RESTAURACIÓN BORBÓNICA. Rajoy, el Rey y la Judicatura contra el derecho de los catalanes a elegir su presidente

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Este jueves se ha conocido el último capítulo de la ofensiva judicial para hacer imposible la investidura de Carles Puigdemont. Rajoy ha pedido un informe al Consejo de Estado con el fin de impugnar la decisión de Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña, de investir a Puigdemont como presidente del gobierno catalán en la sesión que tendrá lugar el próximo martes 30 de enero.

Finalmente dicho órgano ha emitido un dictamen desfavorable a las intenciones del gobierno del PP, sin embargo éste lo ha pasado por alto y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PP espera que el tribunal que viene actuando como cámara de casación contra el Parlament desde 2010 lo admita a trámite y de esta manera quede legalmente bloqueada la posible votación de investidura.

También se ha pedido al Consejo de Estado que dictamine si un candidato que no está presente en la cámara legislativa puede ser investido. Rajoy, en una entrevista este miércoles aseguró una vez más que si “Puigdemont pisa suelo español con una orden de detención en vigencia, será detenido”. Por su parte la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, ha insistido ante la prensa que "El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro".

Como decimos se trata solo del último capítulo, solo este miércoles el Rey Felipe VI volvió a respaldar la escalada represiva en Catalunya desde el Foro de Davos, la Guardia Civil registró las sedes de Omnium y la ANC y se recibieron más de 60 nuevas citaciones judiciales contra miembros de los CDR.

A esto hay que sumar la decisión del juez Llanera de mantener en prisión a Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán que podría ser el otro “presidenciable” del bloque soberanista -el plan B de ERC- y que tampoco podría ser investido por negársele el derecho de asistir a los plenos del Parlament.

De esta manera lo que el bloque monárquico no logró por medio de la aplicación del 155, el cese del Govern, la disolución del Parlament y la imposición de unas elecciones signadas por la existencia de presos políticos, decenas de encausados y una Junta Electoral erigida en censora general del Reino -llegando hasta a prohibir los lazos amarillo en edificions públicos-, quiere imponerlo ahora por métodos aún más duros.

Todo vale para evitar que se vuelva a constituir un gobierno encabezado por quienes hasta ahora han sido la dirección política del procés catalán. De nada vale que el 47,5% de los votos fueran para las listas del bloque soberanista, respaldando las candidaturas de Puigdemont y Junqueras. El Estado central y la Corona -esa insttución a quien nadie ha votado ni votará, pero que ocupa la Jefatura del Estado- han decidido que “los catalanes no saben votar” y deben “corregirles”.

Se trata de un ataque antidemocrático que va mucho más allá de dirigirse solo contra estas dos figuras. Atenta contra el conjunto del pueblo catalán, al que se le niega el derecho a poder elegir libremente su presidente, y sienta un nefasto precedencte para los trabajadores y sectores populares de todo el Estado.

En primer lugar porque se trata de la punta de lanza de una ofensiva represiva mucho más amplia. El encarcelamiento de los Jordis y los consellers abre la veda para actuar igual -como ya se viene haciendo- contra cualquiera que ose a cuestionar la legalidad. Los Jordis llevan más de 100 días en Soto del Real acusados de haber obstruido la tarea de una comitiva judicial ¿no sienta esto un nefasto precedente para los activistas sociales que bloquean el paso a estas comitivas para evitar desahucios? ¿qué decir si a unos trabajadores se les ocurre ocupar su centro de trabajo para luchar contra el cierre o despidos? La prisión preventiva ya se venía empleando contra activistas y luchadores -como Alfon, los antifascistas de Zaragoza o los huelguistas del 2012 en Barcelona-, pero ahora amenaza con generalizarse mucho más.

Lo mismo podemos decir de todas las querellas en curso que son el fondo sobre el que se está imponiendo esta brutal injerencia. La aplicación de la Ley Mordaza antes de la escalada represiva contra el independentismo -que está llegando hasta las mismas aulas de primaria y secundaria- promete extenderse y agravarse, como viene sucediendo en los últimos meses con los numerosos casos de periodistas, raperos o twiteros condenados penalmente por delitos de opinión.

En segundo lugar porque de pasar, este ataque pone los cimientos para una restauración reaccionaria del Régimen del 78 en clave autoritaria y recentralizadora. Todo aquello que el Ejecutivo no pueda controlar directamente, bien por ser obra de un gobierno autonómico o municipal, bien por carecer de mayoría parlamentaria, será resuelto por la acción conjunta de decretos, jueces, fiscales y policías. Ya hemos visto los primeros ejemplo. Después de la aplicación del 155 el gobierno ha amenazado con aplicarlo al gobierno de Castilla la Mancha y Montoro ha intervenido las cuentas de la Generalitat valenciana o el Ayuntamiento de Madrid, entre otras administraciones.

Y por último, los fines que persigue toda esta ofensiva. De conjunto se trata de lograr una forma de gobernar mucho más bonapartista, basada cada vez más en los sectores más punitivos del aparato estatal, para poder hacer pasar los planes de ajustes que siguen pendientes. La deuda pública ya supera el 100% del PIB, se pretende liquidar el sistema de pensiones -que se torna insostenible en el marco de los regalos fiscales a las grandes fortunas y a los empresarios y los salarios de miseria y la precariedad- y avanzar con más reformas laborales. Para lograr estos planes ¿qué mejor que un Estado fortalecido para imponerlos llevándose por delante cualquier oposición desde el movimiento obrero, la juventud y los sectores populares?

Para quienes impulsamos Izquierda Diario ni Puigdemont ni Junqueras son nuestros candidatos. Sin embargo defensemos su derecho democrático elemental a poder ser investidos por sus diputados, respetándose el resultado del 21D, por las razones que hemos expuesto. Si la injerencia bonapartista de Rajoy, la Judicatura y el Rey se deja pasar, será un precedente nefasto para los derechos democráticos y sociales también, o en primer lugar, de los trabajadores y sectores populares.

Para ello sería imprescindible poder reactivar la movilización social en Catalunya, retomando la senda marcada por el 1-O, el 3-O y el 8N. La desmovilización decretada por el PDeCAT, ERC, ANC y Omnium solo esta sirviendo para dar oxígeno a esta ofensiva reaccionaria. Hay que exigirles que llamen inmediatamente a nuevas movilizaciones.

Por su parte los CDR y la CUP no pueden permanecer a la expectativa de lo que hagan quienes están, a todas luces, renunciando a plantar cara al Estado. Deberían ponerse a la cabeza de esto, junto a la izquierda sindical y exigiendo a las centrales mayoritarios ir a una nueva jornada de huelga general contra esta escalada represiva.

De igual manera en el resto del Estado hay que exigir a la Podemos e IU que dicen oponerse al 155 y a la restauración monárquica, que para que sus palabras suenen creíbles deberían impulsar un gran movimiento democrático en todo el Estado en solidaridad con Catalunya y contra la escalada represiva y las inadmisibles injerencia de la Judicatura en la investidura el President de la Generalitat.

Tomar esta lucha como prioritaria no tiene nada que ver con tener que brindarles ni a ERC ni a JxC el más mínimo apoyo político, menos aún cuando su claudicación desde el 27O se hace cada vez más palmaria. Desde la CRT no llamamos en su día a votarles y planteamos un voto crítico a la CUP con una exigencia de que ésta debía de abandonar su política de subordinación a ERC y el PDeCAT.

En nuestra opinión esto pasaría porque los 4 diputados de la izquierda independentista no se plegaran a apoyarles con su voto. ERC y JxC tienen los diputados suficientes para investir el candidato que acuerden, y aquellos que no pueden estar presentes deberían habilitarles los mecanismos telemáticos o de delegación de voto para que puedan ejercer su derecho de participación política. Si se niegan a ello por respeto y subordinación a la legalidad constitucional, serán ellos los responsables y quedará retratada una vez más que con los representantes de la burguesía y la pequeñaburguesía al frente solo se puede hacer el camino de la vuelta a la normalidad y al marco autonómico del Régimen del 78.

La CUP, que decidirá este fin de semana su posición de voto para el pleno de investidura del próximo martes, debería dar este paso elemental para empezar a plantear una “hoja de ruta” independiente a la dirección procesista, basada en impulsar una gran movilización social para conquistar la república catalana, darle un contenido social de clase y anticapitalista y vincular esta lucha con la del resto de la clase trabajadora del Estado contra el Régimen del 78.