Rápido avance en el legislativo del acuerdo entre la mesa del sector público y el gobierno para un aumento de las remuneraciones. Pese al acuerdo suscrito, se mantiene el descontento debido a despidos en Universidades Públicas, además de la Dirección del Trabajo.
Miércoles 11 de diciembre de 2024
La semana recién pasada, la mesa del sector público y el gobierno anunciaron un acuerdo que implicará un aumento total del 4.8% de las remuneración. Dicho aumento se realizará de forma escalonada que contempla un incremento del 3% este año, seguido de un 1.2% en enero de 2025 y un 0.64% en junio del mismo año. Aunque la medida busca mitigar los efectos de la inflación sobre los trabajadores estatales, el acuerdo se da en un contexto de tensiones y movilizaciones previas.
Durante semanas, las organizaciones del sector público demandaron un incremento salarial del 7.5%, muy superior al inicialmente ofrecido por el Ejecutivo (4.1%). A esto se suma la controversia por los recientes despidos en áreas clave, como la Dirección del Trabajo y Trabajadores de universidades públicas, lo que ha generado un fuerte rechazo de las bases sindicales y un aumento de las críticas hacia el gobierno. Un asunto que derivó incluso en la denuncia contra el director nacional del trabajo Pablo Zenteno.
La situación ha puesto en el centro del debate al Partido Comunista, ya que la titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, es militante de esta colectividad al igual que Zenteno. Los despidos y el ajuste moderado han sido percibidos como un punto de quiebre entre las expectativas de los trabajadores y las decisiones del gobierno, tensionando la relación del PC con sus propias bases y con otras organizaciones sindicales.
Para un sector de las y los trabajadores del sector público, el reajuste no solo es insuficiente para enfrentar el alza en el costo de vida, sino que contradice las expectativas que se tenían sobre protección laboral que el gobierno había prometido al inicio de su mandato. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que el incremento es fruto de una negociación responsable que busca equilibrar las demandas sociales con la estabilidad fiscal del país.
Este reajuste y sus implicancias políticas serán determinantes para evaluar la relación del gobierno con el movimiento sindical en los próximos meses.
Por lo mismo las y los trabajadores no podemos esperar a que sea el gobierno comprometido con el "equilibrio fiscal" el que nos hará conquistar nuestras demandas.
