Ni dos años de cárcel. Esta es la pena que cumplirá en total quien llevara a la mayor quiebra bancaria del Estado español, que costó al Estado 24 mil millones lucrándose con ellos. La Justicia es igual para todos, pero siempre hay algunos más iguales que otros.
Jueves 1ro de octubre de 2020
Rodrigo Rato está de racha. Dos días después de que la Audiencia Nacional le absolviera, junto a otros 32 directivos de Bankia, por la salida a bolsa de la entidad que llevó a la ruina a miles de pequeños ahorristas, el mismo tribunal – en este caso su Juzgado de Vigilancia Penitenciaria – le acaba de conceder el tercer grado.
En apenas 48 horas el que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar, padre de la mayor oleada de privatizaciones y presidente del FMI, se ha librado de la petición de ocho años y medio que solicitaba la Fiscalía y ve ahora aliviada su condena de cuatro años y medio – de la que aún no ha cuplido ni dos - por el escandalo de las tarjetas black.
Esta pena podrá cumplirla en un régimen de semilibertad, pernoctando de domingo a jueves en la prisión de Soto del Real, donde comparte pena con otros “celebrities” como Bárcenas o Villarejo. Los jueces entienden que es merecedor de este beneficio penitenciario por su “avanzada edad” (71 años), haber abonado la multa y devuelto la cantidad defraudada (100 mil euros) y porque “ha pedido perdón de forma voluntaria, pública y notoria”. Se ve que si eres banquero o rey la Justicia valora mucho aquello de “lo siento mucho, no volverá a ocurrir”.
La decisión se toma a pesar de que Rato aún tiene varias causas judiciales pendientes con peticiones de pena de 4 años, por un presunto fraude a Hacienda de 6,8 millones y cobre de 835 mil euros de comisiones ilegales por contratos de publicidad de la entidad. Vistas estas cantidades que la devolución de 100 mil euros sea considerado por el juez como un mérito a premiar es aún más indignante.
El guante de seda con que la Judicatura viene tratando a banqueros, políticos y miembros de la Casa Real, contrasta con el puño de hierro que estos mismos togados aplican a la hora de reprimir la disidencia política. Organizar un referéndum ilegal conlleva hasta 13 años de cárcel, componer un rap contra la monarquía 3 años de carcel o exilio y colgar una pancarta es motivo suficiente para inhabilitar un president autonómico.
Lo mismo para los delitos y faltas cometidos por quienes tienen que buscarse la vida en un marco de crisis económica y social cada día más profundo. Pequeños hurtos, la ocupación de viviendas vacías -propiedad muchas veces de estos mismos banqueros- o actividades como la venta ambulante tienen sobre ellas todo el peso de la ley y la Judicatura sigue llenado las cárceles en sus nueve décimas partes de pobres y personas en exclusión social.
