Durante toda la tarde de este martes, Nicolás del Caño fue tendencia en redes sociales después de sus intervenciones en el Congreso, donde apuntó fuerte contra los laboratorios productores de vacunas contra el covid-19.
Es que la voz de la izquierda fue la única que le dijo tanto a los representantes de Pfizer como a los de AstraZeneca y Hugo Sigman (estos últimos ni siquiera estuvieron presentes) que son responsables de miles de fallecimientos que se podrían haber evitado si se ponía por delante la vacunación de la población y no las ganancias empresarias, con medidas que fueran al fondo de la cuestión para enfrentar a la pandemia.
Esas denuncias, que fueron muy bien recibidas por miles de usuarios, pero también provocaron los ataques de un lado y el otro de "la grieta": el Gobierno y la oposición de derecha, que se pasaron todo el día discutiendo si hay que hacer lobby por Pfizer o por AstraZeneca, Hugo Sigman y Richmond.
Pero, ¿cuáles son las medidas que viene proponiendo el Frente de Izquierda?
Declarar de utilidad pública el laboratorio mAxbience, del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman, ubicado en la localidad de Garín, donde se produce el principio activo de la vacuna contra la covid-19, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para terminar el proceso de envasado en el país, y así acceder de manera masiva a la vacuna que debe ser considerada un bien social. Así lo expresa el proyecto de ley presentado por Del Caño. Plan de testeo masivo, rastreo y aislamiento para terminar con las cadenas de contagio y evitar la circulación del virus. Es necesaria la estatización de los laboratorios que con financiamiento estatal desarrollaron test tanto moleculares, como de detección del desarrollo de anticuerpos, para poder aumentar la capacidad de testeo. La salud es un derecho humano básico. Es necesaria la centralización del Sistema de Salud, para que todos los recursos disponibles públicos, privados y de obras sociales, estén al servicio de combatir la pandemia, bajo la órbita del Estado y con control de trabajadores y la comunidad. El presupuesto en Salud tuvo un recorte en términos reales de hasta 16 %, es urgente subirlo, para contar con los recursos necesarios. Comisiones de Seguridad e Higiene independientes, formadas y elegidas por los y las trabajadoras, con el asesoramiento de profesionales y para garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad en las fábricas, establecimientos, escuelas y oficinas, para evitar o reducir el riesgo de contagio. El Gobierno supuso que no habría segunda ola y eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el Presupuesto 2021. El bono de $ 15.000 por única vez es insuficiente ante el aumento de la pobreza. Hay que restituir un IFE de $ 40.000 para los que se quedaron sin empleo. Así como también, un salario mínimo de $ 50.000 para activos y jubilados como medida de emergencia, mientras se pelea para que cubra el costo de la canasta familiar. Subas de salarios igual a la canasta y cláusula gatillo para hacer frente a la inflación. Las centrales sindicales tienen que terminar la tregua y convocar a un plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares. Prohibición efectiva de los despidos y de suspensiones con rebaja salarial. Millones de familias viven hacinadas, sin acceso a los servicios básicos. Por un plan de obras públicas, de infraestructura y viviendas. Un nuevo acuerdo con el FMI significará mayores ajustes contra el pueblo trabajador. Recursos hay, pero se destinan al pago de la deuda. Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda, junto a medidas como la nacionalización de la banca, que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue crédito barato, y del comercio exterior que hoy está privatizado en pocas empresas que chantajean al país y manipulan sus operaciones con filiales extranjeras.
