IZQUIERDA DEBATE. ¿Qué han hecho por el derecho a la vivienda los “Ayuntamientos del cambio” en Galicia?

Foto: Monumento de Amador y Daniel

Recimil es un barrio obrero de Ferrol, famoso por los sucesos de la combativa huelga del año 72, donde dos obreros, Amador y Daniel, fueron asesinados por la Policía franquista en ese lugar, en un conflicto que comenzó con la lucha de los astilleros y acabó por paralizar la ciudad durante diez días de paro. Un monumento los conmemora y el 10 de marzo se ha convertido en el Día de la Clase Obrera Gallega para recordarles. Ese año también fue testigo de movilizaciones similares en Vigo y otras ciudades de Galicia, que desafiaron del mismo modo al franquismo.

Ya en el presente, en los últimos meses también ha sido la zona donde las contradicciones del actual gobierno de Ferrol en Común quizás sean más visibles.

En el barrio hay 1.033 viviendas, distribuidas en 133 portales. Las rentas de los inquilinos de las viviendas sociales, propiedad del Ayuntamiento, han ascendido en unas 25 veces su coste original, lo que ha provocado protestas de asociaciones de vecinos, que se quejan por el brutal cambio que supone la subida con respecto a sus rentas antiguas. Se trató de un proceso de regularización iniciado por la administración local para poner en regla los contratos de ocupación de los pisos. Sin embargo, el Concello negó esta situación. Esgrimió que defender la vigencia de contratos ya extinguidos se opone a la legislación vigente. La entidad vecinal calificaba de “atraco a mano armada” la situación.

El barrio mientras tanto continúa en constante abandono, con problemas de goteras, escasos servicios públicos, delincuencia provocada por el abrumador paro de la región, y otros. Ahora el gobierno se plantea incluso encargar una concesión privada para el mantenimiento de las viviendas de Recimil. Y todo esto cuando muchas familias llevan viviendo allí desde que se construyó el barrio en los años 50. Estas son personas que han luchado por sobrevivir, enfrentándose a la explotación laboral, defendiendo sus derechos democráticos, sufriendo la desindustrialización y el paro, y más recientemente las consecuencias de la última crisis económica. Y la nueva “izquierda” gallega los abandona, como haría cualquier partido del régimen.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, abrió la puerta a la construcción de viviendas en terrenos que ahora pertenecen al puerto. Como parte de su política para recuperar esta zona para el uso público, el Ayuntamiento se había planteado la compra de los terrenos para el ocio y disfrute de los vecinos. Sin embargo, al verse sin fondos suficientes, ha planteado la posibilidad de vender parte de los espacios para la construcción de viviendas, lo que podría generar los ingresos suficientes. Su posición en esta cuestión lo sitúa a la altura de los anteriores regidores en cuanto a la especulación urbanística. Habiendo casas vacías, y ante el grave problema de los desahucios, es indignante que se estudie la posibilidad de construir nueva vivienda en la línea de costa, para engrosar los beneficios de los capitalistas.

En cuanto al tema de los desahucios estos ayuntamientos ofrecen asesoramiento judicial gratuito y viviendas municipales si se conoce el caso de una persona sin hogar. En A Coruña, por ejemplo, hay 404 viviendas, pero ya todas ocupadas. En Santiago en todo el año pasado se ofrecieron 9 viviendas y se dieron 7 ayudas al alquiler. En Ferrol los datos de cuántas personas accedieron al parque de vivienda pública no son públicos. En este sentido, la realidad es que no se diferencian en nada de otros ayuntamientos gobernados por otras fuerzas políticas.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el año pasado (el dato es de los tres primeros trimestres) se ejecutaron un total de 1.749 desahucios en la comunidad, o lo que es lo mismo, algo más de seis por día. El número medio de desahucios por año es de unos 2.400. En Galicia hay casi 300.000 inmuebles vacíos, casi un 30% del total, según un análisis que data del 2014 elaborado por el Censo de Viviendas del INE. Pero siguen habiendo decenas de miles de familias sin casas.

La nueva izquierda se hizo con varios Ayuntamientos en Galicia y el resto del Estado con un discurso de combate a la casta. Pero una vez en el poder, los límites de su propio programa los ubican como si fueran una nueva aristocracia de izquierda, llena de buenas intenciones, pero que no se propone resolver efectivamente los problemas del pueblo trabajador. Porque para hacerlo hay que defender un programa que ponga en cuestión los intereses de los capitalistas y defienda los de los trabajadores y trabajadoras.

Es necesaria la expropiación sin indemnización de los pisos vacíos de los bancos, tanto a nivel estatal como municipal, para crear parques de vivienda sociales, con alquileres accesibles para parados y familias empobrecidas. Los ayuntamientos del “cambio”, también en Galicia, se niegan siquiera a intentarlo. Porque si lo intentaran realmente, más que tibios parches para sólo algunas familias, pondrían a disposición toda su estructura política a nivel municipal y gallego y llamarían a los propios trabajadores y los sindicatos para que se movilizaran y convocasen a la lucha por estas reivindicaciones.

Estas son las medidas necesarias, no sólo las buenas intenciones, como parte de un gran movimiento de lucha que impida que este sistema capitalista deje tiradas a miles de personas a su suerte. La extrema situación de necesidad de estas familias exige una repuesta mucho más contundente.

En una tierra donde la emigración expulsa a cientos de miles y la pobreza se ceba con otros tantos, ya es hora de oponer un programa y un plan de lucha que atienda todas las necesidades sociales de los trabajadores y el pueblo pobre. Con los luchadores del pasado en nuestra memoria, que se enfrentaron a una atroz dictadura militar, y la mirada puesta en un futuro mejor, nosotros, el pueblo trabajador, podremos vencer.