Causa judicial. Quién es la jueza Capuchetti y cómo sigue la investigación del atentado contra Cristina Kirchner

La investigación judicial por el atentado a Cristina Kirchner cayó en el juzgado federal n°5 a cargo de la jueza Maria Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. La causa fue caratulada como "homicidio calificado en grado de tentativa" donde ya está detenido Fernando Sabag Montiel, quien se negó a declarar el viernes.

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El expediente en solo 24 horas ya acumuló 10 cuerpos, o sea 2000 hojas, donde constan las declaraciones de testigos en el momento del atentado, de los custodios de la vicepresidenta, allanamiento al domicilio de Sabag, y peritajes sobre el arma y para incorporar sobre su perfil económico e informático, entre otras medidas de prueba. La vicepresidenta ya declaró en calidad de testigo, y por el momento no pidió ser considerada querellante en la causa. Según trascendidos, allí confirmó que ella no se dió cuenta del momento en que fue apuntada por un arma, lo que coincide con las imágenes.

En los próximos días seguirán los pedidos de pruebas de la investigación y que la jueza determine el procesamiento de Sabag Montiel. Ahora todos los ojos se posan sobre Comodoro Py que tiene la responsabilidad de esclarecer lo sucedido. El lugar desde el cual justamente se precipitó la polarización política las últimas semanas, a partir del alegato del fiscal Luciani en el juicio por la obra pública pidiendo una condena persecutoria y proscriptiva para Cristina Fernández.

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El desprestigio hacia los jueces federales, que atan el destino de sus causas a intereses políticos y económicos, por parte de amplios sectores de la población, pondrá especial atención sobre cómo actúa en la investigación judicial la jueza Capuchetti, que ya intervinó en causas de alto impacto político con decisiones polémicas -al menos- y el fiscal Rívolo.

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti asumió al frente del juzgado en reemplazo a Norberto Oyarbide, en mayo de 2019.

Había trabajado dos décadas en los tribunales de Comodoro Py, donde estuvo junto a Sergio Torres, actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Posteriormente pasó al Ministerio Público porteño. Se le atribuye cercanía a Daniel Angelici por ser la hija del exjefe de Seguridad de la AFA Carlos Capuchetti, y por vínculos con Martín Ocampo, legislador porteño y ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. La elección de Capuchetti fue aprobada en el Senado con el voto de Cambiemos y el peronismo federal, mientras que el kirchnerismo votó en contra.

Desde entonces tiene bajo su responsabilidad causas de gran impacto político que llegaron a Comodoro Py, desde las denuncias por el espionaje ilegal del macrismo, la corrupción de Macri y los peajes, hasta el vacunatorio VIP del Frente de Todos, pasando por la grave criminalización a la protesta social contra el acuerdo con el FMI.

Protesta contra el FMI: El 10 de marzo de este año mientras los diputados votaban el acuerdo con el FMI hubo una masiva movilización frente al Congreso, que finalizó con la represión a un grupo pequeño, y detenidos, que con el correr de los días aumentaron a la par de la persecución a las organizaciones sociales que habían participado. Al día siguiente, Cristina Fernández publicó que hubo piedrazos en su despacho y denunció un atentado. La fiscalía porteña caratuló la causa de “asociación ilícita”, una figura creada y usada para perseguir organizaciones sociales y de trabajadores, donde organismos de derechos humanos y organizaciones políticas denunciaron las detenciones sin pruebas. Así se iniciaba el año con una campaña de odio, acompañada desde los medios, contra los que menos tienen, contra los sectores de izquierda, los trabajadores y quienes salen a luchar. Que continuó con distintos voceros, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, frente a muchas manifestaciones.

Cuando el expediente se remitió a Capuchetti, descartó la asociación ilícita y excarceló a tres detenidos: Julián Lazarte, Jaru Alexander Rodríguez Carrero y Oscar Santillán. Al mismo tiempo procesó a otros seis manifestantes por daño agravado e intimidación pública, en un fallo a favor de la criminalización de la protesta social, y continúa la investigación.

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Vacunatorio VIP: se inició con la denuncia de la distribución discrecional de vacunas contra el coronavirus, a raíz de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, que expuso como funcionarios del Gobierno habían invitado a personas cercanas a vacunarse en el 2021. El caso generó un fuerte cuestionamiento social a la gestión de Alberto Fernández, que tuvo que pedirle la renuncia a González García, ex ministro de Salud. Capuchetti inicialmente archivó el caso por "inexistencia de delito", pero la Cámara Federal ordenó su reapertura e investigación sobre los funcionarios que lo posibilitaron.

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Grupo Indalo: Uno de los primeros fallos relevantes que firmó Capuchetti fue el sobreseimiento de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la venta del Grupo Indalo, y por una presunta estafa millonaria a la AFIP. Allí dijo que no existieron maniobras para vender las acciones a pesar de los impedimentos judiciales. Ese fallo fue clave para que López y De Sousa pidieran su libertad al Tribunal Oral Federal N°3, a cargo del juicio por el caso Oil Combustibles.

"Club del peaje": En 2019 se comenzó a investigar un supuesto acuerdo entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) que le habría significado a esta empresa "una ganancia de 499 millones de dólares". La estafa se habría dado al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones. El juez Canicoba Corral había procesado al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, acusados por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La Cámara Federal, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dejó sin efecto esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Tras la renuncia de Canicoba Corral, el caso pasó a manos de Capuchetti, quien firmó la “falta de mérito” de los acusados porque según ella no hubo elementos suficientes en la causa para procesarlos.

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Mesa judicial macrista: Esta causa investiga a Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno por presionar a jueces y lograr fallos en su favor, o “castigar” a aquellos que no hubieran sacado resoluciones afines a esos intereses oficiales. Fueron denunciados junto al ex presidente, su ex jefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al ex secretario general de Presidencia Pablo Clusellas, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el último procurador del Tesoro de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el ex presidente del club Boca Daniel Angelici, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña y el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca. Los denunciantes también apuntaron al juez Gustavo Hornos por los ingresos a la Casa Rosada y a Mariano Borinsky por las visitas a la Quinta de Olivos.

D’Alessio es la causa que investiga al falso abogado Marcelo D’Alessio por presuntas maniobras de espionaje y extorsión, iniciada en 2019 en los tribunales federales de Dolores.

Espionaje ilegal AFI: Por decisión de la Cámara de Casación, Capuchetti quedó a cargo de la causa por maniobras de espionaje ocurridas durante el gobierno de Mauricio Macri, que se tramitaba en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Allí están acusados la cúpula de la AFI del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y Juan Sebastián De Stéfano. La jueza se excusó de la causa por sostener que la agencia de inteligencia investigó las entradas y salidas del país de la magistrada, y resolvió remitir a su colega Julián Ercolini, titular del juzgado federal 10, a fines del 2021.

Deuda ilegal del FMI: la denuncia fue realizada por Claudio Lozano en el 2019 contra la administración de Macri, en base a informes sobre el acuerdo “Stand By” firmado en el 2018 por el cual se endeudó al país por más de 50 millones de dólares. Luego fue ampliada por el Gobierno, y tiene como imputados a los exfuncionarios Nicolás Dujovne, Guido Sandleris, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Se los acusa de "defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos".

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