Ayer se llevó a cabo la última audiencia y lectura de la sentencia, con penas de 1 a 13 años para ex policías provinciales que operaron en el centro clandestino de la Comisaría 9 de San Pedro.
Valentina Schatz @valen.schatz Estudiante de Comunicación Social - UNJu
Viernes 16 de marzo de 2018
La última audiencia y lectura de la sentencia de la causa "Morales, Rubén Arturo y otros/privación ilegal de la libertad y otros" tuvo lugar en la tarde de ayer en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Jujuy, conformado por Mario Juárez Almaráz, Federico Díaz y María Alejandra Cataldi.
Los imputados eran Rubén Arturo Morales, Oscar Francisco Guzmán, Ramón Sánchez, Francisco Lauralicio Díaz, Virgilio Sergio Aldana y Aida Isabel Ruiz. Todos ex policías provinciales de la ciudad de San Pedro de Jujuy que prestaban servicios en la Seccional N°9 donde funcionó un centro clandestino de detención.
A pesar del testimonio de los sobrevivientes que dieron cuenta del accionar genocida de esta patota de la Policía Provincial, el TOF N° 1, dictó condenas de sólo 13 años en los casos de Ramón Sánchez, Francisco Díaz y Oscar Guzmán, para quienes el fiscal federal Carlos Amad había pedido la pena de 25 años. Mientras el ex comisario, Arturo Morales, para quien el fiscal había pedido la pena perpetua, fue beneficiado con una absolución en el cargo de homicidio de Víctor Segura, y recibió una condena de tan solo 12 años. Aida Ruíz y Víctor Aldana fueron condenados a 4 y 2 años, respectivamente.
El mismo Tribunal que condenó en diciembre de 2016 a la dirigente social Milagro Sala, a tres años de prisión por un escrache al entonces Senador Gerardo Morales, del que la imputada ni siquiera participó, y en un juicio plagado de irregularidades, desestimó el pedido de las víctimas de que las violaciones sexuales utilizadas como método de tortura sobre las mujeres fueran juzgados como delitos de lesa humanidad.
Los fundamentos de la sentencia de este juicio se conocerán el 17 de mayo próximo a las 16, en el TOF.
Los hechos
En este nuevo proceso judicial se abordaron hechos ocurridos en San Pedro entre octubre y diciembre de 1976, y abril de 1977. Fueron tres operativos distintos.
El primero tuvo lugar cuando efectivos policiales detuvieron a Jenny Aquín Exeni, Juan Carlos Valenzuela y Delmira Elida Garnica, secuestrados cuando se dirigían desde San Salvador a San Pedro de Jujuy, detenidos ilegalmente en la Comisaría 9, donde fueron torturados y sometidos a todo tipo de vejaciones.
El segundo procedimiento tuvo lugar en la heladeria "El Pingüino", de calle Sarmiento de esa ciudad ramaleña, el 20 de abril de 1977 en horas de la noche, oportunidad en la que un grupo de policías detuvo a Víctor Jesús Segura, estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán, quien continúa desaparecido.
El último operativo se realizó en la vivienda de Antonio Elías Díaz, oportunidad en la que un grupo de policías, allanó ilegalmente su domicilio y procedió a la detención del nombrado y de su amigo Raúl Oscar Nacer, quien también se encontraba allí.
La sentencia
Se dio inició a las 16 hs, una parte de los imputados renunciaron al derecho de expresar sus últimas palabras antes de la sentencia y la otra que hizo uso de éste, en realidad lo hicieron con un testimonio poco elaborado y siempre tratando de negar o bien de desligarse de haber sido partícipes de los delitos aquí cometidos.
Por su parte, los dos imputados: Arturo Morales y Francisco Díaz ejercieron su derecho de defensa para sostener su inocencia. El ex comisario de la Policía de Jujuy, Morales, reforzó su argumento alegando que su hermano, también indicado como parte de la patota policial y muerto sin juicio al respecto, fue el verdadero responsable de los casos.
La fiscalía solicitó para Arturo Rubén Morales la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta en calidad de coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”; coautor del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y coautor del delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Víctor Jesús Segura, desaparecido.
También solicitaron 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para Oscar Francisco Guzmán, Francisco Lauralicio Díaz y Ramón Sánchez como coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”; coautores del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y coautores del delito de “tormentos”.
Para Aída Isabel Ruíz, solicitaron la pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por ser partícipe primaria de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”, partícipe primaria del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y partícipe secundaria del delito de “tormentos”. Por último, para Virgilio Sergio Aldana el pedido de pena fue de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por ser coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas” y coautor del delito de “allanamiento ilegal”.
Así mismo durante las previas audiencias quedó de manifiesto el delito de violación cometido contra dos víctimas, hechos que las querellas solicitaron incorporar a la causa en tanto constituyen delitos de lesa humanidad que deben ser considerados de esa manera independientemente de los demás delitos cometidos, dado su carácter sistemático y su relación con los distintos métodos de castigos y quiebre de resistencia implementado durante el Terrorismo de Estado. Lo es la petición de que los delitos de violación sean incorporados a la causa, posibilidad a la que parece reticente la justicia federal jujeña y que se ha transformado en una de las exigencias de los organismos de DDHH de la provincia y del movimiento feminista.
Luego del cuarto intermedio se dio a conocer las sentencias:
Virgilio Aldana fue condenado a la pena de 1 año de prisión efectiva por ser partícipe secundario por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, en concurso real.
Francisco Díaz,condenado a la pena de 13 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real. Absuelto de la Privación ilegítima de libertad agravada de Yeny Aquin Exceni .
Oscar Guzmán fue condenado a la pena de 13 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Arturo Morales se le dictó la pena de 12 años de prisión por ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de libertad y fue absuelto, por el “beneficio de la duda”, del delito de homicidio calificado por alevosía de Víctor Segura.
Aída Ruíz fue condenada a la pena de 4 años de prisión por ser partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia. Absuelta por las torturas agravadas cometidas en contra de Delmira Garnica y Yeni Aquin Exceni.
Ramón Sánchez recibió la condena de 13 años de prisión por ser coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, en concurso real.
La diputada por el PTS- FIT, Natalia Morales, quien estuvo presente en la audiencia, señaló en diálogo con este medio "Hoy nuevamente la justicia demuestra que está del lado de la impunidad y de los genocidas dando condenas de 1 a 13 años de prisión o absolviendo de responsabilidad a 6 policías de San Pedro de Jujuy que participaron en al menos 3 operativos durante 1976 y 1977, en el marco de lo que fue un plan sistemático de genocidio y de las cuales una de las cinco víctimas sigue estando desaparecida. Tampoco el tribunal consideró las violaciones y abusos sexuales hacia las mujeres como parte del mismo plan sistemático. Mientras sucede esto, Milagro Sala sigue estando detenida por haber realizado una protesta y hay miles de procesados por luchar como Arakaki y Ponce, militantes del PO, a quienes intentan volver a meter presos”.
“Sabemos que el camino seguirá siendo el de la movilización en las calles, así como salimos contra el 2x1 a los genocidas, o por verdad y justicia ante la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Por eso este 24 de marzo desde el PTS FIT estamos llamando a movilizar en una columna independiente de Cambiemos y del PJ, ambos responsables del plan de ajuste que pesan sobre las espaldas del pueblo trabajador, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la criminalización de la protesta y por la libertad de los presos políticos. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los responsables de la última dictadura militar y por la apertura de los archivos secretos de la dictadura".
En las afueras del tribunal también se pudo apreciar el descontento y repudio hacia el resultado de la sentencia, ex detenidos y organizaciones de derechos humanos se manifestaron con carteles y cantos denunciando la impunidad y complicidad de los jueces.
