Debate Proceso Constituyente. ¿Qué tipo de Asamblea Constituyente y cuáles medidas debería impulsar para terminar con las herencias de la dictadura?

¿Convención Constituyente o Convención Mixta? ¿Existen diferencias entre estas entidades? Son algunas de las preguntas que se abren en el debate nacional, tras haberse pactado el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, en noviembre del año pasado.

Tal como se ha señalado por distintas vías, una Convención Mixta- la propuesta impulsada por la derecha- estaría compuesta por representantes electos y delegados del Parlamento, y una Convención Constituyente- a lo que se juega el conjunto de la “oposición”-, sería integrada por 155 delegados, es decir, la misma cantidad de integantes que tiene la actual Cámara de Diputados, una instancia que poco representa a las más de 17 millones de personas que viven en el país.

La “oposición” asegura que la segunda opción, una Convención Constituyente, es más democrática y que sería sinónimo de una Asamblea Constituyente; no obstante, cabe mencionar que el cómo se desarrollará el proceso y qué se podrá discutir y qué temáticas no, realmente ha sido definido por las y los integrantes de una “comisión técnica” que ya existe y que, por ejemplo, decidieron que no se podrá modificar ningún tratado internacional que Chile tenga vigente, entre ellos los que regulan inversiones extranjeras hechas en salud, educación, AFP’s.

A esto se suma el quorum de los 2/3. ¿Qué significa? Que si el 33% + 1 de los delegados constituyentes votan negativamente cualquier artículo, este no podrá aprobado, perpetrando en los hechos poder de veto a una minoría o, para ser más concretos pensando en el escenario actual, a la derecha y los sectores que defienden con uñas y dientes el régimen heredado de la dictadura y sus pilares.

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El “proceso constituyente” de conjunto contiene diversas trampas y engaños, que tienen por objetivo resguardar el régimen “de los 30 años” y hacer que nada cambie de manera estructural; y, además, se basa en la total impunidad y represión, que ha cobrado la vida de casi 30 personas, ha mutilado a 400, y torturado y golpeado a miles, con Piñera que continúa gobernando.

¿Puede existir un “proceso constituyente” verdaderamente democrático con Piñera y el parlamento actual? ¿Es libre una Convención con reglas preestablecidas y restricciones prefijadas? Con las dos opciones que impone el régimen, cabe preguntarse si se podría levantar una tercera opción, independiente a las impuestas por quienes han gobernado estos últimos 30 años. ¿Qué tipo de Asamblea Constituyente y cuáles medidas debería impulsar para terminar con las herencias de la dictadura?

Impulsemos una amplia campaña por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Fueron millones de personas las que salieron a las calles a exigir legítimas demandas y poder de decisión, ante décadas de desigualdad e injusticias encarnadas en los partidos tradicionales del régimen y sus políticos millonarios. En este sentido, ninguna de las “Convenciones” representa una alternativa realmente democrática, donde sea el pueblo trabajador, la juventud que “despertó a Chile”, las mujeres, el pueblo mapuche, los pobladores, quienes decidan cómo resolver las problemáticas que aquejan a las grandes mayorías.

No podemos conformarnos con migajas, ni con el “mal menor”, tenemos y podemos decidir sobre el destino del país y de nuestras vidas. Impulsemos una amplia campaña por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin limitaciones, donde podamos discutir todo lo que nos aqueja, con la participación de los mayores de 14 años, con representantes electos cada 20.000 electores, que sean revocables y ganen lo mismo que un trabajador calificado, para que ningún representante gane como millonario, y donde puedan ser electos de forma democrática dirigentes sindicales y de organizaciones obreras, estudiantiles, sociales.

¿Qué medidas fundamentales debería discutir y votar una Constituyente Libre y Soberana, para acabar con la herencia de la dictadura y dar respuesta a las necesidades sociales exigidas por las grandes mayorías?

Salario y pensiones mínimas de $500.000, acorde al costo de la canasta básica familiar. En Chile, el 70% de la clase trabajadora gana sueldos inferiores a los $400.000. Basta de salarios de hambre, mientras los grandes empresarios se enriquecen por millones. Fin a las AFP. Por un sistema de reparto público, tripartito y solidario, gestionado por trabajadores y jubilados, con el 80% de tasa de retorno.

Junto a ello, fin a la precarización laboral. Ninguna flexibilidad que es precariedad. No queremos más trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, por eso debemos pelear por poner término al subcontrato, al contrato de obra y faena, honorarios y a contrata. Paso a planta para todas y todos. Junto a ello, la reducción de la jornada laboral, sin disminución de salario y repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados para poner fin al desempleo.

Educación pública, gratuita, democrática y no sexista, y que esté al servicio de los trabajadores y el pueblo. Fin al negocio educativo y de los empresarios privados. Fin del CAE y de todo crédito universitario. Gratuidad universal, y condonación inmediata de todas las deudas por estudiar. Consideramos que la salud debe ser pública y gratuita. Requerimos poner término al negocio privado de la salud, por eso es necesario acabar con las Isapres y todo negocio privado.

Por un sistema de transportes público gestionado por trabajadores y usuarios, gratuito para estudiantes y la tercera edad, y con tarifas acordadas para el acceso de toda la población. Por un plan de viviendas dignas garantizadas para el pueblo trabajador. Es necesario establecer el término de la especulación inmobiliaria de empresas y bancos, y poner fin al déficit habitacional y el hacinamiento, con un plan estatal de viviendas gestionado por trabajadores, pobladores y juntas de vecinos.

Igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Es inconcebible que se encarcele y penalice a quienes deciden poner término a su embarazo, pues se trata de un derecho fundamental de todas las mujeres y cuerpos gestantes, que sometidas al aborto clandestino arriesgan sus vidas y su salud. Separación de la Iglesia y el Estado, y fin a todo subsidio estatal a instituciones de la Iglesia.

Desmilitarización del Wallmapu y derecho a la auto-determinación del pueblo-nación mapuche. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. El Estado chileno ha continuado durante 200 años la obra de la colonización. Libertad a los luchadores mapuche, por su derecho a territorio y autonomía.

Juicio y castigo a los responsables civiles y uniformados de los asesinatos, violaciones y represión bajo estado de excepción y toque de queda. Disolución de Fuerzas Especiales y Carabineros de Chile, basta de impunidad, represión y criminalización.

Sin embargo, muchos se preguntan ¿de dónde surgirán los recursos para costear estas medidas?

Recursos hay, somos un país con muchas riquezas, pero hay que ponerlas en beneficio de todo el pueblo trabajador y sectores populares. Para conseguir nuestras aspiraciones debemos tocar los intereses de los grandes empresarios y transnacionales, que se enriquecen a costa del saqueo de nuestros recursos naturales con explotación de nuestro trabajo y destrucción del medioambiente. Sin esos recursos que están apropiados en unas pocas manos, no podremos realizar nuestras aspiraciones. Si se mantiene el gobierno de Piñera y las viejas instituciones del régimen como el Congreso, esos recursos seguirán en manos de los verdaderos dueños del país.

Por ello hay que tomar medidas elementales:

Nacionalización del cobre y de los recursos naturales y estratégicos, sin pago y bajo gestión del pueblo trabajador y control de las comunidades. Solo en el cobre se fugan al extranjero casi 10.000 millones de dólares al año, con grandes transnacionales como BHP Billiton o Angloamerican. En el caso de las tierras forestales, Matte y Angelini, parte de las familias más ricas y dueñas del país, se apropiaron de las tierras del pueblo-nación mapuche y campesinos, tierras que deben ser devueltas a las comunidades. Sumado a lo anterior, tenemos que nacionalizar las minas, bosques y salmoneras para ponerlas en beneficio de toda la clase trabajadora.

Anulación de las privatizaciones de dictadura y democracia. Estatización bajo gestión obrera de las empresas de electricidad, agua, gas y servicios públicos. El aumento de las tarifas como en la luz es producto de que estos servicios se encuentran en manos de transnacionales que se han beneficiado de la entrega por parte del Estado. La dictadura, la derecha y la ex Concertación le garantizaron esos negocios. Los servicios públicos deben ser nacionalizados en beneficio de la población trabajadora y no de las ganancias de unos pocos, a precio costo a la población.

Expropiación de los puertos sin indemnización, para sacarlos de las millonarias ganancias de grupos como Von Appen o Luksic. En ciudades como Valparaíso, donde la población resiente la falta de empleo, esos recursos podrían ser usados para un plan de viviendas y obras públicas, así como salud y educación, en dicha ciudad y a lo largo del país.

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Si se impone un programa de emergencia como el que proponemos, probablemente tendrá la oposición violenta de los grandes capitalistas que defenderán con uñas y dientes y con su estado represor todos sus privilegios. Por ello es más urgente que nunca constituir asambleas y coordinadoras en los lugares de trabajo, estudio y calles, instancias de auto organización realmente democráticas, como el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, organismos de auto-organización democrática de las bases a los cuales se opone las burocracias sindicales y sociales de la Mesa de Unidad Social, dirigidas por el PC y el FA.

Estas instancias son las únicas que pueden imponer una salida favorable al pueblo trabajador, que permitan llevar adelante estas medidas de emergencia, y en el camino de derrotar la resistencia de los poderosos empresarios, sean la base para la lucha por un gobierno de las y los trabajadores que le arrebata a los grandes empresarios esas riquezas; un gobierno obrero y popular que basado en los organismos de auto-determinación de las masas, realice íntegra y efectivamente nuestras aspiraciones sociales y democráticas, y refunde el país sobre nuevas bases sociales.