Se cumplen seis meses del asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche fusilado por la espalda bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el juez Gustavo Villanueva. A seis meses de su asesinato el Gobierno y el Poder Judicial continúan garantizando la impunidad.
Amelia Robles Redacción Neuquén
Viernes 25 de mayo de 2018
El 25 de noviembre pasado por la tarde, el mismo día que Santiago Maldonado estaba siendo velado, el Estado se cobraba una nueva víctima. Rafael Nahuel de 22 años ingresaba sin vida al hospital Ramón Carrillo producto de un disparo por la espalda de un arma calibre 9 milímetros .
La comunidad Lafken Winkul Mapu integrada por unas cincuenta familias en la zona de Villa Mascardi en Bariloche, desde el día 23 de noviembre de 2017 sufría un brutal desalojo ordenado por el Juez Villanueva. ¿La excusa? Parques Nacionales se arrogaba el territorio de la lof (comunidad) y la Justicia decidía orquestar un operativo conjunto compuesto por el grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y Gendarmería para efectuar el desalojo.
En un video de aquel jueves 23 de noviembre, se puede observar el enorme despliegue represivo: más de 450 efectivos para desalojar a cincuenta familias.
El resultado inmediato sería la detención de varias personas, entre ellas cinco niños de entre 1 y 10 años. Hecho que despertó inmediatamente una gran indignación al darse a conocer imágenes de los menores detenidos con precintos en sus manos.
Dos días más tarde Rafael Nahuel, "Rafita" como le decían era asesinado y otras dos personas resultarían heridas también por armas de fuego.
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El Estado es responsable
Al igual que con Santiago Maldonado, el Gobierno nacional, en complicidad con los Gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro, actuaría garantizando la impunidad bajo el mismo modus operandi: el encubrimiento.
Luego de criminalizar a la víctima, fraguar la escena del crimen y ocultar las pruebas, la ministra Patricia Bullrich saldría a legitimar el accionar criminal afirmando que se había tratado de un "enfrentamiento".
Otra vez el Estado justificaba la muerte de un joven utilizando el relato de un “enemigo interno” apuntando al pueblo mapuche y su relación con la ficticia RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como una operación política para justificar la persecución, la represión y la criminalización social.
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Desde un primer momento el Gobierno, en complicidad con los medios de comunicación intentaban culpabilizar a los propios integrantes de la comunidad por la muerte de Rafael. Las dos personas que bajaron de la montaña con Rafael herido son Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, quienes fueron indagados en el marco de la recuperación territorial, detenidos unos días y luego liberados pero procesados por el delito de ‘usurpación’. Ambos jóvenes hoy corren riesgo de ser nuevamente detenidos.
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Los peritajes en Villa Mascardi arrojaron como resultado que no hubo ningún enfrentamiento porque no se hallaron rastros de pólvora en las manos de "Rafita". Lo que si se pudo constatar es que se efectuaron al menos 114 disparos por parte de ocho efectivos del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.
En marzo de este año Parques Nacionales volvió a pedir al juez Gusavo Villanueva el desalojo de la comunidad. El pasado viernes 11 de mayo Villanueva resolvió rechazar el pedido del titular de Parques Nacionales, Eugenio Breard, quien es un conocido empresario dueño del exclusivo Country Club Cumelén de Villa La Angostura.
A seis meses del brutal asesinato de Rafael Nahuel, los responsables políticos y materiales continúan impunes
En el marco de la profundización de la represión, el ajuste, el saqueo y la criminalización de la protesta social, la lucha por el juicio y castigo a los responsables del crimen de Rafael Nahuel seguirá siendo una de las banderas del movimiento obrero, los sectores populares y las organizaciones de derechos humanos que salimos a enfrentar al gobierno, su justicia y sus fuerzas represivas.
A seis meses de su fusilamiento, Rafael Nahuel ¡presente!, ahora y siempre.
