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Red Internacional
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Actualidad. ¿Qué pasa en OCA?: a pedido de la AFIP la Justicia reduce el monto del embargo

Así lo dispuso la jueza Liliana Heiland mediante un fallo conocido este miércoles. El pedido de AFIP se fundamenta en la presentación por parte de la empresa de dos planes de pagos para regularizar su deuda.

Jueves 29 de marzo de 2018

Este miércoles al mediodía la causa OCA volvía a ocupar un lugar destacado en la agenda periodística, cuando el CIJ (Centro de Información Judicial) publicó las tres resoluciones judiciales que ha dictado la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, en el marco del proceso por una deuda millonaria que posee la empresa con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Una causa en la cual el hecho de que se trate de la empresa de correo privada más importante de la Argentina es un "dato de color". Su relevancia política, y mediática, tiene fundamento en su ligazón con el dirigente sindical más importantes del país en los últimos 20 años: Hugo Moyano.

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La resolución fechada el 21 de marzo y firmada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, dispone disminuir el monto del embargo preventivo de $ 821.797.600,20 a $ 209.790.861.62. La decisión de la magistrada, según consta en el escrito, se fundamenta en un pedido realizado por la AFIP basado en que “OCA SRL presentó (2) planes de pagos en los términos de la RG 3827/2016, incluyendo parcialmente su deuda judicial, de carácter post concursal”.

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Este pedido de disminuir el monto del embargo preventivo, es el segundo que realiza la AFIP en el marco del proceso abierto por la deuda que la empresa mantiene con el organismo estatal por más de $ 3200 millones. En noviembre del 2017 la jueza Heiland había fijado un monto original en concepto de embargo preventivo “de las cuentas bancarias y/o créditos de terceros por cobrar de OCA Logística SA y OCA Postal SA –que no hayan sido efectivizados contra OCA SRL” por $ 1.228.743.281,54, y a pedido del organismo estatal en diciembre pasado resolvió disminuir el mismo a $ 821.797.600,20.

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Fue en ese fallo con fecha 27/11/2017, que la magistrada también ordenaba, junto con el embargo, que las firmas OCA SRL, OCA Logística SA y OCA Postal SA se abstuviesen de dividir unidades de negocios y/o personal, haciendo lugar a una medida cautelar presentada por la AFIP que solicitaba que las mencionadas empresas fuesen consideradas integrantes de un mismo grupo vinculado y/o económico. Esta decisión tenía como fin evitar el vaciamiento de OCA SRL mediante el traspaso de unidades de negocios y/o personal a las nuevas S.A, una maniobra que se preveía podía intentar el dueño de OCA, Patricio Farcuh, para evadir la deuda que la empresa tiene con el Estado. Con mismo fundamento se instaba al Enacom a “abstenerse de registrar a OCA Postal S.A y OCA Logística S.A., para prestar servicios bajo su regulación”.

Recordemos que Patricio Parcuh, además de ser el dueño legal de OCA SRL, preside el grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados). Un conglomerado de firmas que ofrece servicios varios, muchos ligados a actividades encuadradas en el gremio de camioneros, que en 12 años no sufrió ningún tipo de medida de fuerza por parte del poderoso sindicato que dirigen los Moyano. Otro dato a recordar, y que hace a la relación entre Moyano, OCA y su presidente, es que los 7 mil trabajadores del correo privado están encuadrados en el gremio de Camioneros.

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En noviembre pasado, la jueza Heiland también definió la designación de Marcelo Eugenio Griffi como interventor/veedor. Griffin, sin embargo no podrá “interferir en la administración de OCA SRL, OCA Logística y OCA Postal SA” sino que su función sería "efectuar un seguimiento interno y en tiempo real, de la evolución de la gestión empresarial tendiente a impedir cualquier maniobra, abuso o desviación de fondos de OCA" e informar sobre la evolución de los ingresos, egresos, activos y pasivos de la empresa, hasta que OCA "cancele su deuda con la AFIP y/o se ofrezcan las garantías suficientes" de su pago.

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Estos movimientos judiciales y administrativos, cobran especial relevancia al tratarse de una causa que tiene un claro trasfondo político. Como ya señalamos, en los papeles su dueño es el empresario Patricio Farcuh, sin embargo son fuertes las presunciones de que la empresa tiene fuertes vínculos con Hugo Moyano, hoy enfrentado al Gobierno de Mauricio Macri.