Si de algo se habla hoy en Argentina es que hay “crisis energética”. Se da como hecho que existe, pero nadie sabe muy bien a que se refiere.
Los trabajadores lo relacionan con los cortes de luz, con que cuando baja la tensión se queman electrodomésticos, con los aumentos en las facturas. Pero el problema es mucho más grave y con consecuencias de más largo plazo.
Mariano Saleh @duroms
Viernes 19 de septiembre de 2014
Ni “K” ni “EX”
Cuando se trata de energía hay dos grandes actores que se debaten la política energética: por un lado el gobierno Kirchnerista y por el otro el llamado “grupo de los ocho ex secretarios de Energía”, con el cual se referencia la oposición patronal.
Los ex secretarios de energía cuestionan la intervención estatal en el mercado eléctrico “a lo Guillermo Moreno” y que se llega a esta crisis por no haber “incentivado” a los actores empresariales a invertir.
El gobierno niega cualquier crisis, aunque admiten y le contestan a los Ex Secretarios de Energía que el sector estaba en debacle por la política de estos últimos. Los funcionarios defienden el Plan Estratégico Energético desarrollado por la Secretaría de Energía en el 2004 para señalar que se está en buen camino.
Ni unos ni otros cuestionan el hecho de que la energía es un “nicho” donde las empresas se dedican a extraer ganancias a costas de un servicio esencial. Ambos buscan favorecer a tal o cual sector empresarial para continuar con el robo a los trabajadores. Es que no hay otra forma de calificarlo más que robo si te facturan por encender la luz de tu casa para vestirte e ir a trabajar y una parte (la mayor) va directo a los bolsillos de los empresarios.
Lo que se hereda no se hurta
Las privatizaciones de los 90 desguazaron al sistema energético. Para pasar de manos del estado a las empresas privadas hubo que crear un mercado eléctrico que permitiera hacer de un servicio esencial para la vida humana, como lo es la electricidad, una fuente de ganancias extraordinarias para las empresas del sector. En 1991 se sancionó la Ley Nº 24.065 que estableció un nuevo régimen para el sector de energía eléctrica. Lo dividió en tres segmentos independientes de Generación, Transporte y Distribución operados por empresas privadas, y se creó una compañía CAMMESA encargada de “regular” el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y un Ente Regulador (ENRE). Las empresas multinacionales entran al sector eléctrico con una inversión inicial que luego fue disminuyendo a casi cero. Inversión en dólares, remesas al exterior en dólares. El esquema se vino abajo con el fin de la convertibilidad.
Este esquema “heredado” no se modificó ni un ápice. El gobierno dejó que los privados siguieran administrando las empresas, al mismo tiempo que estos dejaron de sostener la infraestructura y solo participaron mínimamente del aumento de la capacidad instalada. Las empresas que controlan el sector son principalmente multinacionales, verdaderos buitres como Endesa (española), AES (yanqui), Total (francesa), entre otras. Federico Bernal, principal defensor de la política energética del gobierno se sincera de la maraña de empresas multinacionales que controla el sector aunque la realidad muestre que la política es seguir beneficiándolas.
Subsidios para empresas “buitres”
El consumo de energético mide el pulso de la actividad de un país. Desde el ciclo de crecimiento económico iniciado en 2003 se calcula que la demanda eléctrica aumentó en promedio de 5% anual (63% en 10 años), pero la potencia instalada en estos 10 años creció apenas un 16%.
El esquema de privatizaciones se mantuvo inalterado en esta década, aunque lo que sí hubo fue el traspaso de unos buitres a otros, mas “Nacionales & Populares”. Con la devaluación de Duhalde, con tarifas en pesos el negociado de los servicios dejó de ser tan redituable para las multinacionales.
El gobierno les hizo un verdadero favor para mantener la tasa de ganancia con enormes subsidios y nuevos negociados con la obra pública. La mentada crisis se basa en que la generación es fuertemente dependiente de combustibles fósiles, que combinado con la escasez de gas natural y petróleo de producción propia, obliga al gobierno a importar el faltante para cubrir los picos en las estaciones que más lo requiere.
Esto lleva a una sangría de dólares que tanto necesita el gobierno. En 2013, 6.000 millones dólares de los 13.000 millones de dólares que se importaron de combustible fueron para generación. En 2014 se calcula que esa cifra va a ser el doble. Algunos “venden” la ilusión de que se va a volver al autoabastecimiento de combustibles con la nacionalización parcial de YPF, pero en la práctica se está lejos de ese objetivo.
Como si fuera poco, el ministro de Planificación Federal comandado por Julio De Vido premia a los buitres con préstamos por $500 millones a Edesur y Edenor para invertir en la distribución, el sector más endeble de toda la cadena y que a fines del año pasado estalló con las altas temperaturas registradas, que provocaron cortes de suministro en la mayor parte del país y que provocó cientos de piquetes en reclamo. También premió a las generadoras que no invirtió en reparaciones lo que llevó a una caída en la disponibilidad de potencia cercana al 25% (5.500MW), como es el caso de ENDESA Costanera a la que CAMMESA financió $400 millones.
Plan estratégico energético
La política energética adoptada por el gobierno a partir de 2004 fue simplemente de acompañar el crecimiento en la actividad económica. El principal déficit del plan es que no se propuso reducir la ya fuerte dependencia de los combustibles fósiles.
De los 9.000 Megawatts instalados en el período, 2400 Mw fueron de origen no-fósil (alrededor del 35,2%), principalmente de la conclusión de Yaciretá y Atucha II, obras paralizadas por la ofensiva neoliberal. Se construyeron centrales Termoeléctricas que tienen menor tiempo de construcción para capear el fuerte crecimiento de la demanda y la instalación de pequeños turbogrupos diesel altamente ineficientes que los instalan en ciertos "nodos" del sistema para cubrir fuertes picos en verano.
Este impulso de la obra pública permitió grandes negocios para empresas como Siemens y Electroingeniería, ambas sospechadas de corrupción.
La generación se basa en el 60% por combustibles fósiles, y se calcula que la dependencia del conjunto de la matriz energética del país por ese combustible es del 90%. El plan estratégico fue diseñado para el corto plazo y no para revertir la dependencia de una única fuente de generación.
En 1989 fue la última gran crisis con seguidillas de apagones debido a la baja generación de las hidroeléctricas por bajo caudal debido a la sequía de ese año y que ayudó como excusa para la posterior privatización.
La gran disponibilidad ambiental en el país para el desarrollo de energías alternativas como la geotérmicas, solares, eólicas, biomasa, además de la energía nuclear que posee grandes potencialidades en cuanto a extracción, enriquecimiento y construcción de centrales y que permite un factor de disponibilidad de generación entre 85 y 95% (contra 80% de las termoeléctricas, 50-70% las hidroeléctricas, 40% las eólicas y 15% las solares) vienen siendo desaprovechadas.
La Ley 26.190 para llegar al 8% de generación a partir de formas de energía alternativas a los hidrocarburos en 2016 se ve muy lejano teniendo en cuenta el 0,4% actual.
Los trabajadores del sector y los consumidores son los convidados de piedra en la planificación del servicio. Los barrios más pobres son los más predispuestos a sufrir los cortes durante todo el año y entre los trabajadores del sector abundan los contratados y tercerizados (cerca de 5.000 solo en el área de metropolitana de Buenos Aires según reconoce el propio gremio Luz y Fuerza).
Un plan estratégico tiene que partir de considerar a la electricidad como un servicio básico y no como un mercado más. La re-estatización de las empresas privatizadas en una empresa única y bajo gestión de los trabajadores es la única forma de garantizar el servicio de calidad basado en un plan que desarrolle una matriz energética equilibrada entre las diferentes fuentes de generación.
