La Ley de Biodiversidad, además de atentar contra los derechos de comunidades originarias, da paso libre al fracking y permitirá la expoliación de áreas naturales protegidas.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Jueves 12 de abril de 2018
Está en puerta la aprobación de la Ley general de Biodiversidad, cuestionada fuertemente por la ilegalidad de su discusión en el Senado de la República, además de que permitirá la expoliación de áreas naturales protegidas, da carta abierta al fracking. Además, pone en riesgo los derechos de las comunidades originarias.
Esta ley fue creada, impulsada y defendida por la diputada Ninfa Salinas, hija del millonario Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego es dueño de un gran número de empresas mineras.
La Ley General de Biodiversidad (LGB) puede pasar pronto al pleno de la Cámara de Diputados y regresar al Senado para que se discutan los artículos con observaciones. Esta iniciativa es criticada por la manera que fue aprobada, pues pasó sin cuórum y sin discusión previa, lo cual supone una gran cantidad de intereses privados por detrás, presionando.
Más de 50 organizaciones civiles y académicos de diversas universidades expresaron su rechazo a la iniciativa de ley, pues aseguran que contiene las mismas omisiones que la ley general de vida silvestre, la cual han generado sobre explotación de los recursos en detrimento de las especies salvajes mexicanas.
También denunciaron esta Ley por ser "un mosaico de parches copiados de otras leyes", incluyendo secciones completas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Medio Ambiente. Así mismo, denunciaron que dificulta la protección de nuevas áreas naturales y deja a las actuales en la indefensión al permitir actividades en zonas restringidas.
Organizaciones como Greenpeace, Animal Heores, Centro para la Diversidad Biológica, entre otras, señalan que este proyecto de ley es un gran retroceso en materia de protección y conservación al medio ambiente. Señalan que uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con la eliminación de un trato digno y ético a la fauna silvestre.
México es el cuarto país a nivel mundial en biodiversidad.
Óscar Vélez, de Revive México, comentó que la redacción de la iniciativa de LGB permite que incluso especies que estaban protegidas, como la tortuga marina, puedan ser objeto de caza, por lo que “se trata de una ley regresiva, pues abroga la Ley General de Vida Silvestre”.
De aprobarse esta Ley, los derechos de las comunidades originarias también se verían comprometidos. Así lo ha denunciado la Red Nacional Indígena (RNI), que presentó esta semana a la prensa su posición respecto a la mencionada ley.
Afirmaron que esta ley, además de abrir las puertas a la explotación de recursos en áreas naturales protegidas, legaliza el despojo de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, conocimiento que ha sido construido a lo largo de muchas generaciones.
Demandaron que se realice la consulta correspondiente y exigieron a los diputados del PRI y el PVEM “rectificar su posición de promoción de la Ley General de Biodiversidad que afectaría a todas y todos los mexicanos, en beneficios de intereses empresariales.
Según David Ruiz Aguilar, ingeniero en biotecnología con maestría en ciencias bioquímicas y también miembro de la comunidad maya tojolabal que forma parte de la RNI, comentó:
La propuesta de Ley General de Biodiversidad, lejos de apostar al desarrollo sostenible, apuesta a legalizar el extractivismo y la biopiratería, poniendo en riesgo las iniciativas sostenibles relativas al uso de la biodiversidad y conocimiento tradicional asociado. Es por eso que exigimos que esta propuesta no sea aprobada y que, con el tiempo adecuado, se inicie un proceso de consulta para la construcción de una nueva ley de biodiversidad que establezca claramente salvaguardas a la riqueza biocultural del país, que se encuentra resguardada por los pueblos indígenas, en la que se respeten plenamente nuestros derechos y de esta forma se potencie el desarrollo sostenible de México.
Hablando de biopiratería, Carlos Ávila Bello, de la Universidad Veracruzana (UV), apuntó que la ley es inconstitucional porque “desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos”, y a quienes “se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio”.
Por último, esta iniciativa de ley da paso a la liberación de los transgénicos, que llevaría a un estrés aún mayor a las semillas originarias.
No se necesita ser experto para entender que, si se permite la extracción de recursos mediante técnicas altamente contaminantes como el fracking en áreas naturales protegidas, el daño será irreversible.
Esta propuesta es parte de las Reformas Estructurales para que las clases dominantes sigan expoliando los recursos naturales del país.
