Reforma Laboral. ¿Qué hay detrás de la supuesta libertad sindical?

Tras la presentación del proyecto de Reforma Laboral presentada por una pequeña comisión de trabajo representativa de todos los partidos políticos, este jueves la cámara de diputados la aprobó en lo general y en lo particular.

El gobierno federal en voz de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, salió a aplaudir la aprobación de la reforma y asegurar que con ésta se saldaba una deuda histórica en la impartición de justicia, la democracia y la libertad sindical.

Lo cierto y como reconoce la propia María Luisa, es que la reforma laboral aprobada de manera “Fast track” tiene de telón de fondo las relaciones comerciales con el imperialismo estadounidense expresadas en el T-MEC y la presión que EE UU realizó por conducto de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, al decir que no se avanzaría en el T-MEC si México no aprobaba la reforma laboral.

Es cierto también que la reforma laboral es la continuidad de la propuesta de reforma aprobada en febrero del 2017 en el sexenio de Peña Nieto.

Las principales consecuencias que se han retomado en la gran mayoría de los medios reflejan el intento de construcción de la "cara buena" de la reforma laboral. Hablan de lo “progresivo” que es la desaparición de las juntas de conciliación, las supuestas garantías para una mayor democracia sindical en las que se habla de garantizar el voto libre, seguro y secreto para los trabajadores, la posibilidad de que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato que quieran, la ratificación para que los trabajadores puedan generar nuevos sindicatos y supuestos mecanismos para garantizar la rotación de los dirigentes sindicales.

Sin embargo, la Reforma Laboral tiene otros aspectos que son regresivos para los derechos laborales de los trabajadores.

Una reforma hecha para las grandes transnacionales

Entre los aspectos negativos para los trabajadores destaca la eliminación de sanción para la patronal por falta de aviso de despido, ya que se considera como una sospecha en la cual el trabajador está obligado a probar lo contrario, además de una nueva serie de candados punitivos para el trabajador en el que la patronal tiene mayor margen para evadir dicha situación.

En aras de la supuesta transparencia sindical y rendición de cuentas, la nueva ley viola el derecho humano a la protección de datos personales ya que hace de dominio público el nombre de los trabajadores que forman parte de un sindicato.

Se formulan trabas para pelear contra los contratos de protección patronal, al exigir a cualquier sindicato que pretenda tener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo el apoyo del 30% de los trabajadores “al servicio del patrón” (que no trabajen por outsourcing) así como que se cuente con más del 50% de los trabajadores en caso de querer estallar una huelga, negando el ejercicio de la libertad sindical.

Tras la supuesta democracia sindical hay tres cuestiones ambiguas que niegan esta afirmación: que el sindicato emplazante es quien contabilizará los votos y no la autoridad, que el sindicato, en el marco de la votación por el contrato inicial fije el lugar de las votaciones; lo que empujaría a que las votaciones no se den en lugares neutros que garanticen el ejercicio real del voto libre y por último deja a expensas de los burócratas sindicales el cumplir o no con la disposición de ejercer el voto directo, personal, libre y secreto para la elección de dirigencias sindicales al dejarlo como “voluntaria”.

Sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, aprobadas desde la reforma laboral del 2017, el abogado laboralista Juan de Dios Hernández Monge decía: “En la nueva redacción de la fracción XX del artículo 123 constitucional se decreta la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y se otorga competencia a los poderes judiciales federal y de los estados, «para resolver las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones». La creación de órganos jurisdiccionales con jueces de lo laboral, en lugar de las juntas, significa un grave retroceso respecto del esquema de la justicia laboral (que todavía se imparte en forma tripartita: gobierno, patrón y trabajadores, toda vez que no se han legislado las leyes reglamentarias).

No debe perderse de vista el papel que el Poder Judicial Federal (tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, TCC, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) ha jugado en detrimento de los derechos de los trabajadores”. La visión que tienen quienes impulsan este cambio es que los jueces, acostumbrados a fallar en favor de los grandes adinerados, lo hagan en contra de los trabajadores.

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Los aspectos más graves de esta reforma laboral son la continuidad legal de la jornada laboral de 12 horas diarias para las trabajadoras del hogar, la restricción a los sindicatos universitarios para conformarse como sindicatos de docentes, administrativos o mixtos pero solo por institución, violando el acuerdo 87 de la OIT que contempla libertad de asociación como los trabajadores consideren conveniente.

Como era de esperarse la reforma laboral mantiene intacto el apartado de la subcontratación u outsourcing. No era para menos ya que el avance del outsourcing tras la reforma laboral del 2012 fue por presión de órganos internacionales como el FMI y la OCDE. Además de que es pieza fundamental de la precarización laboral y la mano de obra barata que México ofrece para atraer inversión privada, cuestión que en el marco del T-MEC es irreal que el gobierno se juegue a abrogarlo, como dijo María Luisa Alcalde, las modificaciones se reducirán a la regulación del mismo.

Este panorama que por un lado es dañino para los trabajadores y por el otro muestra la enorme subordinación al imperialismo estadounidense, es necesario verlo en el marco de una enorme guerra comercial entre EE UU y China que atraviesa el panorama económico internacional, es en este marco que EE UU se juega a redoblar las cadenas de opresión y sobrexplotación en su patio trasero como parte de una jugada que apuesta a fortalecer su control en todo América Latina, tras las grandes inversiones chinas en distintos países de esta región. Para eso se apuesta también a tejer estrechos lazos con la derecha latinoamericana de Macri, Piñera y Bolsonaro.