GUANAJUATO. ¿Qué hay detrás del atentado a un anexo en Irapuato?

Este es el tercer atentado a anexos que ocurre en dicho municipio en tan sólo un mes. En diciembre del año pasado, 25 personas fueron secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de un centro de rehabilitación y en febrero se repitió el hecho, ahora con 5 secuestros e incendios en las casas aledañas.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Irapuato es una de las cinco ciudades más peligrosas a nivel mundial y es que desde hace ya un tiempo es terreno de disputa entre el CJNG y el cártel Santa Rosa de Lima.

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En los últimos años, el municipio de Guanajuato se ha convertido en uno de los que más anexos clandestinos concentran además de León, Silao y Abasolo. Estos centros operan sin ningún permiso de instituciones de salud o del gobierno, tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para atender a personas dependientes de alguna sustancia.

El Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato dijo que los centros de rehabilitación clandestinos operan como cárceles en las que las personas “son recluidas en contra de su voluntad, privados ilegalmente de su libertad” así como que algunos centros “se han convertido en semilleros de delincuencia organizada”.

Los atentados por grupos armados a centros de rehabilitación -que en general funcionan de manera irregular- no son nuevos ni particulares de Irapuato, hace un año 5 hombres fueron asesinados en un anexo en Morelia; en septiembre del 2019, 23 jóvenes fueron asesinados a tiros en un anexo en Ciudad Juárez, justo al inicio de la supuesta guerra contra el narco.

Sergio Contreras, dirigente estatal del Partido Verde, dijo que es necesario que el ejército intervenga en Guanajuato para que se recupere la paz así como “una estrategia conjunta, eficaz, coordinada en materia de lucha contra la delincuencia organizada”. La realidad es que la implementación de más militares no va en detrimento del incremento de la violencia o el actuar del crimen organizado.

Muestras de esto es que en el primer cuatrimestre de este año hubo un aumento del 2.4% de crímenes en el país en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues a pesar de los discursos de la 4T, los cuerpos armados siguen estando coludidos con el crimen organizado.

Es urgente que sean cancelados todos los planes y decretos de militarización, la historia contemporánea de México ha demostrado que estos lejos de palear la violencia, la incrementan exponencialmente.

Es necesario que el conjunto de las drogas sea legalizada y la producción y distribución de estas funcionen de manera monopolizada por el estado y administrada por sus trabajadores, para que no sean unos cuantos los que sigan lucrando con este mercado.

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La única manera de que haya una real atención para personas dependientes de alguna sustancia sin que éstas terminen en las garras del narco, es desplegando un plan de salud para atenderlas sin que medie la criminalización del consumo. La cuestión de las drogas requiere ser tratada como un problema de salud pública y no de seguridad nacional.