Los choferes del transporte urbano de Córdoba llevan 13 días de paro.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Lunes 13 de julio de 2020 15:44
La Voz
Hoy lunes, hubo una convocatoria a una asamblea por parte de la conducción del gremio que se convirtió en una movilización de más de 700 trabajadores al palacio municipal de Córdoba. Allí, lejos de obtener una respuesta favorable a sus demandas, los recibieron la guardia de infantería, carros hidrantes y grupos especiales de la policía. El conflicto pego un nuevo salto con la represión y cacería de la policía del gobernador Schiaretti sobre los trabajadores
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El paro fue impuesto por choferes autoconvocados, principalmente de ERSA (la empresa que concentra más de la mitad de las líneas), quienes lograron la unidad desde las bases con los trabajadores de las otras empresas frente al ataque de las patronales y el gobierno. La medida que luego fue avalada por el sindicato es en reclamo del pago de salarios atrasados y el aguinaldo, en algunos casos, la empresa está llegando a deber más de 100 mil pesos.
Las propuestas del intendente Llaryora fue una verdadera provocación, pagar apenas 10 mil pesos de lo adeudado e imponerle una rebaja salarial del 12% con el pago del aguinaldo en tres cuotas. Las empresas alegan que la baja del corte de boletos debido a la cuarentena les quita rentabilidad, sin embargo han seguido cobrando cientos de millones de pesos en subsidios aunque hayan tenido las unidades paradas durante la mayor parte de la pandemia. Concretamente, las empresas reciben por parte de la Nación 115 millones de pesos y 91 millones de pesos de la provincia, mensualmente.
Aparte de ello, la recaudación en boletos, con cuarentena y 40 días de paro en mayo y junio fue de 1.110 millones de pesos. Recordemos que nuestra ciudad tiene uno de los boletos más caros del país, 35 pesos, con frecuencias pésimas que obligan a las y los vecinos a viajar hacinados habitualmente. Se ve que la “rentabilidad” de los empresarios se garantiza con el tiempo y la salud de los usuarios del transporte.
El esquema de emergencia que se baraja desde el municipio, aparte de la rebaja salarial incluiría que los sueldos sean pagados con subsidios nacionales y provinciales, en tanto los costos operativos repartidos entre municipio y las empresas. Un verdadero negocio redondito para las empresas monopólicas del transporte.
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Esta propuesta provocadora se convierte en un verdadero chantaje cuando se alega que sería la única forma de mantener los tres mil puestos de trabajo. Una nueva demostración que el decreto “antidespidos” del presidente Fernández es sólo papel mojado.
Desde la asamblea, que contó con un hostigamiento policial permanente, se rechazó por parte de la conducción este plan del gobierno y exigieron que se deposite inmediatamente la plata.
La bronca entre los trabajadores por no tener certeza sobre cuando cobrarían sus salarios o siquiera si se va a mantener la fuente de trabajo es cada vez más fuerte. La respuesta del gobierno fue a través de la policía, montando una verdadera cacería en la Plaza Italia, a un costado de la municipalidad, llevándose detenidos a ocho trabajadores, incluso tirando gas pimienta en la cara a trabajadores que estaban en el piso con tres policías encima.
Clarísimo como gasean en la cara a este laburante de UTA. Ocurre cuando ya estaba limitado para moverse. "Déjame respirar" dice en otra imagen un chófer detenido. Cualquier semejanza con la brutalidad antiobrera y racista de la cana yanqui no es pura coincidencia. Libertad ya! pic.twitter.com/qJnBfmn6XD
— Laura Vilches (@VilchesLaura) July 13, 2020
Se espera que ingrese en las próximas horas al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declare la emergencia en transporte público. No hay certezas sobre el contenido de la misma más allá que podrían reformar algunos recorridos y frecuencias para “optimizar” recursos. Sobre el mantenimiento de la concesión del servicio a las empresas, responsables junto al gobierno de haber llegado a esta situación, no se conoce nada aún.
El Frente de Izquierda, a través de la concejala Laura Vilches, está trabajando junto a un grupo de choferes, un proyecto de ordenanza para que la estatización del servicio, confiscando sin pago las unidades e instalaciones a las empresas (tal como lo prevé el pliego de licitaciones) y manteniendo todos los puestos de trabajo incluyendo respetar el convenio colectivo. También está previsto que el servicio sea gestionado por los trabajadores del transporte junto a asambleas vecinales. El proyecto también incluye la creación de una comisión que investigue todos los libros contables de las empresas para saber que hicieron con los subsidios millonarios que recibieron mensualmente durante años.
