En 1997, el gobierno de Eduardo Frei de la Concertación le dio curso a la Ley 19.542 que abrió paso a la licitación de los puertos. Llegaron así las empresas concesionarias a enriquecerse y nacieron puertos privados.
Martes 22 de enero de 2019
La estatal EMPORCHI dejó de existir. Más de veinte años después, la trasnacional DP World pretende controlar el Puerto Central (PCE) de San Antonio y el Puerto de Lirquén, comprándole Puertos y Logísticas S.A al grupo Matte. Un puñado de capitalistas chilenos y extranjeros dueños de trasnacionales decide el destino de la actividad portuaria. En un país exportador de materias primas como lo es Chile, eso significa mucho poder.
Los grandes grupos económicos transformaron los puertos en un negocio redondo. En Valparaíso, se llenan los bolsillos apropiándose del borde costero, en una comuna con un déficit de más de 9.000 viviendas y con importantes problemáticas de infraestructura; en otros lugares contaminan con partículas de cobre, como hace Luksic con el terminal ATI en Antofagasta.
El 94% del comercio exterior del país -exportaciones e importaciones- ocurre a través de los puertos. ¿Pero quién gana con eso? Gente como Von Appen, dueño de Ultraport. Luksic, Matte o minera Escondida con un puerto propio, Coloso, en la región de Antofagasta. Esto, mientras un 60% de los trabajadores portuarios del país permanece en un régimen eventual, siendo contratado directamente sólo un 40% del total de aquéllos. Un régimen eventual significa contratos que no duran más de 7 horas y media. Trabajo eventual es incertidumbre permanente para trabajadores y familias.
Pero, aunque empresarios y poderosos quisieron que nos resignáramos frente a esta situación, en Valparaíso trabajadores y estudiantes mostraron como crece la fuerza cuando peleamos unidos. Es también en los puertos donde se han desarrollado algunos de los paros de trabajadores más combativos del último tiempo. Enfrentar a los capitalistas de los puertos que piensan en sus ganancias y no en nuestras vidas, será con la fuerza de trabajadores, mujeres y juventud.
Pobreza y tributación portuaria: ¿es esa la salida?
Mientras tanto, Valparaíso -junto a Antofagasta y después de Santiago- es una de las ciudades con más déficit de viviendas: poco más de 9.000. Y a nivel regional -según la CASEN 2015- uno de cada cinco niños vive en la pobreza. Pero en el puerto de Valparaíso las ganancias son jugosas, sólo el TPS calculaba sus ganancias a fines de 2017 en 8.597 millones de dólares y su patrimonio en 42.241 millones de dólares.
Tomando como referencia que se considera como vivienda social una "vivienda económica" que cuesta entre 400 o 520 UF -costo que puede elevarse por distintas razones-, resolver con viviendas sociales económicas el déficit habitacional, costaría entre 147 y 187 millones de dólares. Con viviendas de mejor calidad, estos costos se elevarían. Teniendo a la vista el total de ganancias anuales de TPS, el problema del déficit de 9.000 viviendas podría resolverse con viviendas económicas, en poco más de 8 días usando solo sus ganancias diarias. Con viviendas que cuestan dos veces lo que una vivienda social, se resolvería en poco más de dos semanas.
Jorge Sharp, el Frente Amplio y parlamentarios de variadas posiciones políticas vienen planteando que es necesaria una Ley Valparaíso para que el puerto tribute en la ciudad, pues de esa manera se podrían resolver problemas de vivienda, deuda municipal, recolección de basura, educación. Eso implicaría una nueva relación del puerto y la ciudad.
Pero ¿por qué no ir más allá y revertir las privatizaciones? ¡Imaginémonos qué podríamos hacer en un año! Que las ganancias se destinen a salud, educación, vivienda, transporte y obras públicas y no a los bolsillos de Von Appen. ¡Con la fuerza movilizada de trabajadores, jóvenes, estudiantes y mujeres podemos ir por mucho más y no contentarnos con maquillajes al negocio portuario! ¡Podemos poner el puerto a funcionar al servicio de sus trabajadores y de la comunidad!
Luchemos por un puerto estatal gestionado por trabajadores y sectores populares
Por eso es necesario luchar por la expropiación de Ultraport y de todas las concesionarias que se enriquecen en los puertos del país. No queremos que el comercio exterior dependa de un puñado de magnates. Que toda la actividad portuaria, en Valparaíso y el resto del país, pase al Estado, bajo gestión de trabajadores y sectores populares. Si con las ganancias que genera el puerto podemos resolver problemas de vivienda o educación, es urgente terminar este saqueo empresarial. Esta pelea tenemos que darla al mismo tiempo que la lucha por terminar con la precarización laboral en el puerto.
Un programa así, para enfrentar a los capitalistas, requiere de la fuerza de cientos de miles. Portuarios y estudiantes demostraron la fuerza que tenemos cuando nos movilizamos en las calles. En la ciudad, decenas de miles votaron al Frente Amplio rompiendo con los partidos de la “transición”. Pero no hay en la ciudad un programa y una estrategia para que la fuerza de los trabajadores, la juventud y las mujeres pueda vencer. Para eso, necesitamos poner en pie un proyecto político alternativo, un partido revolucionario basado en la clase trabajadora con un programa claramente anticapitalista.
Queremos llegar con estas ideas a miles de personas y fusionarnos con las principales batallas de trabajadoras y trabajadores, juventud y movimiento de mujeres. Queremos construir sobre esa base un partido revolucionario que exprese políticamente esa fusión y un programa que apunte a que gobierne la clase trabajadora. Luchar por este proyecto en lugares de trabajo y estudio, en cada sindicato y asamblea, va de la mano de construir una fuerza militante que pelee por un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.
