lo afecta el nombramiento de la jueza Barrett?

En 1970, dos jóvenes abogadas de Tejas, Linda Coffee y Sarah Weddington, quienes eran miembros de un colectivo de abogados y abogadas de la Universidad de Texas-Austin que buscaba poner en cuestionamiento los estatutos anti-aborto en el estado sureño, entraron en contacto con Norma McCorvey, una mujer que estaba buscando asistencia para poder abortar.

La ley en Tejas no permitía en ese momento abortar, puesto que, en especial en los estados del sur y del llamado "cinturón de la Biblia" —un conjunto de estados del sur y sur-este de Estados Unidos con fuerte concentración poblacional protestante y conservadora— las leyes estatales no permitían (y en muchos casos siguen sin permitir) el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y de recibir educación sexual integral. En muchos incluso la única educación que reciben es religiosa y con énfasis en la abstinencia, lo cual también trae como resultado que sean de los estados con índices más altos de enfermedades de transmisión sexual.

Es frente a esto que Weddington y Coffee interpusieron una demanda contra el estado de Tejas en nombre de McCorvey (en calidad de demandante anónima bajo el nombre de Jane Roe) contra el fiscal Henry Wade, misma que fue acompañado de otra demanda similar en Georgia, el caso de Doe vs Bolton (quien era produrador general de Georgia).

Ambas demandas resultaron favorables para las mujeres, además de ser acompañadas de jurisprudencias previas como el caso de Pierce vs la Sociedad de Hermanas de María y Jesús —que falló en favor del derecho a la privacidad— y de Griswold vs Connecticut —que falló en favor del derecho de las parejas casadas a conseguir anticonceptivos—, los cuales determinaron la despenalización a nivel federal del aborto en Estados Unidos.

El caso se resolvió en 1973 en favor de Roe (McCorvey), a pesar de que suscitó distintas controversias y movimientos de base tanto de sectores pro-elección progresistas como de conservadores cristianos pro-vida. Estos últimos incluso llegaron al punto de realizar piquetes y hasta atentados en clínicas privadas, acusando (por supuesto) a las pacientes de ser asesinas de bebés.

Por una parte, el caso tuvo la asesoría de las voces más variadas, desde la revista de adultos Playboy del magnate Hugh Heffner hasta la fundación Planned Parenthood que administra clínicas de embarazo donde se da seguimiento a mujeres en etapa de gestación como también servicios de interrupción del mismo. Pero también tuvo una controversia particular en el ámbito de la filosofía y la ética del derecho, puesto que posteriormente McCorvey reveló su identidad de ser la Jane Roe del caso y alegar que le pagaron por su testimonio, del cual luego renegó y hacia el final de su vida se convirtió al catolicismo y defendía la ilegalización del aborto.

Es esta laguna la que hoy se pretende explotar en la Suprema Corte en Estados Unidos. Luego de la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, su puesto ha sido llenado por la conservadora Amy Coney Barrett, quien no sólo es cercana a Donald Trump, sino que también se sabe que tiene nexos con el grupo People of Praise, de tendencia cristiana conservadora.

En varios estados, como Luisiana y Colorado, los electores, además de votar por el presidente, su gobernador, los diputados y senadores, votaron también por propuestas relativas al aborto que buscaban restringirlo a nivel federal. Y es que en Estados Unidos, su excesivo federalismo y pseudo-democratismo hace que un magistrado dure varias décadas aunque el presidente que lo puso ya no esté en el poder.

Es así que la nueva jueza Barrett buscaría revocar este fallo para que el aborto vuelva a ser ilegal, lo cual de por sí vio un incremento en sus restricciones con el ascenso de Donald Trump en estados históricamente cristianos cuyas leyes prohíben el derecho a decidir. Esto es lo que explica por qué, si bien el aborto está despenalizado, hay estados como Nueva York y California donde éste es legal y otros como Utah o Nevada donde es absolutamente ilegal.

Pero la defensa de este derecho no pasa por las cortes y los gruesos tomos de filosofía del derecho de los abogados, sino que se tiene que desencadenar la fuerza de las cientos de miles de mujeres que hace cuatro años colmaron las calles en repudio a la misoginia del magnate de Nueva York. Al cierre de esta edición y con la virtual victoria del candidato demócrata Joe Biden (sin descartar un posible revés sorpresivo de Trump, aunque a estas alturas es poco probable), los partidos del establishment no defenderán los derechos de las mujeres, como lo han demostrado, sino que es la fuerza de las masas la que decidirá, en última instancia, el desenlace. Para ello es necesaria la independencia política de los partidos del capital imperialista.