La matriz productiva argentina. Radiografía del agrobusiness y la producción de soja en Argentina

La dictadura militar de 1976 reconfiguró cualitativamente la estructura productiva de Argentina. El sector industrial, sobre todo en los años 90, se vio desmantelado por la apertura del mercado a productos importados más económicos. Como expresión de esto, “entre 1993 y 1999 el PBI total (medido a precios constantes de 1993) se incrementó más de un 18%, mientras que el industrial creció menos de un 7%” [1], sostiene Martín Schorr. Con un discurso que anunciaba fortalecer las “ventajas comparativas”, Argentina debía aprovechar los costos competitivos de la exportación de commodities para obtener dólares. Se produce una enorme desregulación del sector agropecuario, que parte de eliminar mecanismos estatales como los precios mínimos y máximos, los Entes Reguladores como la Junta Nacional de Granos y los cupos de siembra, cosecha y comercialización. En 1996, da un salto cualitativo en la producción con la aprobación de la soja RR (Roundup Ready) por Felipe Solá, secretario de Agricultura del menemismo, que implica una modificación genética para resistir a los agrotóxicos como el glifosato y otros herbicidas. Esto expandió la producción de soja de manera descomunal, llegando a ser el principal producto de siembra y exportación, pasando de 40.357.363 toneladas en la producción 2005/06 a 58.500.000 toneladas en la producción de 2015/2016 [2]. Esta modificación traerá aparejados importantes cambios en el sector agropecuario del país.

La “sojización”

A partir de ese momento, la utilización de la soja transgénica pasó a ser el cultivo casi predominante del suelo, con 16.318.060 hectáreas cultivadas en 2018 [3]. De acuerdo a un informe del INTA del 2015 [4], la soja cubre el 55% del área cultivable. Diferentes motivos explican estas cifras: el salto tecnológico que promueve la soja transgénica y el método de cosecha de siembra directa con el uso de agrotóxicos se generaliza en la producción, permitiendo utilizar menos mano de obra. A su vez, permite un corrimiento de la frontera productiva lo que implica mayores terrenos cultivables.

En el siguiente cuadro se verifica la superficie sembrada con soja en el año 1996/1997 respecto del 2013/2014.

Como puede observarse, representa un importante avance de la superficie cosechada. Además del salto tecnológico por nuevos sistemas de riego, se dio un proceso de desmonte donde primó la deforestación y la expulsión, sobre todo en el norte del país, de pueblos originarios y pequeños campesinos.

Entre 1998 y 2014 se realizaron procesos de deforestación de más de 4.000.000 de hectáreas, de acuerdo a un estudio del geógrafo e investigador del CONICET, Sebastián Gómez Lende. Allí constata que:

“Sólo cinco provincias -Santiago del Estero (35,1%), Salta (26,6%), Chaco (11,2%), Formosa (6,3%) y Córdoba (6%)- concentran el 85,2% del área desmontada en todo el país, justamente aquellas reconocidas como epicentro del agresivo avance de la soja en el norte argentino.” [5]

Esta tendencia no se ha revertido. De acuerdo a un informe de Greenpeace [6], entre 2016 y 2018 se deforestaron 515.074 hectáreas a nivel nacional, a pesar de la sanción de la Ley de Bosques implementada en 2009.

Por otra parte, en 2011, según fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación [7], existían 857 conflictos relacionados con la tenencia de la tierra en Argentina; afectando a 63.843 familias en una superficie de 9.293.234 hectáreas. Lo alarmante de esta situación es que utilizando como excusa la falta de títulos de propiedad de la tierra se desarrolló un violento proceso de expulsión de poblaciones. Son conocidos los casos en que se ha utilizado a las policías federales, provinciales y a fuerzas militares como la Gendarmería y Prefectura sobre los Mapuches en Neuquén, Chubut y Río Negro o en Chaco y Formosa sobre las poblaciones QOM para defender los intereses de los sectores más concentrados del agrobusiness.

Los increíbles beneficios que representaba la comercialización de la soja llevaron a una desplazamiento de la industria ganadera como también de otros cultivos. Pablo Anino y Esteban Mercatante explican que esta “sojización” se dio en reemplazo a los cultivos que se rotaban anteriormente para fertilizar el suelo o las variaciones entre agricultura y ganadería, siendo desplazadas por el monocultivo de soja. La ganadería que se realizaba en las tierras más fértiles de la pampa húmeda ha sido reemplazada por los feedlots, donde se controla la dieta de los animales en pequeños espacios de producción. Mientras que las hectáreas donde se producían trigo y girasol permanecieron estancadas aún cuando la superficie cultivable creció como nunca antes.

Como consecuencia de esta forma de cultivar,

“(...) no se devuelven los nutrientes al suelo. Al producir una tonelada de soja, se extrae del suelo 16 kg de calcio por hectárea, 9 kg de magnesio, 7 de azufre, 8 de fósforo, 33 de potasio, y 80 de nitrógeno. Mientras tanto, los fertilizantes químicos no devuelven estos nutrientes y tienen un alto índice de acidez.” [8]

¿Los dueños de la tierra?

El corrimiento de la frontera productiva junto con la mayor facilidad en la siembra, produjeron un aumento de la escala mínima óptima, es decir, que los dueños de la tierra deben tener más hectáreas cultivables en su poder para dedicarse ellos mismos a la producción y reducir los costos.

Este tipo de cultivo, al ser intensivo, necesita cada vez más capital para producir y menos mano de obra, lo que ha llevado a que surgieran nuevos actores: las grandes sociedades agropecuarias y los pools de siembra. Estos sectores han impulsado la incorporación a la producción de soja de sectores del capital financiero internacional. Empresas como los Grobo, Cresud, Werthein, Adecoagro (Soros), El Tejar, son sociedades entre agrimensores, arrendatarios y sectores del capital financiero que aportan los capitales. El aumento de estos sectores puede verificarse por el aumento del alquiler de tierras (arriendos). Los pequeños y medianos productores, frente a la renovación técnica, no pudieron asumir los costos técnicos y financieros o prefirieron convertirse en arrendatarios porque les era más rentable. Los más pequeños tuvieron que vender sus parcelas y desaparecer. Según datos oficiales, entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002 desaparecieron 87.689 explotaciones en todo el país. Para el CNA realizado en 2018 [9] habían desaparecido 82.652 explotaciones más.

Para poder realizar el cultivo, es necesario contar con el paquete tecnológico de soja modificada y herbicidas, que proveen unas pocas empresas dedicadas a esta ingeniería: Monsanto, Syngenta, Pioneer, Bayer, Basf, Dow, que controlan el 60% del mercado mundial de transgénicos y 74% de fertilizantes. Casi todas ellas, importantes multinacionales extranjeras. Hasta la actualidad, se aprobaron más de 60 productos transgénicos en la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), organismo que rige estos procesos. Carla Poth [10], en un estudio sobre la conformación y actividad de este organismo, señala sin embargo que el Estado no realiza sus propias investigaciones, sino que toma las realizadas por las propias empresas que solicitan la aprobación. A su vez, una importante cantidad de miembros que componen este organismo son representantes directos de las empresas productoras de transgénicos y fertilizantes.

Otro de los cambios ocurridos es el desarrollo de otro actor bajo la figura del contratista. Una vez obtenido el paquete tecnológico, es necesario incorporar la maquinaria y la mano de obra a la producción. El negocio del contratista reside en otorgar los últimos avances en maquinaria agroindustrial y en tercerizar la mano de obra, desligando al productor de la relación laboral. De acuerdo con una inspección en el 2019 realizada por el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el 87% de los trabajadores rurales presenta algún grado de informalidad. [11]

El último eslabón de la cadena productiva son las empresas que procesan y comercializan los granos. Se constituyen en un gran oligopolio que manejan el comercio exterior. De acuerdo a la elaboración de Pablo Anino [12], la campaña de comercialización del bienio 2018/2019 muestra que las diez primeras empresas exportadoras controlan casi el 93% del comercio. De esta cifra, el 63% son extranjeras: Cosco (China), Cargill (EEUU), ADM Toepfer (EEUU), Bunge (EEUU) y Glencore (Suiza). El resto se reparten entre las nacionales AGD, Vicentín, ACA y Molinos (29%).

Producción para alimentar ¿a quiénes?

Los defensores de la soja transgénica fortalecida para el uso del glifosato hablan sobre la importancia de la misma para la producción alimenticia de la población. Como si existiera un vínculo entre la mayor producción de soja y la disminución del hambre o de la pobreza. Lejos de eso, la mayor parte de la producción se exporta.

De acuerdo a los datos obtenidos por el CONICET [13], en el 2019, de más de 10 millones de toneladas de porotos de soja exportados, 8.962.115 toneladas se exportaron a China. Esto es problemático por dos aspectos: uno económico, ya que el mercado exterior de Argentina está casi monopolizado por un solo comprador hacia donde va el 87% de los porotos de soja exportados. El otro es porque el principal uso de este producto en ese país es para el desarrollo de engorde de animales. Mientras millones en el mundo mueren de hambre, el principal producto de Argentina se usa para alimentar animales por engorde, hacinados y en pésimas condiciones, método que ya ha generado enfermedades zoonóticas como el SARS, la gripe aviar y la gripe porcina, una verdadera industria del virus.

¿Quién debería apropiarse de la renta de la tierra?

Entender el problema del modelo productivo implica un desarrollo mucho más extenso sobre cómo las ganancias que se producen por la plusvalía obtenida del trabajo realizado en la producción agraria, conocida como renta agraria, son apropiadas por cada sector. Esto se da sobre la base del monopolio en la posesión de las tierras, que en muchos casos fueron obtenidas por los más violentos mecanismos de desposesión. Benetton, el dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia, es parte de una cadena de compra y venta de tierras obtenidas luego de las “campañas al Desierto”, donde el Estado Nacional llevó a cabo un genocidio contra los pueblos originarios para quedarse con ellas.

Quienes producen en las tierras más fértiles y los climas más propicios, o logran un mayor desarrollo tecnológico bajando los costos medios de la producción, logran una ganancia adicional, a la que se conoce como renta agraria diferencial. El arrendatario, como dueño de la tierra, se apropia de una porción a través del precio del alquiler. Los productores, contratistas y el resto de la cadena productiva se quedan con otro tanto. A su vez, el Estado se apropia de una porción de esta renta a través de retenciones. Con ella, puede potencialmente subsidiar a sectores industriales nacionales con menor productividad y menores ventajas comparativas que el agro.

Podemos entender entonces cómo la pelea por las retenciones ha llevado a conflictos con el sector agrario que le “disputa” al Estado: procesadoras que almacenan su producción en “silobolsas”, arrendatarios que alquilan sus tierras a altos precios, productores que reclaman por más devaluación, todos se alían, como se demostró en el conflicto del 2008. Estos actores se encuentran socialmente vinculados a la Confederación Rural Argentina, que participa activamente de la Mesa de Enlace.

Si bien el mecanismo de las retenciones, puede implicar una mayor o menor recaudación, está muy lejos de cuestionar el modelo productivo de Argentina, donde los beneficios adicionales de las ventajas comparativas a nivel global son apropiadas por los dueños de la tierra. Esto es una parte importante del problema del atraso y la dependencia del país. El hecho de que la cadena productiva, como se ha observado, además esté en manos de multinacionales extranjeras profundizan las cadenas del imperialismo sobre el país.

Para que la renta sea íntegramente apropiada por el pueblo trabajador, es necesario expropiar a los grandes dueños de la tierra, empezando por los 4.000 principales terratenientes que se apoderan parasitariamente de la renta solo por ser dueños, junto con el monopolio del comercio exterior, quitándole poder a las principales procesadoras como Vicentin.

Esta renta debe ser puesta al servicio de las necesidades populares y de cambiar la matriz productiva, desarrollando un modelo autosustentable que elimine el monocultivo, la deforestación, el desmonte y el uso de agroquímicos tóxicos para la población. Un modelo así debe ser discutido y desarrollado por una alianza entre los trabajadores del agro, sectores ambientales, pueblos originarios y pequeños productores, junto con las mayorías populares y en ruptura con el capitalismo. Solo así se podrá acabar seriamente con el negocio del agropower y cambiar de una vez por todas la matriz productiva del país.