Tras presentar el proyecto, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto aseguró que los privilegios de los jueces son "intolerables". ¿Realmente se busca terminar con esos privilegios?
Miércoles 17 de marzo de 2021 22:17
Los últimos días vienen siendo movidos en cuanto a los temas que involucran al Gobierno y al Poder Judicial. A la reciente elección de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Marcela Losardo, ahora se suma la presentación por parte del diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, de un proyecto de ley para que los jueces paguen ganancias.
La presentación forma parte de una fuerte apuesta del Gobierno para este 2021: retomar el discurso de polarización política donde el Poder Judicial es uno de sus adversarios preferidos, en medio de un año electoral con una crisis económica que se agrava y una gestión de la pandemia que está muy lejos de ser exitosa. “Es intolerable que los jueces no paguen Ganancias, no son la República”, aseguró Casaretto en declaraciones a Télam.
Durante la apertura de sesiones legislativas, el 1 de marzo, el presidente ya había abierto el año adelantando esta línea. Allí aseguró que el Poder Judicial “está en crisis” y que sus miembros “disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad”. Días más tarde fue el turno de Cristina Fernández cuando ante los tribunales, en medio de la causa conocida como “dólar futuro”, apuntó contra los jueces y los responsabilizó del triunfo de Macri y del endeudamiento del país.
En esta “guerra de baja intensidad” que el Gobierno mantiene con el Poder Judicial ahora se presenta este nuevo capítulo, bajo una supuesta cruzada “contra los privilegios”. En la misma línea se inscribe la renuncia de la vicepresidenta a cobrar su remuneración por el cargo (aunque sí cobrará su jubilación como expresidenta y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner).
Pero son tan ciertos los privilegios de casta de un Poder Judicial tan clasista y antidemocrático que ni siquiera se somete al voto popular, como difícil de creer la intención del Gobierno de acabar con todos ellos.
Terminar en serio con todos los privilegios
Las afirmaciones de Casaretto ponen el foco en una cuestión que es imposible de obviar: “los jueces tienen privilegios inaceptables por sobre el conjunto de la sociedad”. Entre esos privilegios sin duda se encuentra la excepción con la que actualmente cuentan para no pagar el impuesto a las ganancias a pesar de contar con los sueldos más altos del Estado. Pero mientras el diputado del Frente de Todos elige poner el acento ahí, evita cuestionar un aspecto central y constitutivo de esa situación privilegiada: ¿por qué realmente funcionan como una corporación, en dónde nadie los elige, sus mandatos no son revocables, ganan sumas de dinero exorbitantes y encima utilizan ese poder para beneficio propio?
En febrero de 2020, el registro indicaba que en promedio los jueces percibían un salario de 271.742 pesos. El Frente de Izquierda no sólo sostiene en su programa la exigencia de que todo legislador, funcionario o juez gane lo mismo que un obrero especializado o una maestra sino que también apunta a atacar de raíz el privilegio que da origen a esta casta: que se establezca la elección directa de fiscales y jueces con mandatos revocables, y los juicios por jurados.
Esa sería una verdadera pelea democrática en contra de los intereses de un Poder que actúa como una corporación, y por barrer con todos los privilegios de casta que mantiene. Por el contrario, plantear un proyecto de ley como el de Casaretto para que los jueces abonen el impuesto a las ganancias es apenas un gesto que busca aportar a la polarización por la que apuesta el Gobierno, pero que está lejos de atacar los “privilegios inaceptables de los jueces” que el propio diputado oficialista asegura que tienen.
¿Quién es Casaretto?
Hasta acá cualquiera que no lo conozca podría pensar que aunque sean insuficientes las intenciones del diputado Casaretto son legítimas y que su verdadero afán es intentar barrer los "privilegios inaceptables" de los jueces que el resto de la sociedad no tiene. Pero con sólo revisar rápido su historial, esa supuesta intención igualitaria se esfuma.
Nacido en la Provincia de Buenos Aires y con 53 años, actualmente es diputado nacional por Entre Ríos desde el 2019. Anteriormente, en esa misma provincia, había sido Secretario de Hacienda y luego Ministro de Economía. En 1999 asumió como senador y presidió el bloque de la oposición. En 2003 fue asesor de la Gobernación, entre 2007 y 2011 asesor de la Vice gobernación y entre 2015 y 2017 fue asesor de la Gobernación en Asuntos Políticos y Económicos.
Pero su historial no sólo lo muestra como un hombre de la casta política que ha sabido "hacer carrera". A fines del año pasado fue el miembro informante del oficialismo en el debate por la reforma jubilatoria que finalmente se terminó aprobando el 30 de diciembre en el Congreso. Durante su exposición, Casaretto afirmó que ese nuevo robo a los jubilados se trataba de "una muy buena ley" y que "el tiempo dará la razón".
Con estos antecedentes es imposible pensar que detrás del proyecto oficialista exista una supuesta cruzada "igualitaria" y "antiprivilegios": es, por el contrario, apenas de un nuevo capítulo -y seguramente no el último- de la polarización hacia la contienda electoral.
