La Municipalidad de Arica, desde el 2023 suspendió el financiamiento para convenios PRAPS que funcionan en los CESFAM. Con el paso de los meses han ido re incorporando a quienes consideran más esenciales, pero aún quedan 56 trabajadores y trabajadoras sin fuente laboral. Bajo ese criterio ¿qué explicación se le da a las y los usuarios que no han recibido sus atenciones durante estos meses?
Domingo 16 de abril de 2023
A finales del 2022, la Municipalidad de Arica suspendió el financiamiento para los convenios PRAPS, que tienen como objetivo “apoyar” el despliegue que existe dentro de la Atención Primaria en Salud (APS) atendiendo a parte de la población más vulnerable como niños/as, adolescentes, adultos mayores y migrantes, en los 6 CESFAM de la ciudad. Esto ha dejado como resultado 56 trabajadores y trabajadoras en la calle, sin ninguna solución hasta la fecha.
En un primer momento, las autoridades de la DISAM (Dirección de Salud Municipal) realizaron una reunión buscando dar todas las razones técnicas y administrativas para justificar las “no contrataciones”, que no son ni más ni menos que despidos. Han insistido en que las y los trabajadores a honorarios de los convenios, no son trabajadores de la DISAM, sino más bien “prestadores de servicio” y que en base a eso “no se les debe nada”. En esa tónica se ha desarrollado esta situación, donde han dado de forma recurrente distintos plazos de reintegro que no se han cumplido y que constantemente niegan.
Toda esta línea de no contrataciones, expresa por una parte la irregular y deficiente administración de recursos por parte de la Municipalidad de Arica, que a la cabeza tiene a Gerardo Espíndola del Partido Liberal, pero no es solo eso, un problema administrativo, sino más bien tiene que ver en el fondo con que los municipios hoy representan instituciones del Estado creadas en dictadura, precisamente para ser "las cajas negras" de los recursos públicos, por más que se cambie de administración.
Expresión de esto es, que no es primera vez que la municipalidad se ve envuelta en una situación de características similares, hace falta hacer un poco de memoria y recordar el caso de las y los trabajadores de Áreas Verdes, que en complicidad entre las empresas subcontratistas y el municipio, en varias ocasiones dejaron a las y los trabajadores sin sueldos por meses, un rubro que está principalmente compuesto por un sector de trabajadores de la tercera edad precarizado.
Al mismo tiempo, esto también se da a causa del recorte de recursos que viene aplicando el gobierno de Boric como parte del presupuesto 2023, que pudimos ver hace un par de meses como celebraban el superávit gestionado por el Ministerio de Hacienda, al generar “menos gastos”, pero eso a costa de los recortes en salud y educación, para cuidarle el bolsillo a los empresarios, que bajo esta misma lógica ha seguido perpetuando el abandono y desmantelamiento del sistema de salud público, priorizando recursos a Carabineros, por ejemplo.
Y tiene que ver también, con una situación que pasa año a año, donde los más de 300 trabajadores a honorarios que prestan servicios a la Municipalidad de Arica, son mantenidos en una situación de trabajo precario que se expresa en la incertidumbre frente a la continuidad, pero así también inestables condiciones de trabajo, como la irregularidad constante del pago de los sueldos. Al mismo tiempo, el no contar muchas veces con espacios físicos para realizar sus funciones y que esto en el fondo, no solo lo viven las y los trabajadores honorarios de los convenios PRAPS, sino el conjunto de las y los trabajadores de la salud municipal a nivel de APS.
Toda esta situación que atraviesan las y los trabajadores honorarios de los convenios, se enmarca en el problema más profundo del desmantelamiento histórico del sistema de salud público, que por años desde los gobiernos de la ex concertación y la derecha, se han encargado de fugar los recursos públicos, en compras y arriendos de recintos, camas e insumos del sector privado, cuando el sistema público no ha dado a basto, fortaleciendo de esta forma el negocio de la salud. Es por esto, que cuando pensamos en el sistema de salud pública se hace necesario pensarlo 100% financiado por el Estado, a través de un impuesto progresivo a las grandes empresas como mineras, puertos y forestales, que permitan de una vez acabar con el negocio de la salud, que mantiene estas condiciones de trabajo inestable y agobio para quienes echan a andar el sistema de salud.
Y que esto, trae como consecuencia un problema que se evidencia a través de los años, que post pandemia ha dejado un panorama aún más preocupante y urgente de atender, con las ya históricas interminables listas de espera para obtener una hora de atención, donde las y los usuarios del sistema de salud público son los más perjudicados.
Considerando ya el bajo presupuesto que existe para la APS, con un per cápita por paciente inscrito, que es una burla y que hace aún más imposible la labor que se busca llevar adelante en la atención primaria en salud, que busca prevenir ciertas enfermedades y promover estilos de vida más saludables, eso se ve truncado constantemente y se expresa en el aumento de distintas enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, pero así también las cuales son tratadas en la atención secundaria como el cáncer, sobre todo en las regiones del norte, donde ha habido un incremento de la aparición de estas.
Esto no es separado de las largas y extenuantes jornadas laborales, que cada vez dejan menos tiempo a las y los trabajadores, de conjunto a sus familias, para poder promover su salud, ni menos poder acceder a programas de prevención, de esta manera el poder generar hábitos saludables se vuelve cada vez más una ilusión. Generando un impacto también en todo lo que implica la salud mental, que también se ha visto totalmente golpeada, sobre todo desde la pandemia.
¿Por qué se hace importante dar cuenta de todo este escenario relatado anteriormente?
Porque precisamente en medio de toda esta situación es que se dan estos despidos de las y los trabajadores, quienes se encuentran a la espera de su recontratación y que traen como consecuencia, aunque las autoridades lo nieguen, mayor dificultad para que las y los usuarios tengan un acceso garantizado a su derecho a la salud.
Ya que esta situación, en los hechos implica que miles de usuarios y usuarias en la región queden sin sus atenciones. ¿De qué le sirve al Alcalde Gerardo Espíndola, posar de interesado por las necesidades de la comunidad de Arica, si en los hechos descuida y abandona profundamente un aspecto fundamental de quienes viven hoy en la ciudad? Considerando que más del 70% de la población hace uso del sistema de salud público. Incluso hace a preguntarse, ¿qué sucede con estos recursos? ¿cómo se vienen administrando?.
Lo anterior, abre a pensar en situaciones como las vividas recientemente en la comuna de San Bernardo en Santiago, donde las y los trabajadores de la atención primaria de los CESFAM, siguen manifestándose en denuncia de la falta de recursos que ha implicado falta de insumos para atender a las y los usuarios y que en una audaz jugada, logrando aliarse a las trabajadoras de la educación de la comuna, con quienes buscaron amplificar esta denuncia al municipio dirigido por el Partido Socialista por un importante desfalco de recursos.
Con esto, las autoridades buscaron castigar a las trabajadoras de la educación que denunciaban las precarias condiciones de jardines, escuelas y liceos, despidiendo a más de 200 trabajadoras. La unidad entre trabajadores de la salud y la educación, logró revertir esta medida castigadora y expresó el gran potencial que tienen las y los trabajadores. Hasta la fecha las y los trabajadores de la salud primaria, siguen luchando por conseguir mínimas condiciones, en medio de este escenario, pero que les deja una gran lección sobre sus propias fuerzas.
La pelea que se viene dando en San Bernardo, es un mensaje para las y los 56 trabajadores que hoy la Municipalidad de Arica mantiene en la calle, sin su sustento económico y entorpeciendo el derecho a la salud de las y los usuarios, de no subordinarse a los tiempos de las autoridades, que durante todos estos meses no han hecho más que postergar la entrada de estos trabajadores, con maniobras para debilitar la incipiente unidad que se había dado en este grupo de trabajadores a honorario.
Hoy en el escenario nacional, el gobierno con la derecha han buscado impulsar un proceso constituyente que busca perpetuar, a través de maquillaje y discursos demagógicos, la herencia de la constitución de la dictadura, con la cual el derecho a la salud, sigue siendo un negocio y un bien de consumo para quien pueda pagar más. Buscan disfrazar este proceso como parte de “lo que hay” para cerrar el cuestionamiento y la impugnación a los pilares fundamentales que en la rebelión popular de octubre del 2019 se buscaba echar abajo. Es por eso que ante esto, hace falta visualizar más claramente la perspectiva de anular este proceso y fortalecer la organización, para retomar el camino hacia una asamblea constituyente, libre y soberana, que permita poner sobre la mesa estos temas y que sea la clase trabajadora quienes definan su destino.
Cuando pensamos en buscar una solución a esta situación para las y los 56 trabajadores a honorario en la salud primaria, se hace necesario pensar en como conquistar un sistema de salud público único 100% financiado por el Estado, para garantizar el acceso de calidad de las y los usuarios a su derecho a la salud, pero así también condiciones de trabajo estables para las y los trabajadores, que acabe de una vez con el trabajo precario como la figura de honorarios, considerando que la alta rotación de funcionarios imposibilita aún más la continuidad y efectividad de los tratamientos y seguimientos administrados a los pacientes.
De igual manera, este sistema de salud público debe ser administrado por las y los trabajadores de conjunto a las comunidades de usuarios, ya que quienes mejor que ellos saben las necesidades de cada comunidad, según sus características en cada lugar, para que de esta forma se puedan pensar las políticas de prevención y promoción en salud de manera eficiente, para no tener que llegar al Hospital y poder responder a las genuinas demandas de las y los usuarios.
Con estos hechos, ha quedado demostrado que las autoridades y expertos, constantemente manejan este sistema de salud público, dejando fuera de las decisiones a los actores más importantes, entre trabajadores y usuarios.
