CASO KARADIMA. ¿Quién es el Juez que favoreció al Arzobispado en caso Karadima?

El caso Karadima causó conmoción a nivel nacional e internacional, por la brutalidad y el silencio en el que sus delitos se mantuvieron durante décadas. Fueron tres los demandantes que fueron abusados sexualmente por el ex párroco de El Bosque, quién luego de un largo proceso ante la justicia, fue declarado culpable el 14 de noviembre de 2011, luego de que en 2010 una investigación eclesiástica llegara a la misma conclusión de culpabilidad. Sin embargo, la justicia chilena no aplicó las penas correspondientes a los delitos por la causal de prescripción.

Luego de esto, los demandantes interpusieron una acción civil solicitando que se condenara al Arzobispado de Santiago, como ente representante y responsable de las actuaciones de Fernando Karadima, exigiendo el pago de una indemnización de 450 millones de pesos por daño moral, además de disculpas públicas.

Sólo cuatro años después, hubo respuesta a la demanda: el 16 de marzo se daba a conocer el fallo que resolvía la demanda interpuesta por Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Murillo en contra del Arzobispado, por el encubrimiento de los delitos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. El juez a cargo del caso, Juan Manuel Muñoz Pardo, rechazó la demanda.

“Que en la valoración de la prueba (…) no permite formarse convicción acerca de la existencia de coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago, en desmedro y sufrimiento de los actores, por insuficiencia probatoria. No resulta posible, asimismo, configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto. La tardanza en dar tramitación progresiva a las denuncias de dos de los actores, ha sido explicada por el Arzobispo de ese entonces, e incluso ha pedido perdón por dicho atraso”, sostiene el fallo.

Frente a esto, Juan Carlos Cruz, uno de los demandantes, decía a Radio Uchile: “Me parece un fallo cobarde. Un fallo en que por las pruebas, los testimonios, por el número de sacerdotes que declararon a favor nuestro y el número de documentos que se mostraron, dejaron en claro que desde los años 80 -por lo menos- el Arzobispado sabía de estos casos”.

Por su parte, James Hamilton declaraba en la televisión que “me parece una vergüenza que un juez chileno le limpie el nombre a la Iglesia. Este es un fallo a medida del Cardenal, se está riendo en la cara de nosotros, se está riendo en la cara del país”.

¿Quién es el juez Juan Manuel Muñoz Pardo?

Son 43 los años que Muñoz Pardo ha sido parte del Poder Judicial, en los cuales se ha caracterizado por su bajo perfil. No hay registros de entrevistas en profundidad concedidas a medios de comunicación, ni opiniones respecto a casos o conflictos mediáticos, según consigna Diario Uchile.

El mismo medio, en el intento de hablar con el juez, sólo se encontró con un alto funcionario de la Corte quién, negándose autorizar al ingreso del periodista, les aseguró que “conozco hace años al juez Muñoz y te aseguro que no habla con periodistas”.

Su carrera de abogado

En los últimos 10 años el nombre de Juan Manuel Muñoz Pardo ha estado presente dos veces en la quina propuesta para integrar la Corte Suprema. La última vez fue en 2012, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera envió un oficio al Senado donde escogía al juez, para integrar el máximo tribunal.

El apoyo a Muñoz Pardo era irrestricto por parte de la derecha, lo cual quedó claro en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lugar donde debía discutirse la propuesta para luego ser decidida en la Cámara Alta. Allí, los senadores de la UDI y RN le entregaron palabras de apoyo al abogado, destacando la calidad de su trabajo “en su labor como juez de la República y la buena opinión que ello despierta”.

Sin embargo, en la Comisión también estaba presente un legislador de la DC, que a pesar de que había un acuerdo previo de aceptar al candidato del oficialismo, generó una disputa al interior luego de que el ex Presidente, y en ese entonces senador, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se opusiera férreamente al nombramiento del magistrado ¿La razón? Un fallo absolutorio emitido por Muñoz Pardo en el caso del asesinato del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva.

Según una resolución emitida en 2009 por la 8va Sala de la Corte de Apelaciones, se dejó sin efecto lo dictado con anterioridad por el juez Alejandro Madrid, que implicaba acciones contra dos médicos que estarían involucrados en la muerte del ex Presidente. Aquí Juan Manuel Muñoz Pardo era magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, y su voto habría sido a favor del Recurso de Amparo presentado por los procesados del caso.

Así, la discusión en la Comisión debió posponerse, desarrollándose finalmente el martes 8 de enero.

Ese mismo día, el senador Eduardo Frei habría conversado, uno por uno, con los pares de su bancada democratacristiana con el objetivo de retirar el apoyo de la Concertación a la propuesta de magistratura. Además de ello, también fue la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos quién hizo llegar una carta pública a los senadores de la instancia, rechazando enérgicamente la posibilidad de ascensión del juez.

El 9 de enero, Carmen Frei en entrevista con un medio de prensa, agregó que “el ministro Muñoz Pardo en los fallos de desafuero de Pinochet, siempre votó en contra. Por ejemplo, votó en contra del desafuero de Pinochet en la Operación Cóndor, en la Operación Colombo, por los delitos tributarios. En el caso de El Melocotón, a él le tocó llevarlo cuando era juez del crimen y archivó este juicio sin investigar, entonces son antecedentes que hablan por sí mismos y que espero que se vean en el momento de decidir, porque está en juego la tranquilidad sobre todo para la gente joven, para que sepa lo que pasó y que haya justicia y haya verdad”.

Durante las semanas siguientes el PPD y el PS también decidieron apoyar la postura de Frei y frente a esto la votación fue pospuesta por varias semanas. Fue recién el 6 de mayo de 2013, cuando el Presidente de la República retiró su solicitud para el nombramiento, dejando a Juan Muñoz Pardo fuera de la carrera hacia el máximo tribunal.

Católico, ultra conservador, de derecha y contra los Derechos Humanos

Sin embargo, este es sólo el antecedente de mayor mediaticidad que deja en evidencia los intereses del abogado.

En 1984 Juan Muñoz Pardo era juez del Crimen de Santiago, y allí recibió una querella presentada por 24 abogados en contra de Augusto Pinochet, por negociación incompatible y apropiación indebida de un bien raíz adquirido en el sector de El Melocotón, en el Cajón del Maipo. La decisión de Muñoz Pardo: sobreseer a Pinochet sin cursar ningún tipo de investigación.

Años después, en el marco de la investigación por el Caso Riggs, este fue el único delito que la Corte desestimó considerar viable para quitarle la inmunidad como ex Presidente a Pinochet, ya que estaba prescrito y sobreseído.

El 9 de noviembre de 2004 el Ministro Alejandro Solís, dictó sentencia de condena: al ex director de la DINA Manuel Contreras con la pena de 15 años de presidio, a los ex agentes Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 10 años y un día, y a Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a la pena de 3 años y un día de presidio, ambos en calidad de cómplices. Los condenados estaban acusados del delito de secuestro de Luis San Martín, acreditándose por testigos que se encontraba en el recinto de detención denominado Venda Sexy.

Luis San Martín, era un estudiante universitario de 21 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El 17 de diciembre de 1974, a Luis le hicieron desaparecer.

Sin embargo, en segunda instancia, el caso fue resuelto por la Corte de Apelaciones, en abril de 2005. La III Sala ratificó las condenas en contra de los cabecillas de la DINA pero allí el magistrado Muñoz Pardo votó por aplicar prescripción del delito.

La misma situación se dio en junio de 2005, donde Muñoz Pardo volvió a votar la aplicación de prescripción al caso de los detenidos desaparecidos Armando Pereira y su hijo Luis, ambos trabajadores agrícolas, que el 25 de octubre de 1974 se presentaron voluntariamente en la Comisaría de Parral, que al ser detenidos junto a otros trabajadores de la zona, también se les hizo desaparecer.

A finales de 1973 el argentino Bernardo Lejderman y su pareja, la mexicana María del Rosario Ávalos, junto con su hijo Ernesto, recorrían la Quebrada de Gualliguaica, en la zona de Valle del Elqui, en camino a Argentina. Una patrulla dateada encontró a la familia y los acribillaron. El único que logró salir con vida fue Ernesto de dos años. Juan Emilio Cheyre, miembro de la patrulla, entregó al bebé a unas monjas del Convento Divina Providencia.

La causa, prescrita por la justicia militar, fue reabierta por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones, que sentenció a diez años y un día de cárcel a tres ex militares involucrados en el caso. Los jueces de mayoría definieron los homicidios de la pareja como imprescriptibles dado su carácter de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, nuevamente Muñoz Pardo optó por aplicar la figura de prescripción.

En 1975, David Urrutia, militante del Partido comunista, fue desaparecido. Sólo veinte años después, en 1995, se hallaron los restos del joven Fuente Arteaga, Colina, teniendo evidencia además de que Urrutia habría sido ejecutado por miembros del ejército. Aquí Juan Muñoz Pardo y Alfredo Pffeifer, integrantes de la Corte de Apelaciones, confirmaron la sentencia de primera instancia que aplicó la prescripción en el caso.

¿Justicia para quiénes?

A principios de 2015 el ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Segundo Sáez Mardones, culpable del asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, en el denominado “Caso Degollados”, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del alcaide de Punta Peuco, por revocarle un beneficio carcelario.

En febrero de 2015 la segunda sala de la Corte, presidida por Juan Muñoz Pardo, acogió el recurso, devolviéndole a Sáez Mardones su derecho a salir del penal los fines de semana. Esto, a pesar de que en 1995 Sáez fue condenado a la pena de muerte por su rol de ejecutor en el Caso Degollados, ante lo cual los familiares de las víctimas acordaron conmutar esa pena por la de presidio perpetuo sin excarcelación.

Esto es sólo una muestra de cómo el fallo de Muñoz Pardo a favor del Arzobispado, no debiese sorprender.

Por su parte, los demandantes Hamilton, Cruz y Murillo anunciaron que apelarán a la decisión del magistrado, por ser claramente un fallo que busca defender la institución eclesiástica, más que buscar algún tipo de reparación para los demandantes.