A 50 años del Golpe. ¿Qué fue la operación Colombo?: El caso de “los 119” que continúa en impunidad

Este próximo Sábado 22 de Julio, por medio del Colectivo 119 se está convocando a una jornada de memoria y resistencia “junto a los 119”, que comenzará desde las 09:00 am desde el Museo de la Memoria, ubicado en el metro Quinta Normal, hasta el Museo de Bellas Artes, ubicado en el metro del mismo nombre.

La impunidad ha sido la regla en el caso de los 119, salvó 19 casos de manera parcial, en donde la sentencia de la Corte Suprema contempló prisión efectiva para los criminales de lesa humanidad. La justicia en Chile sólo comenzó a actuar el año 2001, luego de que en 1999 se apresara a Pinochet en Londres. Fue en ese momento que se rebeló ante los ojos de la prensa y del mundo, algo que los familiares y agrupaciones de DD.DD. venían planteando y denunciando desde hacía años, el asesinato de los 119 fue única y exclusiva responsabilidad de la policía secreta de Pinochet - DINA- cuya operación fue bautizada como “Operación Colombo”. Sin embargo, la justicia duraría muy poco, el año 2009 la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

Las y los 119, estaban compuestos por 19 mujeres y 100 hombres, quienes en su mayoría pertenecían al MIR, pero también había militantes del Partido Comunista, Partido Socialista, el MAPU y quienes no poseían militancia, pero que se organizaban en barrios, lugares de estudio como universidades, muchos eran también obreros, otros profesionales o dedicados a oficios como la sastrería, el promedio de edad con creces no superó los 30 años de edad.

Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Ángeles y Longaví. Sobrevivientes relataron haberles visto por última vez en centros de detención y tortura como Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Tanto los medios nacionales como internacionales, difundieron la fake news de que se “habían acribillado entre ellos”, por rencillas o problemas internos, para esconder impunemente la Operación Colombo.

Para nadie es un secreto que, con el retorno a la democracia los crímenes y genocidas pasaron a la vida civil sin ningún tipo de problema ni consecuencia por sus actos, el propio Pinochet continúo siendo Comandante en Jefe de las FF.AA hasta 1998 y Senador Vitalicio, recordada es su famosa declaración en Televisión abierta, cuando fue interrogado por el Ministro Víctor Montiglio, luego de que fuera retornado de Londres por el gobierno de Frei, al ser consultado por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los DD.HH: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fue cierto, no me acuerdo”.

La Concertación estuvo muy lejos de ejercer verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y montajes de las policías secretas de la Dictadura como la DINA o la CNI, justicia para las familias y amigos de quienes fueron asesinados, desaparecidos y torturados; y castigo para los responsables tanto políticos de los crímenes de la dictadura como materiales.

Año 2017 y 2020: nuevos golpes para las familias, más impunidad para los genocidas.

El año 2017, 68 de los 75 imputados por la Operación Colombo, perpetrada entre 1974 y 1975 quedaron absueltos, según mandato de la Corte de Santiago, los cuales mantenían cargos por secuestros forzados, torturas y desapariciones.

De los condenados por crímenes de lesa humanidad, existe una pena de 13 años de cárcel para los miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes son: Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Irrutiaga Neumann (20 años) en calidad de autores. Cesar Manríquez Bravo fue condenado a 10 años.

El año 2020 vuelve a existir otro golpe, para los familiares de los 119, luego de la gran absolución del 2017, la Corte de Apelaciones aprueba la reducción de condenas para quienes habían sido condenados por estos crímenes, incluyendo al genocida de Miguel Krassnoff y Rodrigo Iturriaga Neumann, a quienes se les redujo de 13 años a 3 años y 1 día y de 20 años a 4, respectivamente.

Nelson Caucoto, abogado querellante en contra de los violadores a los DD.HH., declaró en aquella época “Nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como éste”.

Francamente las condenas, son realmente irrisorias en los contados casos que existió una, el promedio en general por caso es de 10 años de condena para quienes fueron los principales cabecillas y torturadores de la DINA y CNI. Esas condenas que son cumplidas en hoteles de lujo, comparado con la población penal común del resto del país, si salen ¡hasta comprar cigarros!, denunció alguna vez una vecina de la zona de Peñalolén, donde está ubicada Punta Peuco.

A 50 años del Golpe Militar, no basta con declaraciones de buenas intenciones o de no repetición, como plantean desde el Gobierno de Boric, hay que ir más allá, por toda la verdad, justicia y castigo a todos los responsables políticos y materiales sin excepciones de los secuestros, asesinatos y desapariciones forzosas, más que nunca se vuelve crucial una real reparación para las y los familiares de la víctimas que durante 48 años no tienen respuesta. Hay que acabar con Punta Peuco, basta de los privilegios carcelarios para los genocidas condenados, ¡cárcel común para los asesinos!.