El nuevo escándalo de la colusión, ahora entre dos papeleras, CMPC del grupo Matte y SCA, ex Pisa del ex Ministro de Deportes de Piñera Gabriel Ruiz Tagle, vuelve a confirmar, como ayer con la colusión de los pollos y de las farmacias, que los empresarios se enriquecen a costa del bolsillo del pueblo trabajador.
Jueves 5 de noviembre de 2015
Que la mafia del papel devuelva lo que robó: ¡Estatización de las papeleras sin indemnización! A organizarnos los trabajadores para fijar los precios
A la explotación de los trabajadores, fuente de sus ganancias, al saqueo de riquezas naturales como los bosques, suman la auténtica conspiración para fijar y elevar los precios de sus productos, que son de primera necesidad en cada hogar.
Con este acuerdo, cada empresa habría ganado 23 millones de dólares. El mecanismo conspirativo, fue cuidadosamente diseñado. Habrían realizado reuniones en el restaurante del Club Las Brisas de Chicureo. En un cuartel de Bomberos conocido como la Bomba Alemana, bautizando entonces esta conspiración como la "bomba". Diseñaron mecanismos para evitar dejar rastros: de las reuniones y contactos por correos electrónicos, pasaron al uso de teléfonos de prepago, a impresos enviados a sus domicilios y presentados como participaciones de matrimonios, finalmente, se deshicieron de computadores botándolos al canal San Carlos de Santiago.
Además de la explotación, el saqueo y la colusión, reciben millones del Estado, como el decreto-ley 701 que viene desde la dictadura y mediante el cual se les otorga un subsidio por “reforestación”. Cada año, desde el fin de la dictadura, los gobiernos de la Concertación, la derecha y la Nueva Mayoría, lo renuevan con una partida en el Presupuesto que aprueba el Congreso de los parlamentarios en compra-venta a las empresas como Penta, SQM o Corpesca.
Un verdadero entramado de intereses comunes entre los empresarios y su casta de funcionarios y parlamentarios a su servicio, y bien pagados.
El escándalo es inocultable. Los empresarios debieron hacerse cargo, a su hipócrita manera, diciendo que mejorarán los mecanismos de control interno de sus empresas. La derecha, igualmente hipócrita, pretende desplazar al Estado la responsabilidad, por la mala fiscalización. El progresismo de la Nueva Mayoría se contenta con aumentar las multas y penas, incluyendo la cárcel. El Partido Comunista se limita a impulsar estériles “comisiones de investigación” en Diputados y demandar se terminen subsidios como el decreto-ley 701, algo necesario pero insuficiente.
Para el Partido de Trabajadores Revolucionarios, la única solución real a esta cadena de colusiones y entramado de intereses comunes, es que su casta de funcionarios y parlamentarios sea revocable, con sueldos igual al de una profesora, la estatización bajo control de los trabajadores de todas las empresas estratégicas y los recursos naturales, y la organización de los trabajadores para la fijación de precios.
Partido de Trabajadores Revolucionarios- PTR
