En las puertas del tribunal federal familiares y agrupaciones de derechos humanos denunciaron la medida judicial que favorece la impunidad para los genocidas
Sábado 17 de marzo de 2018 14:53
El último viernes 15 estaba fijado el comienzo del juicio por la causa Feced III, en la que deben ser juzgados catorce represores. Entre ellos se encuentra el ex capellán Eugenio Zitelli. Por primera vez en Santa Fe se sentará en el banquillo a un miembro de la iglesia católica acusado por crímenes de lesa humanidad, por segunda vez en el país luego del capellán de la policía bonaerense Von Wernich. Sin embargo dos días antes el tribunal anunció la postergación del inicio del juicio.
Esta decisión provocó el inmediato repudio de organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales, sindicales y políticas, que a través de un comunicado invitaron a concentrar en la puerta de la sede de tribunales "para repudiar este nuevo beneficio a los genocidas, para decir que cada postergación es otro paso a favor de la impunidad de los asesinos y torturadores”.
El argumento que los jueces esgrimieron es que uno de los miembros del tribunal estará comprometido en otro juicio federal, además del estado de salud de uno de los imputados. Argumentos pocos sólidos que se repiten cada año, y que buscan dilatar el inicio de las audiencias indefinidamente para consagrar la impunidad.
Esta resolución no es una medida aislada en el contexto judicial, días anteriores también había sido suspendida la causa Klotzman, donde deben ser juzgados veintinueve casos de crímenes de lesa humanidad. Estas maniobras son una nueva muestra de la complicidad del poder judicial y todos los gobiernos que continuaron más de cuarenta años ocultando las atrocidades de la última dictadura cívico militar. Se expresó con la sanción de las inconstitucionales leyes de obediencia debida y punto final, con el indulto menemista a los genocidas, con la negativa persistente de cada gobierno elegido por el voto popular a abrir los archivos de la dictadura, con el nombramiento de Milani, con el freno al desarrollo de las causas de los últimos años.
Por su parte el poder ejecutivo se suma a la agenda de beneficios a los represores. El Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– excusándose en la superpoblación de las cárceles ha presentado un listado de 96 condenados por crímenes de lesa humanidad a los cuales sugiere otorgar libertad condicional o prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. No tienen la misma consideración con los miles de jóvenes que se encuentran presos sin condena acusados de delitos menores, sobreviviendo en las cárceles en condiciones de hacinamiento.
Durante la radio abierta los familiares expresaron: "venimos esperando justicia hace más de cuarenta años, denunciamos que la mejor garantía de impunidad para los genocidas es la dilación de los juicios" . Continuaron: "la constante tortura que significa esto para las familias se encuentra legislado internacionalmente. Es una situación muy importante porque es una política de estado la de negar el terrorismo de estado, que se encuentra presente estos días bajo la ’doctrina Chocobar’".
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Norma Ríos, Claudia Gotta y otros representantes de la APDH, junto a Celina Tidoni del CeProDH
Desde APDH denunciaron que: "desde el poder se avala una política de ejecución sumaria, lo que ya ha dejado dos muertes registradas pero hay muchas más que se mantienen desconocidas". Además destacaron la importancia de esta causa que incluye más de 150 casos, de los cuales 80 serán la primera vez que lleguen a juicio".
El momento en que se dan estas maniobras es particular: a menos de 10 días del 24 de marzo, cuando se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-eclesiástico-militar del año 1976. En paralelo a los retrocesos judiciales se intenta reinstalar la teoría de los dos demonios como está sucediendo con el caso Larrabure. El fiscal Palacín consideró, con una impresentable resolución, que es "crimen de lesa humanidad", y ordenó continuar con el proceso, de manera totalmente inconstitucional al reabrir una causa ya prescripta. En este caso se intenta juzgar como un homicidio el suicidio del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte del ERP, igualando así los crímenes cometidos por el estado argentino y su aparato represivo, con los crímenes que le adjudica a una organización política.
Los organismos de Derechos Humanos invitan el próximo miércoles a las 9 horas a acompañar una audiencia que tendrá lugar en la Cámara Federal de Apelación de Rosario. Frente al tribunal se realizará una concentración para repudiar el intento de instuticionalizar el negacionismo y la aberrante teoría de los dos demonios.
Celina Tidoni, abogada y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) expresó "este 24 de marzo tenemos que ser miles en las calles luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, porque el estado nacional es responsable de la muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y los casos de gatillo fácil de las policías bravas provinciales de los gobernadores, que son alentadas por la ’doctrina Chocobar’. Allí no hay grieta a la hora de la mano dura, tanto el PRO como el Frente para la Victoria y el PS la aplican por igual."
Tidoni afirmó que: "este 24 levantamos las banderas de los 30 mil detenidos desaparecidos, seguimos preguntándonos dónde está Julio Lopez y pidiendo justicia por Facundo, Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar y todos los jóvenes asesinados por la policía bajo los gobiernos constitucionales. Marchamos porque se abran los archivos de la dictadura y para que todos los represores y sus cómplices civiles sean condenados en cárceles comunes. Marchamos también para saber dónde están todos los nietos apropiados".
