PLATAFORMA ELECTORAL. Que nada cambie: las “propuestas” de Fernández y Massa contra el gatillo fácil y la represión

Este martes el Frente de Todos (la coalición política de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández que sumó a Sergio Massa) difundió su “plataforma electoral”. Allí se critica la gestión de Mauricio Macri y se plantean propuestas de gobierno en áreas como economía, desarrollo social, trabajo, educación, salud, ciencia y tecnología, medioambiente, justicia, género, derechos humanos, cultura, comunicación , política exterior y defensa.

En un escenario político donde las fuerzas tradicionales compiten para ver quién se corre más a la derecha, el apartado sobre la llamada “seguridad” no podía estar ausente. Y menos aún teniendo a un “especialista” en punitivismo, mano dura y criminalización de la pobreza encabezando la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires.

Críticas sin autocrítica

En su capítulo titulado “Seguridad”, el Frente de Todos parte de una caracterización respecto a Cambiemos con la que se puede coincidir. El Gobierno, dice, “ha convertido a la seguridad pública en un campo de batalla política” y “ha hecho de las prácticas ilegales de violencia institucional acciones cotidianas contra la ciudadanía”.

Para semejante conclusión se basa en “el discurso agresivo y los gestos autoritarios del actual Gobierno” que “convalidan el gatillo fácil y el punitivismo irracional de las fuerzas de seguridad”.

A renglón seguido afirma que el Gobierno no hace “ningún esfuerzo por desandar lazos de connivencia policial con el crimen y por avanzar en las necesarias reformas institucionales que el sistema de seguridad pública federal requiere de manera urgente”.

Ahora bien, vale preguntarse qué “pergaminos” tienen para mostrar quienes redactaron el programa y gobernaron el país, Buenos Aires y otras provincias durante décadas. Básicamente, ninguno.

El Frente para la Victoria también usó a la llamada “seguridad” como un “campo de batalla política”. Sin ir más lejos, el Ministerio de Seguridad fue creado el 10 de diciembre de 2010 por Cristina Fernández de Kirchner, con la sangre aún caliente de inmigrantes asesinados en el Parque Indoamericano de Villa Lugano.

Esos crímenes, aún impunes, fueron cometidos por la Policía Federal (a las órdenes de su ministro del Interior Aníbal Fernández) en colaboración con la Metropolitana del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri.

La creación del Ministerio de Seguridad buscaba una salida a la crisis abierta con esa masacre. Pero además de ser esa la única respuesta oficial a la demanda de soluciones habitacionales de miles de familias, fue el comienzo de un proceso de militarización de barrios populares, con Gendarmería y Prefectura como “vedettes”, que derivaría en más asesinatos de jóvenes (y hasta niños) en villas y asentamientos de todo el país.

La represión también es de “todos”

La plataforma kirchnerista-massista también dice que “el Gobierno (de Macri) se ha desentendido de la mediación política en la protesta social, enfrentando directamente a las fuerzas de seguridad con los manifestantes e infiltrando protestas”. Y no miente. Lo curioso es que durante los doce años de gobierno anterior la cosa no fue tan diferente.

El enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con manifestaciones sociales nunca dejó de existir durante el kirchnerismo. Las represiones se cuentan de a decenas. Cuando no fueron las fuerzas federales fueron las provinciales con aval de la Casa Rosada. Y cuando no fueron uniformados, fueron patotas “tercerizadas” custodiadas por la Policía.

Las víctimas de las represiones fueron obreros y obreras, estudiantes, desocupados, pueblos originarios, ambientalistas. Y fueron atacados con el poder armado del Estado cuando enfrentaban despidos o reclamaban mejores condiciones laborales, cuando luchaban por educación y salud, por tierra o en defensa del medioambiente.

Hay casos emblemáticos que hablan por sí solos. Desde el Casino Flotante de Buenos Aires hasta Cresta Roja en Ezeiza, pasando por Mafissa en La Plata, el porteño Hospital Francés, Kraft, Gestamp y Lear en la Zona Norte, Carlos Fuentealba en Neuquén, los petroleros de Las Heras en Santa Cruz. Desde las luchas de Andalgalá (Catamarca) y Esquel (Chubut) contra la minería contaminante a las de las comunidades qom en Formosa y mapuche en la Patagonia contra la usurpación violenta de sus tierras ancestrales por parte de sojeros, petroleras y demás capitalistas.

Esas luchas fueron repelidas por el Estado con palos, gases, balas de goma y hasta de plomo. Decenas de personas murieron, cientos fueron heridas y detenidos y miles fueron procesadas a lo largo y ancho del país. Algunos de los caídos en esas protestas o luchas sociales fueron Carlos Fuentealba (Neuquén), Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nino Carrasco (Bariloche), Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez (Villa Lugano), Roberto López (Formosa), Mariano Ferreyra (Barracas), Ariel Farfán y Félix Reyes (Jujuy).

Mal que les pese, nada de eso pueden ocultar con sus “buenas intenciones” de cara al proceso electoral en curso.

La plataforma kirchnerista acusa al macrismo de “infiltrar protestas”. Pero hay que recordarles que, pese a los esfuerzos oficiales por perfeccionarse cada vez más, la infiltración en organizaciones y protestas sociales no es subsidiaria de Macri, Bullrich y sus aliados.

¿Acaso se olvidan del Proyecto X de la Gendarmería al mando de Nilda Garré? ¿Y del espía de la Policía Federal Américo Balbuena, infiltrado por más de una década en la agencia de comunicación popular Rodolfo Walsh?

¿Se olvidan, en serio, del Coronel Retirado del Ejército Roberto Galeano y su “gendarme carancho” haciendo desastres en la Panamericana a las órdenes del carapintada Sergio Berni?

Si es así, entonces no vengan a hablar ni de memoria, ni de verdad ni de justicia.

¿Y qué proponen?

Si lo anterior no basta para demostrar la demagogia “opositora”, vale observar lo que proponen. La “plataforma electoral” del Frente de Todos dice que “una política de seguridad pública ciudadana, democrática y protectora de los derechos humanos se debe asentar en la reestructuración del Ministerio de Seguridad creando las áreas básicas abocadas a la gestión del conocimiento en seguridad, a la gestión policial de la seguridad y la gestión social de la seguridad”.

¿Hablan en serio? Habría que recordarles a esas mentes iluminadas que su candidato presidencial de 2015, Daniel Scioli, había prometido que si llegaba a la presidencia su ministro de Seguridad sería el mismísimo Alejandro “Sheriff” Granados (quien lo acompañó en el área hasta el final del mandato) y que en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pensaba poner a su jefe de la Policía Bonaerense Hugo Matskin.

Con esos “nenes” el Frente para la Victoria se proponía proyectar al terreno nacional la nada progresista experiencia en “seguridad” cosechada en territorio bonaerense. Experiencia que dejó un tendal de muertos por gatillo fácil y torturas en comisarías y cárceles. Además del ya naturalizado gerenciamiento del narco, la trata, los desarmaderos y otros tantos kioscos millonarios por parte comisarios, oficiales y suboficiales.

Esa Policía Bonaerense, “modelo” que el kirchnerismo sciolista pretendía nacionalizar, es la misma que se educó en los chupaderos de la dictadura Ramón Camps y Miguel Etchecolatz (al que Scioli nunca dejó de pagarle su jubilación policial). De hecho aún hoy son miles de efectivos que se mantienen en actividad desde entonces.

Esa maldita Bonaerense es la que desplegó su artillería antipopular en los 90 con Duhalde. La que mató a Kosteki y Santillán en 2002 con Felipe Solá. La que se llevó por segunda vez a Julio López, por primera y única vez a Luciano Arruga y la que acompañó a la patota asesina de Mariano Ferreyra rondando las vías de Avellaneda.

Es la misma Bonaerense que el kirchnerismo le entregó a Vidal y Ritondo con el doble de efectivos que recibió (de 45 mil a casi 100 mil). Entre esos criminales con licencia y uniforme se encuentran nada menos que Luis Chocobar (el de la doctrina de Bullrich) y los que dispararon contra los pibes y las pibas de San Miguel del Monte.

El kirchnerismo ahora propone crear un “Observatorio de Seguridad Pública” y la “modernización del sistema policial federal”. Para eso lanzaría un Programa Federal Policial, un Programa Federal de Protección Integral de las Mujeres y
un Programa Federal de Control del Narcotráfico.

Pero para hacer efectivas esas iniciativas, los Fernández quieren poner a Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados. Parece un chiste pero no, es verdad. Se trata del mismo Massa que en 2015 (como parte de su campaña presidencial) lanzó la genial idea de mandar a las Fuerzas Armadas (también plagadas de genocidas en actividad) a “controlar” las villas y barrios populares. El mismo que tiene como líder moral y modelo de gestión a Rudolph Giuliani, el creador de la “tolerancia cero” que, a sangre y fuego, “limpió” Nueva York de negros pobres, inmigrantes y home less.

¿Una de espías?

Llamativamente la plataforma electoral del Frente de Todos no dice ni una palabra sobre qué hacer con el sector del Estado tal vez más consustanciado con la “inseguridad” de la población trabajadora, especializado como ningún otro en sembrar el terror en la sociedad: los servicios de inteligencia.

Semejante omisión tal vez pretenda “salvar” a esos miles de funcionarios anónimos que serpentean cotidianamente por los sótanos del Estado. Quizás borrándolos del mapa, especulan, el electorado no registrará que, si hablamos de utilización de los recursos del Estado para la “batalla política”, la AFI se lleva todos los números.

Posiblemente la recomendación de no mencionar el espionaje ilegal, los “carpetazos” y las operaciones de inteligencia haya provenido del propio Massa. Nada extraño, tratándose de un habitué de la Embajada de Estados Unidos y experimentado lobista en el negocio de la tecnología para el espionaje y la represión.

No vaya a ser cosa que, abierta la temporada de panquequismo político e institucional, al recordado Antonio "Jaime" Stiusso le den la oportunidad de redimirse con el peronismo y lo inviten a volver a conducir a los espías del Estado. Nada está dicho.