El martes pasado concentraron en la plaza de Rivadavia familiares, vecinos y amigos de Fabián Argüello, a un mes de que apareciera sin vida en la comisaría del departamento del Este mendocino, luego de ser detenido por averiguación de antecedentes (DAI). Al grito de “Justicia por Fabián” se reunieron en la esquina adyacente a la seccional para reclamar contra la persecusión que ejerce la policía sobre los jóvenes del barrio Costacanal. Con Fabián, suman nueve los asesinatos en la comisaría de Rivadavia hechos pasar por ahorcamientos.
Martes 29 de diciembre de 2015 20:07
A pesar del dolor y la angustia, se trató de una manifestación pacífica. Pero con el correr de las horas la soberbia policial fue aumentando y la bronca de la gente también; pues alrededor de cinco policías con actitud desafiante, apostados en la entrada de la comisaría, se reían ante los reclamos. Dos policías motorizados (fuerza responsable de la detención de Fabián) daban vueltas custodiando la plaza y, cerca de las ocho de la noche, instalaron fuerzas policiales en cada una de las cuatro esquinas.
Con miedo ante lo que esto significaba y también conscientes de que la unión es la única forma de hacer frente a la impunidad policial, es que decidieron abandonar la plaza todos juntos por temor a represalias.
Fabián había sido detenido por un policía motorizado el 22 de noviembre (mismo día del balotaje que definió a Macri como presidente) cerca de las 9 am cuando volvía a su casa de un cumpleaños. El uniformado, tras un cruce de palabras y luego de haberlo esposado y reducido, lo golpea y lo patea en la cabeza. Una vez que llegan los refuerzos, otro oficial le pega un culatazo de escopeta en la nuca que lo deja inconsciente y convulsionando. Recién entonces deciden trasladarlo a la comisaría en la que perdió la vida.
Quince minutos después llega a la comisaría Deolinda Ochoa, la madre de Fabián, tras el aviso de una testigo. Tras horas de desinformación, vueltas y mentiras, le dicen que “su hijo se ahorcó”. En complicidad con la policía, el municipio de Rivadavia mandó a limpiar con máquinas el descampado donde Fabián había sido detenido y golpeado, borrando así toda evidencia. Recién luego de este hecho se realizaron las pericias.
La versión oficial, con todas sus contradicciones, no coincide de ninguna manera con lo que vieron los vecinos. Ni siquiera con las heridas en el cuerpo de Fabián, que no tienen signos de ahorcamiento y sí de golpes y raspones.
Durante las tres horas que duró la concentración, al menos ocho jóvenes fueron ingresados a la comisaría por DAI. Algunos de ellos nos contaban que les dolía la cabeza por los golpes recibidos.
También los amigos de Fabián y vecinos del barrio contaron cómo es su realidad. Lo cierto es que cada vez que salen del barrio no pueden andar tranquilos porque son perseguidos. Deben esconderse constantemente de la policía porque donde los ve, los detiene. Saben que son identificados por su ropa o el barrio en el que viven. Saben que la violencia aumenta en las noches, entonces la policía les tira baldazos de agua, o gas pimienta para luego entrar en grupo a golpearlos. Los pibes tienen miedo de manifestarse porque son conscientes de que se exponen a las represalias. Sin embargo ahí están, reclamando por Fabián.
Además, estuvo presente Estefanía Ochoa, sobrina de Daniel Torralba, quien fue encontrado ahorcado (también) en el penal de Almafuerte, a meses de cumplir una condena por hurto y luego de haber denunciado en repetidas ocasiones la violencia que recibía por parte de las autoridades.
Mendoza se sitúa en el tercer lugar en el ranking nacional de provincias con mayor número de casos de gatillo fácil. En esta provincia, un joven tiene más del doble de posibilidades de morir a manos del Estado y sus fuerzas represivas que víctima de la “inseguridad”. Es evidente que se trata de una política de Estado que cuenta con el aval y la complicidad de los diferentes poderes, que le garantizan a los policías involucrados la impunidad.
La DAI es una figura que sólo tiene lugar en Mendoza, es inconstitucional y fue instaurada bajo la dictadura de la “Revolución Libertadora” para perseguir militantes. La ley que la contiene es la 6722; su última reforma, realizada en 1999 afirma que un agente policial puede detenerte "Cuando fuere necesario conocer la identidad y antecedentes de una persona, en razón de conductas, circunstancias, conocimientos previos o actitudes que razonablemente induzcan a sospechar que ha cometido un delito o está a punto de hacerlo”. Esto habilita a la policía a criminalizar a determinados sectores, decir arbitrariamente que tal o cual rasgo o actitud son los propios de un delincuente y privarlos de su libertad por eso.
A fines del 2014, la diputada Cecilia Soria(PTS/FIT) presentó un proyecto de ley para que se derogue la detención por averiguación de antecedentes (67828). Porque es “inconstitucional y violatorio de los principios de inocencia, no discriminación y libertad”, porque es utilizado para cumplir con estadísticas y perseguir a personas de sectores periféricos y humildes, limitando su acceso al centro de las ciudades y creando así un estado de sitio. La DAI legitima el alto nivel de discriminación llevado adelante por la policía provincial, y aumenta el poder de fuego de una institución cuestionada profundamente por su vinculación a los grandes delitos como la trata de personas, el narcotráfico, los desarmaderos de autos, etc.
Allí, Soria menciona también el incremento de los casos de gatillo fácil. Sin embargo en el mismo año en que dicho proyecto fue presentado, el entonces gobernador Paco Pérez (FPV) se jactaba de las 50.000 detenciones realizadas en el primer trimestre de ese año por averiguación de antecedentes. Hoy Alfredo Cornejo, gobernador por el bloque Cambia Mendoza (UCR, PRO, Libres del Sur), pretende instaurar la figura del “defensor del policía”; para destinar más recursos del Estado para aumentar la impunidad de las fuerzas policiales.
La decisión del gobernador fue cuestinada por organizaciones de izquierda y llamaron a denunciar todos los casos de gatillo fácil y violencia policial. También insistieron en la necesidad de derogar la DAI, "para eso creemos necesario que todos nos solidaricemos con las familias víctimas y las acompañemos en cada movilización que realicen. Para que no haya más detenciones arbitrarias y ni un muerto más en manos de la policía" señalaron militantes del Frente de Izquierda que acompañaron la manifestación.
