OFENSIVA NEOLIBERAL. Rajoy pacta con Bruselas un ataque contra las empresas públicas y sus trabajadores

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El gobierno en funciones del PP ha acordado con la Unión Europea empezar a aplicar a partir del 1 de diciembre de 2016 una ley que posibilitará cerrar automáticamente las empresas públicas que acumulen dos años de desequilibrio financiero. Todo ello sin necesidad de considerar sí su actividad responde a necesidades de carácter social esencial o no.

El desequilibrio financiero es algo muy común, incluso en empresas muy rentables. Y ese será el único requisito que deberán esgrimir desde el Gobierno central para imponer, a ayuntamientos o comunidades autónomas, la disolución inmediata de empresas públicas, su posterior cierre y, por tanto, el despido masivo de cientos de trabajadores públicos, o en el mejor de los casos su trasvase al sector privado, empeorando profundamente sus condiciones de trabajo.

El plan diseñado desde el gobierno del Partido Popular plantea una doble alternativa posible para la supervivencia del servicio público a cargo de las empresas, pero que en realidad no es más que la antesala de su más que segura privatización: o las empresas pasan a ser financiadas por los propios ayuntamientos o comunidades autónomas, con todas las limitaciones que arrastran en cuanto a las posibilidades del crecimiento del gasto público y posible incremento de deuda; o el mismo consistorio o comunidad autónoma deberá asumir directamente la prestación del servicio, con las múltiples trabas legales, dado por ejemplo, la limitación existente en cuanto a la creación de puestos de trabajo directos por parte de los municipios o comunidades autónomas, al igual que también su imposibilidad para endeudarse por encima del techo de gasto impuesto desde el propio gobierno.

Aspectos, todos, que en la práctica impedirían taxativamente la posibilidad de asunción de dicho servicio por parte del organismo municipal o autonómico correspondiente, viéndose forzados con toda seguridad a su privatización, objetivo último real del gobierno de Rajoy de la Unión Europea en su cruzada neoliberal y de ataque furibundo contra los derechos de los trabajadores y las clases populares. En definitiva el objetivo es llevar adelante su proyecto político de desmantelamiento de todo el sector público y trasladando los costes de la crisis económica a los trabajadores, con lo que sus condiciones de existencia se ven continuamente empobrecidas.

Aspectos tan básicos como la realización de determinadas inversiones o transformaciones tecnológicas pueden empujar a cualquier empresa a tener algunos ejercicios deficitarios sin que por eso resulte ni siquiera inviable en términos puramente económicos, puesto que no implicaría para nada, y el gobierno, desde luego lo sabe, ningún tipo de quiebra o ruina económica. Y no por ello se cierran estas empresas, entonces ¿por qué en el caso de las empresas públicas se pretenden cerrar tan solo por tener dos ejercicios seguidos con algún tipo de pérdida económica?.

Esta amenaza, además, dirigida a las empresas públicas se conjuga, por otro lado, con la ley de Estabilidad Presupuestaria que atenaza al conjunto de las administraciones con respecto a sus posibilidades de ejecución del presupuesto y del gasto, así como en cuanto a la imposición de importantes limitaciones en cuanto al crecimiento de personal que han sido establecidas a través de esta ley, con lo que se cierra el círculo del ataque frontal y letal contra todo “lo público”.

El acuerdo PP-PSOE incluido en la reforma constitucional exprés del artículo 135, es el origen de todo este desarrollo legislativo y según el cual lo primero es hacer frente a la deuda por encima de cualquier otro gasto social, y es la base de toda esta política pactada con la UE. No en vano, el gobierno ya ha asegurado que con este nuevo ataque laboral se va a ahorrar durante este año y el que viene una cuantía que cifra en 813 millones de euros.

Hacienda ya se viene moviendo en esta dirección y no ha perdido mucho el tiempo puesto que desde hace tres meses ha enviado al menos 323 requerimientos a diferentes ayuntamientos reclamando ya el cierre de determinadas empresas públicas municipales. Esto ha venido generando gran inquietud en ciudades como Alicante, Málaga, Marbella o Gijón.

Con todo eso, el gobierno saca pecho y habla de que los ayuntamientos han finalizado 2015 con un superávit presupuestario del 0,44%. Pero lo que no dice es todo ello ha sido a costa de no satisfacer las necesidades de vivienda, sociales, económicas y culturales de la gran mayoría de la población.

Mariano Rajoy será investido este sábado como nuevo presidente de la XII Legislatura con la abstención del PSOE. Sin embargo, como vemos, el Gobierno en funciones no ha perdido el tiempo en empezar a acatar y aplicar los ajustes que demandan desde Bruselas. Y lo hace poniendo en peligro no solo los servicios públicos, sino redoblando la amenaza de despidos y ultra precariedad hacia las plantillas municipales.

Unos ataques que en los próximos meses no harán más que profundizarse, tal y como ya han señalado los “hombres de negro” del FMI y con un ajuste de miles de millones encima de la mesa para el próximo Gobierno “de facto” entre PP y PSOE.

Los “Ayuntamientos del cambio”, que hicieron bandera de la remunicipalización y la defensa de lo público, ni pueden ni se proponen ir hasta el final con sus programas electorales, por el simple hecho de que se niegan a atacar las bases de sustentación del sistema y que beneficia a un puñado de grandes empresarios.

Por todo ello, es ahora más necesario que nunca, ante los ajustes que vienen, retomar la movilización social y la lucha en las calles en defensa de los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras, contra la precariedad laboral y los despidos masivos.