Medio ambiente. Querétaro: la industria inmobiliaria aprovecha la falta de regulación del agua

A pesar de la gran cantidad de precipitaciones pluviales en Querétaro durante los pasados meses de septiembre y octubre, que triplicaron el promedio de lluvia anual en el estado, el suministro del vital líquido para uso urbano y potable se mantiene escaso, afectando mayormente a las familias de las clases trabajadoras y sectores populares.

En el estado se desaprovecha la cantidad de lluvia, se desbordan las presas y se inundan las colonias a causa de que la planificación urbana y semiurbana se realiza, no para el beneficio de la población, sino para el crecimiento económico de empresas y especuladores inmobiliarios quienes, coludidos con actores políticos y funcionarios públicos, crean mecanismos irregulares para el cobro del agua.

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¿Qué son los Opsa y cómo operan?

En 26 años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado 7 mil 817 concesiones para la prestación del servicio hídrico en Querétaro, según información del Registro Público de Derechos del Agua (Repda). Algunas de estas concesiones han sido para los organismos operadores que se encargan de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Opsa), mismos que han sido constituidos por desarrolladores inmobiliarios que obtienen los beneficios del cobro del agua, así como condonaciones en el pago de impuestos y autorizaciones de construcción sin cumplir todos los requisitos necesarios.

Los Opsa, que surgieron alrededor del año 1995, permiten la comercialización del vital líquido aun sin contar con una concesión de Conagua, ya que políticos y funcionarios les conceden a los dueños de estos organismos la distribución del agua mediante argucias legales. En Querétaro no existe una ley estatal que regule el suministro del agua y existen al menos 22 Opsa, funcionando de manera irregular y sin responsabilidades con los usuarios.

La integrante de la organización Bajo Tierra Museo del Agua, Claudia Elvira Romero Herrera, considera que la proliferación de estos organismos crea un marco de ilegalidad, debido a que el reglamento municipal actualmente existente no es sólido en términos jurídicos y los usuarios quedan en el limbo, ya que el servicio se maneja como una cuestión entre particulares.

La cercanía de las autoridades con los titulares de los Opsa, los dejan impunes de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal por el servicio de distribución de agua en sus propios desarrollos inmobiliarios, que han avanzado en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.

Así, 45 % de los Opsa fueron constituidos en forma irregular porque no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales y se desconoce la cuenca de donde lo obtienen, mientras que el 55 % poseen concesión de la Conagua.

En Querétaro, sólo el municipio de San Juan del Río tiene una junta que se encarga de la operación del agua potable, no así los 17 restantes, permitiendo que sea más fácil la intromisión de inversionistas inmobiliarios.

Arrancar el agua del beneficio privado

Por otro lado, Querétaro tiene extracciones mineras de mercurio en el área natural protegida de Sierra Gorda, lo que contamina altamente el territorio y el agua, que posee niveles tóxicos de arsénico, flúor, plomo y sales. Esto es un incentivo más para el cuidado del agua a favor de la población.

Somos los trabajadores, campesinos y poblaciones indígenas, quienes podemos administrar el uso del agua y de la tierra a favor de la vida y del medio ambiente que hoy se encuentra bajo el yugo y la superexplotación de empresas privadas. Esto como consecuencia de que las autoridades están al servicio de los propietarios de las industrias, que no padecen la falta de agua que afecta a los sectores populares.

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Es necesario organizarnos y luchar, de manera independiente de los partidos políticos e instituciones del régimen, para que el agua llegue a los hogares y espacios públicos.

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