Estudiantes y trabajadores acercaron donaciones a los vecinos de Nueva Unión que pelean por tierra para vivir. El pasado martes 13 fueron atacados por policías sin identificación que incendiaron sus casillas.
Sábado 17 de octubre de 2020 23:48
Solidaridad con la toma de Rafael Castillo: acercaron donaciones a las familias - YouTube
“Es feo ser tratado como un perro” explica Jorge mientras muestra las marcas de gasoil que aún se perciben en las chapas de una de las casillas de la toma del barrio Nueva Unión. El martes 13 de septiembre unos 50 policías, uniformados pero sin identificación ingresaron al predio de Rafael Castillo incendiando y cortando con motosierras las casillas, donde aproximadamente 300 familias disputan la tierra para construir vivienda digna en un predio abandonado hace décadas y convertido en basural. Además fue llevado a la comisaría un joven que protegía uno de los cuatro comedores.
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La brutalidad policial, ilegal contra quienes pelean por tierra para vivir fue repudiada ampliamente por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. “Hasta de Abuelas de Plaza de Mayo” dijo sorprendido uno de los jóvenes haciendo referencia a Nora Cortiñas.
Hasta el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA Andrés “Cuervo” Larroque se hizo el desentendido al ser interpelado en Radio con vos por Alejandro Bercovich, justo dos días antes de vencer la prórroga para desalojar la toma de Guernica. El mismo ministro “progresista” que ofrece migajas, ninguna propuesta concreta y criminaliza a las familias que necesitan tierra para vivir.
En la vereda de enfrente, trabajadores y estudiantes organizaron una colecta para solidarizarse activamente con las familias. De las universidades nacionales de La Matanza (UNLaM) y Hurlingham (UNaHur), del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y los laburantes precarizados de La Red llevaron donaciones que juntaron en una veloz campaña al barrio Nueva Unión. A esta la solidaridadya se habían sumado desde la toma de Los Ceibos de Gonzalez Catán.
Alimentos no perecederos, ropa, colchones, chapas, camas fueron parte de lo juntado por decenas de jóvenes que encuentran en quienes toman la tierra para vivir un ejemplo de lucha. Esa unidad de todos los agraviados, trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y estudiantes muestra una coordinación necesaria para enfrentar movilizados en las calles el plan de ataque que patronales y gobierno intentarán seguir descargando sobre millones de trabajadores junto Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo por dar un ejemplo, el presupuesto 2021 presentado por el presidente Alberto Fernández calcula pagar diez veces más en la deuda del FMI que en vivienda, mientras la vivienda habitacional en Argentina supera los tres millones de personas y no deja de crecer.
La crisis económica cada día pega más. Los despidos y la imposibilidad de hacer changas por la pandemia fueron una estocada para millones de familias con trabajos informales que perdieron sus alquileres, hacinados entre familias o directamente terminando en la calle.
“Acá no está la opción de bajar los brazos”
Tanto el municipio de La Matanza encabezado por Fernando Espinoza, como el gobierno provincial de Axel Kicillof siguen sin dar respuestas estructurales que vienen de hace décadas y dan vía libre a los operativo ilegales encabezados por la bonaerense. “Que vengan a reprimir con itakas, motosierras y bidones de nafta no es diálogo” dice uno de los vecinos. “Quince veces levantamos el barrio y lo vamos a hacer todas las veces que sean necesarias”. La perseverancia de quien no tiene nada que perder porque han quitado todo. Y aprovecha para dar un consejo a los vecinos de Guernica: “Sigan resistiendo, que peleen por un techo para sus hijos, El trabajador tiene que luchar”.
En Nueva Unión “estamos sin agua, sin luz ni gas y los vecinos son lo más solidarios que hay”. Esa solidaridad de clase deberá ser desarrollada cada vez más para enfrentar a quienes presentan como natural la miseria de millones. La organización en asambleas de vecinos se hace clave para fortalecer la pelea por tierra y promoviendo la movilización para conseguir las demandas. El predio abandonado hace décadas debe ser expropiado por el Estado y declarado de utilidad pública para poner en pie un plan de viviendas y gestionado por los trabajadores y vecinos, que son los únicos interesados realmente en las necesidades populares.
