NUEVA LEY DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD. Quieren transformar Buenos Aires en un Gran Hermano policial

¿Qué es el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

PDC: Es una ley producto del convenio firmado a principios de año entre Macri y Rodríguez Larreta que dispuso el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. A pesar de que hace tiempo se viene discutiendo, una vez más van a traer a la sesión una ley a las apuradas que todavía se está negociando y que tiene más de 500 artículos. Hay además unas cuantas cosas que ni siquiera los diputados conocemos y donde siguen las tratativas con la Federal, una institución que está absolutamente corrompida y todos sabemos es artífice de los grandes negocios ilegales, como el narcotráfico, los desarmaderos, la trata en la Ciudad.

¿Qué implicancias tendrá en caso de aprobarse?

PZ: Lo primero que hay que decir es que implica un mayor cercenamiento a las libertades democráticas para todos, pero también mayor criminalización para los sectores más vulnerables: los jóvenes pobres y los niños, niñas y adolescentes. Los últimos casos de torturas sobre menores de edad no hacen más que dejar en evidencia el rol policial en este sistema Es importante remarcar que cuando nos referimos en nuestras denuncias a un sistema penal de clase, hablamos justamente de estos criterios selectivos de persecución y criminalización. Puntualmente, esta ley viene a legalizar un sinfín de situaciones que ya se venían dando y que en la mayoría de los casos la justicia de la Ciudad venia convalidando, ya sea desde el fallo del Tribunal Superior de Justicia. que amplia notablemente las potestades policiales para detener personas con el único justificativo del “olfato policial”, como también el fallo que autoriza a las Fuerzas de Seguridad a usar las pistolas Táser, a pesar que son consideradas un elemento de tortura en el ámbito internacional. Esta ley planea además de legitimar la saturación policial con más de 30.000 efectivos, incorporar todas las cámaras privadas de vigilancia y sumar nuevas para cubrir todo el territorio de la Ciudad, transformando Buenos Aires en un Gran Hermano policial que nada tendrá que envidiarle al de Orwell.
PDC: Para darse una idea de la magnitud de esta política tengamos en cuenta que en una ciudad como Nueva York hay un policía cada 561 habitantes. Esta saturación implica geográficamente que haya, en una Ciudad con 12.500 manzanas, dos uniformados por manzana, a lo que hay que sumar la “colaboración” de la seguridad privada. La ley plasma una política deliberada de control social sobre los sectores populares de la Ciudad sin atacar a las mafias de la ciudad vinculadas al narcotráfico o la trata de mujeres. Buenos Aires necesita más escuelas, más viviendas, no más cámaras de seguridad ni más policías.

¿Cómo será el nuevo sistema de vigilancia?

PDC: Como decíamos planean instalar cámaras por toda la ciudad y sumar todas las cámaras que ya están en funcionamiento. Esta “utilización del espacio público” tiene el objetivo de crear un “Gran Hermano” descomunal de vigilancia y control, que además no tiene objetivos explícitos detallados, sino que más bien deja entrever que es preventivo y de control. De hecho, en forma explícita mencionan que este sistema no tiene como fin principal realizar denuncias judiciales. Las cámaras de vigilancia privada se integran al sistema de video-vigilancia pública expandiendo por lo tanto toda la capacidad de monitoreo en forma descomunal. El monopolio de la información obtenida queda en cabeza del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de control. Estamos, por lo tanto, ante la concentración de un poder enorme que deja en evidencia un paradigma de vigilancia total. Al mismo tiempo no podemos dejar de mencionar que la inteligencia ilegal realizada, ya sea por fuerzas provinciales o del Estado Nacional, en el seno de organizaciones políticas, populares y de Derechos Humanos implica una persecución política y criminal que es la cara más nefasta de este sistema de vigilancia total que mediante la mega ley quieren legalizar. Es el escándalo de las escuchas del Fino Palacios y Ciro James multiplicado exponencialmente.

¿Qué se plantea respecto a la composición de esta nueva policía?

PZ: Creo que este es otro elemento clave que tenemos que tener en cuenta. Ya desde nuestra banca del PTS-FIT con Patricio Del Corro y miembros del Ce.Pro.D.H. hemos presentado este año un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde datos sobre los genocidas que prestaron servicios en la última dictadura militar y que ahora son parte de la Policía Metropolitana. Como era de esperar, aún no han contestado este requerimiento y la razón es muy sencilla; no pueden explicar porqué necesitan personal policial con formación militar para una fuerza que según ellos era de proximidad y vecinal. Por eso, siguiendo con esta lógica, ahora mediante esta ley dejan explícitamente establecido la posibilidad de que personal proveniente de las Fuerzas Armadas integren la nueva policía, es claramente una lógica totalmente reaccionaria.

PDC: Es lo mismo que hicieron con la Metropolitana. El Informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS, de los años 2011 y 2013 ya establecieron que 38 de los altos mandos de esa Policía, sobre un total de 52, cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar. No se parece mucho a esta idea de “policía de proximidad”.

¿Qué es el “mapa del delito” que pretenden poner en funcionamiento?

PZ: Bajo el eufemismo de un “mapa del delito” y la apariencia neutra de un análisis “científico”, intentan disfrazar la criminalización de los barrios pobres. Conociendo cómo se manejó el PRO todos estos años, con la UCEP que apaleaba gente en situación de calle, las escuchas del Fino Palacios, las represiones por la Sala Alberdi, el Indoamericano o el Barrio Papa Francisco, este mapa será utilizado para reforzar el control social sobre los barrios más vulnerables.
Lo que sería interesante es un “mapa del delito” sobre los verdaderos responsables de la inseguridad: los grandes narcotraficantes, los desarmaderos. Hoy la policía sabe cómo y dónde funcionan, pero es cómplice de su accionar y socio en los negocios. Así como está armado, este “mapa del delito” solo reforzará la idea mayor control social y será la excusa para desembarcar con más efectivos en la zona sur de la Ciudad.

El Pro dice que la nueva ley permitirá mayor control sobre la Policía

PDC: En estos momentos hay una negociación casi mafiosa con la Policía Federal, allanamientos a comisarías, aprietes, pases a disponibilidad. La realidad es que la Federal no quiere que nadie se meta en sus negocios tampoco. Ahora crearán una Oficina de Transparencia y Control Externo a la que se le deberán presentar Declaraciones Juradas Patrimoniales de todos los miembros de la Policía de la Ciudad, pero no está claro tampoco cómo convivirá con el órgano bajo la órbita de la Policía de la Ciudad encargado de llevar adelante los procedimientos disciplinarios. Lamentablemente, estas internas terminaron muchas veces con enfrentamientos violentos y zonas liberadas, donde los que lo terminan sufriendo son los sectores populares.

La ley incluye a la seguridad privada y al personal retirado de la policía. ¿Cómo entran en el proyecto que se quiere aprobar?

PDC: La ley plantea que la seguridad privada articula su actividad con el resto del Sistema de Seguridad Pública. Eso eleva la cantidad de personal involucrado exponencialmente. Si tenemos en cuenta que ya hoy la Ciudad de Buenos Aires está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de "seguridad" para las 12.255 manzanas. Esto significa que ya tenemos 2,5 policías por manzana y si le sumamos los 50.000 uniformados de las empresas de seguridad privada llegamos a 6,5 por manzana, terminando de consolidar a Buenos Aires en una de las ciudades con más personal de seguridad del mundo.

PZ: Y además deberíamos sumar al personar retirado. De hecho, la ley establece que “debe concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad, la prevención y la conjuración del delito” y que sus “actos cumplidos en virtud de este deber legal son considerados para todos sus efectos como ejercidos por personal en actividad”. Con esta concepción, el personal retirado también se suma a este verdadero ejército de ocupación.

¿Por qué hablan de mayor “control social”?

PZ: Porque es la clave del programa de seguridad que propone esta ley y estamos convencidos que traerá más inseguridad para los sectores populares. Mayor presencia policial que transformará los barrios en verdaderas cárceles a cielo abierto. Ya lo vimos con las torturas y vejaciones que sufrieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro en la Villa 21-24 por parte de la Prefectura en septiembre, pero ya es algo que se viene sufriendo hace años en la Capital, especialmente en la zona sur. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que la Policía Federal es la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes

¿Cómo está la discusión parlamentaria?

PDC: El PRO está intentando conseguir el mayor apoyo posible a esta ley represiva, pero en lo esencial hay acuerdo de todos los bloques, con excepción de la izquierda. El único pedido que hizo el peronismo de la Ciudad fue que se prohíba el uso de armas de fuego en las manifestaciones y a cambio de eso parece están dispuestos a dar carta blanca a la policía para cacheos arbitrarios, permiten el uso de instrumentos de tortura como las Táser y aceptan que ex militares formen parte de la nueva Policía de la Ciudad. Esta ley es un retroceso enorme en materia de derechos democráticos para todos, y en particular para los sectores más vulnerables, los pobres y los jóvenes, niños y adolescentes y es lo que vamos a seguir denunciando desde el Frente de Izquierda.