A UN MES DEL 19-S. Justicia para los damnificados y reconstrucción bajo control de los trabajadores

Apenas hace un mes, uno de los sismos más destructivos luego del 1985 nos sacudió. Fueron nuestras hermanas y nuestros hermanos de clase los que quedaron bajo los escombros, como en el edificio de Chimalpopoca y Bolívar, como en Jojutla, Morelos y en cada una de las zonas afectadas.

Fue a las 13.14 horas del 19 de septiembre pasado. El terror que vivimos fue una de las consecuencias nefastas del sismo. Fueron los derrumbes, el fallo posterior de las comunicaciones, los momentos de desesperación de no saber cómo estaban nuestros seres queridos, ya que muchos estábamos en escuelas y centros de trabajo. Para quienes somos profesores tuvo también la enorme responsabilidad de proteger también a nuestros alumnos ante la catástrofe que estábamos viviendo, garantizar que salieran a salvo y apoyarlos.

Y enseguida, el cobijo cálido de la solidaridad que inundó las calles, con cientos de miles de jóvenes a la vanguardia que salieron a ayudar en las tareas de búsqueda, de rescate, de acopio para los damnificados. Por estas escenas que nos quedan grabadas en el corazón es que tenemos confianza en la enorme fuerza y capacidad de organización de la clase trabajadora y los sectores populares.

Recuento de daños

Solamente en la Ciudad de México según las cifras oficiales hubo 38 edificios colapsados y 228 muertos. Insostenible: en redes sociales se dieron a conocer numerosas denuncias de trabajadores o clientes que murieron al colapsar por completo o parcialmente tiendas departamentales y plazas. En los calls centers y supermercados los gerentes no dejaron salir a los trabajadores. En automotrices de Puebla, no permitieron parar la producción ni ir a ver a las familias.

Los inmuebles colapsados presentaban graves fallas en su construcción, como el Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos. Funcionarios de distintas instituciones habían habilitado su funcionamiento, aunque se presentaban distintas irregularidades en su construcción. Luego se supo que no se respetó el uso de suelo, que en los distintos inmuebles colapsados se usaron materiales y técnicas de construcción no aptas para suelos con alta sismicidad, como losa plana, prohibido en Chile y Estados Unidos. Así es la voracidad capitalista: sus ganancias por encima de nuestras vidas, de nuestra seguridad en un país de alto riesgo sísmico.

En el interior, las regiones más afectadas eran las que se predominaban edificaciones más antiguas y precarias, que se construyeron muchas veces en un contexto de pobreza, precariedad y rezago como en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, o en distintas regiones de Chiapas, también golpeadas por los huracanes de la temporada.

Quedaron destruidas innumerables viviendas, colapsaron escuelas y otras quedaron con graves daños, así como hospitales y algunos centros de trabajo. Aun numerosas familias están en la incertidumbre, ya que aún no hay peritajes o en otros casos edificios vecinos están en la lista de las demoliciones que definieron las autoridades. Muchos afectados se fueron a vivir con familiares y algunos otros en albergues.

Los negocios que preparan las autoridades

Un plan de reconstrucción de 2,700 millones de dólares, créditos con 9% de interés a los damnificados que puedan pagarlos –muchos ni siquiera tendrán acceso a ellos-, autoconstrucción, ofensivas “ayudas” de $3,000 para rentar viviendas y hasta un máximo de $120,000 para los casos de pérdida total, la activación del bono catastrófico -cuya contratación hace años contribuye a aumentar la ya abultada deuda externa- y una inmediata vuelta a la normalidad fueron las medidas del gobierno de Peña Nieto.

La banca y las constructoras –como Grupo Carso, de Carlos Slim- se frotan las manos de gustos y empiezan a hacer las proyecciones de los miles de millones de pesos que van a ganar.

Mientras tanto, a cada lugar afectado donde iban los funcionarios a sacarse la foto, la población los corría a gritos y empujones. Así como desbordó la solidaridad de los jóvenes, desbordó la indignación contra la “clase política”, por acaparar las donaciones para los damnificados, por no entregar ayuda, por condicionarla, por haber habilitado inmuebles inseguros, porque #LaCorrupciónMata.

Un grito airado resonó en redes sociales: #PartidosDenNuestroDinero, la exigencia de que los partidos dieran el dinero que se les asigna para las campañas electorales para el fondo de reconstrucción. Y los representantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), todos prometieron entregarlo. Pura demagogia: no dieron nada.

Artistas y deportistas de trayectoria internacional organizaron recolección de fondos para damnificados y conciertos. No se sabe dónde está esa ayuda. Los damnificados siguen en el abandono.

Ante la crisis social y política, una salida obrera y popular

Los trabajadores, las mujeres y la juventud no podemos dejar nuestro destino en manos de los empresarios y sus partidos. Hay que extender y profundizar la movilización de las primeras semanas tras el sismo y las protestas que este mismo 19 de octubre protagonizan familias damnificadas y organizaciones populares, como en el Multifamiliar Tlalpan.

En Oaxaca, los maestros organizados en la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dieron el ejemplo desplegando brigadas de voluntarios ante el sismo del 7 de septiembre. Lamentablemente, esto no lo retomaron los sindicatos que se reivindican opositores –como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la misma CNTE– ante el sismo del 19-S, aunque muchos de los sindicalizados se hicieron parte de brigadas a título individual.

Están a tiempo de revertirlo. Es necesario que convoquen a movilizarse para imponer un fondo para un plan de reconstrucción que atienda las necesidades de las mayorías–integrado y supervisado por los damnificados–, sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas (como la de Carlos Slim) y del no pago de la deuda externa. Que exija también la reasignación de presupuestos estatales y el federal –quitando fondos a la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina, protagonistas de la militarización, y a las corporaciones policiales, así como el recorte de salarios, prestaciones y gastos operativos de los altos funcionarios.

¡Que todo funcionario gane como una maestra!

Vendrán otros sismos, otros huracanes. Solo dejando de lado los intereses capitalistas las y los trabajadores, con la ayuda de profesionistas y científicos solidarios, podremos desarrollar verdaderos planes de prevención que permitan reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales.

Los anticapitalistas del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) decimos que si bien los sismos son naturales, sus consecuencias devastadoras no lo son. Es por eso que el impulso de la movilización debe incluir también la exigencia de juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, así como a las constructoras e inmobiliarias sobre las que pesan las casi 400 muertes.