En manos del Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se encuentran las negociaciones de parte del gobierno de Piñera. ¿Cuál es la trayectoria académica y política del subsecretario?
Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Domingo 16 de junio de 2019
En la página del Mineduc se destaca a Raúl Figueroa como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes. El subsecretario no estudio no trabajo ni fue apoderado en el sistema público de educación.
Entre el año 2010 y 2014 fue Jefe de la división jurídica y Jefe de Asesores del Ministerio de Educación, por tanto fue funcionario del ministerio bajo el mandato de Harold Beyer, quien fuera destituido en el senado por "negligencia para fiscalizar el lucro en la educación superior".
El 2014 funda Acción Educar, fundación que tiene como propósito contribuir al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación, en su página se evidencia su línea de estudio respecto a los efectos en la inversión en educación. Hasta el año pasado se desempeñó como director ejecutivo de la institución, hoy es una de las instituciones de experto consultadas para comprender el conflicto educativo.
También dentro de su curriculum, se destaca que fue profesor en la facultad de derecho de la PUC y en la Universidad Andrés Bello. En esta última fue también secretario académico y director de postgrados de dicha facultad.
Pero el punto más importante, junto con ser máster en derecho empresarial, es tener experiencia en litigios y negociaciones complejas, que lo harían “competente” para enfrentar desde el gobierno una de las carteras ministeriales históricamente más difíciles de llevar, la cual hoy se encuentra actualmente en paro indefinido de docentes, paralizaciones de advertencia en la Fundación Integra, secundarios manifestándose contra políticas como "aula segura" por restringir libertades democráticas y crisis en la educación superior con la pérdida de más de 27 mil becas de gratuidad para los estudiantes, lo que asciende el número total de pérdidas a 67 mil relegados desde que se comenzó a implementar.
Todo esto, en el contexto de una caída histórica en la encuesta CEP con un 25% de aprobación del gobierno, mientras la ministra Cubillos solo cuenta con un 36% de aprobación.
En su trayectoria como funcionario del ministerio, algunos medios han insinuado tensiones entre Cubillos y Figueroa, destacando el manejo técnico de este último y las críticas internas debido a la gestión e implementación de reformas estructurales, sin embargo hoy es una claro defensor de los proyectos impulsados por la ministra como “aula segura” y “admisión justa”, que ha generado enormes gastos a la cartera con las giras de difusión de la propia ministra.
Raúl Figueroa es un crítico de la gratuidad: “Insistir en la gratuidad universal como el aumentar el beneficio al 60% nos parece un error. La gratuidad no necesariamente garantiza mayor equidad”, dijo a El Dínamo en julio del 2017, donde agregó que “la gratuidad universal es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad". Además, para él la alternativa viable seria perfeccionar el sistema de créditos “lo que corresponde hacer, entonces, es retomar la senda que trazaron gobiernos anteriores y atender ciertos elementos que pueden mejorar el sistema de créditos estudiantiles”.
En el transcurso de la primera semana de paro docente en curso, la posición del gobierno, a través del subsecretario, fue completamente intransigente. Frente a los 80 mil docentes que marcharon por la alameda, apoyado de estudiantes, y 200 mil a nivel nacional, el subsecretario declaró que “esperaba” que los docentes “vuelvan a las salas de clases”, señalando no entender que motiva una movilización, argumentando que el Estado ya había invertido en la carrera profesional docente -más del 90% de los docente rechazo este proyecto- y esperaba resultados en la salas de clases. Es decir, seguir profundizando la educación empresarial, donde los establecimientos públicos y sus condiciones son cada vez más degradantes.
Su última intervención en los conflictos educativos la realizó en una negociación de 3 días con el Colegio de Profesores. Finalmente entrega una respuesta formal de 18 puntos, donde reivindica el proyecto de "aula segura" respecto a la seguridad de funcionarios, cuando el proyecto ha tenido una clara aplicación de criminalización. No hay ningún tipo de solución o reparación de la deuda histórica, no se reconoce la mención a educadoras de párvulos y diferenciales, se mantiene la intransigencia en el cambio curricular de historia, educación física y arte (ni siquiera se menciona éste último), tampoco hubo respuesta sobre el bono al retiro para los profesores que están en condiciones de jubilar, el resto de las respuestas son mesas y propuestas con verbos en tiempo futuro y propuestas indefinidas.
En cuanto a la titularidad de las horas de extensión exigida por los docentes, el subsecretario propone proyecto al parlamento. Es decir, una movilización que no se va con nada en las manos. Las votaciones de la consulta nacional pueden darle un nuevo impulso a la movilización docente, en una semana que se suma otro paro del sector educativo como son las trabajadoras de Integra y la reciente huelga de los trabajadores de la cuprífera estatal de Chuquicamata, de existir coordinación de las luchas en un combate común, existe posibilidades de que el gobierno retroceda en su intransigencia y las reformas anti populares que prepara como la reforma previsional y laboral, que buscan ajustar la vida de millones, mientras el gran empresariado no pierde ganancias, al mismo tiempo que las fugan de Chile.
