El Presidente de la República finalmente aceptó la dimisión de Gabriel Attal. A la espera del nombramiento de un nuevo Primer Ministro, los ministros seguirán ejerciendo sus funciones en el marco de un gobierno en crisis.
Miércoles 17 de julio de 2024 13:54
Una semana atrás, Macrón había rechazado el pedido de dimisión del Primer Ministro Gabriel Attal. En el día de ayer aceptó la decisión.
Si Attal seguía en su cargo, probablemente habría tenido que enfrentarse a una moción de censura en cuanto el parlamento estuviera en funciones, con el riesgo de debilitar aún más al ejecutivo.
A la espera del nombramiento de un nuevo Primer Ministro, el Gobierno, que ahora ha dimitido, seguirá en funciones para gestionar los asuntos corrientes, ya que la Constitución no autoriza ningún periodo de vacante, y por eso podrán ocupar sus escaños en el Parlamento. Se supone que este gobierno tiene prerrogativas limitadas y su ámbito de competencia en el ejercicio del poder se limita a los «asuntos corrientes», que la Secretaría General del Gobierno define como «la práctica republicana por la que un gobierno dimisionario permanece en funciones hasta su sustitución, para garantizar, en nombre de la continuidad, el funcionamiento mínimo del Estado».
Un gobierno fuera del control del Parlamento
Nada indica que el Gobierno dimisionario de Attal vaya a respetar las reglas habituales. Durante el Consejo de Ministros, el Presidente declaró que esta situación duraría probablemente «un tiempo», «algunas semanas», hasta el final de los Juegos Olímpicos, según confiaron algunos ministros. Aunque el récord de duración de un Gobierno dimisionario de la V República es de nueve días, Macron estaría alargando considerablemente la vida útil de esta forma de gobierno flotante.
A su vez, no hay ningún texto que defina la duración del mandato de un gobierno dimisionario, ni sus competencias exactas. Sólo la decisión de nombrar un nuevo Primer Ministro pondrá fin a esta situación, decisión que queda a la entera discreción del Presidente (de conformidad con el artículo 8). Por lo tanto, un Gobierno de este tipo podría permanecer en funciones durante un tiempo indefinido, sin que el Parlamento pueda poner fin a sus funciones: al haber dimitido, el Gobierno sólo existe de hecho y, por lo tanto, no puede ser destituido por una moción de censura. Así lo explicó a L’Opinion un jurista próximo al Elíseo: «No se puede derrocar algo que no existe. Del mismo modo que no se puede responsabilizar a un Primer Ministro que ha dimitido. Es simple: en este caso, no hay gobierno. Hay que pensar así». En un momento en el que no hay aún candidato para nombrar a un posible primer ministro y las discusiones entre los macronistas y LR (Republicanos) no han llegado hasta ahora a ninguna resolución, la creación de un gobierno de dimisión expresa la profundidad de la crisis institucional.
Unas prerrogativas mal definidas abren la vía a excesos antiparlamentarios
Por otra parte, el poder de un gobierno de este tipo, sustraído al control parlamentario y sometido únicamente a la voluntad del presidente, no está definido por ninguna legislación.
Como prevé Julien Boudon, profesor de Derecho Público en la Universidad París Saclay, «si se produjera un atentado, no habría ningún obstáculo jurídico; un gobierno encargado de los asuntos corrientes podría tomar las decisiones necesarias». Aunque «por convención, el Consejo de Ministros no se convoca cuando el Gobierno dimite», esto «no es un obstáculo jurídico»: el Gobierno podría, por tanto, declarar el estado de emergencia, incluso si se tratara de una comprensión muy amplia de la noción de «actualidad».
Sin duración máxima de mandato, sin un ámbito de prerrogativas claramente definido, sustraído al control parlamentario e incluso derogando el principio liberal de la separación de poderes -ya que los ministros dimisionarios se sentarán como diputados-, el «gobierno provisional» podría convertirse así, en determinadas situaciones de crisis, en una poderosa herramienta antiparlamentaria y antidemocrática. Aunque el Conseil d’État (Consejo de Estado, órgano gubernamental que actúa a la vez como asesor jurídico del poder ejecutivo y como tribunal supremo de justicia administrativa) puede, en principio, someterse a sí mismo y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las medidas que pueda adoptar un gobierno dimisionario, su alineamiento con los intereses de la oficina presidencial dista mucho de convertirlo en un contrapeso.
En cualquier caso, el hecho de que Macron haya dado a una forma de gobierno tan excepcional una longevidad sin precedentes en la historia de la V República atestigua las dificultades del régimen y la situación de crisis abierta por las elecciones legislativas y la disolución.
Con información de Revolution Permanente, parte de la Red Internacional de La Izquierda Diario.
