Deuda odiosa. Recortan el Potenciar, pero el Gobierno le paga al FMI otros U$S 641 millones

Este lunes el gobierno argentino le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) otro vencimiento del crédito stand by por U$S 641 millones y cumplir sin falta con el cronograma de pagos estipulado. El monto equivale a 92 meses de pagos de Potenciar Trabajo a las 154.441 personas que fueron afectadas del plan por no haber podido hacer la validación. Nuevamente, las prioridades.

Los U$S 641 millones también representan más de dos veces los pocos dólares que el Banco Central pudo juntar en el mercado de cambios en lo que va del año (U$S 285 millones). Faltan dólares y sobra ajuste sobre el pueblo trabajador.

Con este pago ya suman U$S 2.597 los millones desembolsados al organismo durante enero, ya que el pasado 9 de este mes se realizó otro desembolso por U$S 1.282 millones y restan otros U$S 674 millones cuyo pago se prevé para el 30 de enero.

El cronograma de pagos sigue lo estipulado en el acuerdo stand by otorgado a Mauricio Macri en 2018, cuyo total previsto era de U$S 57.000 millones y se desembolsaron a la Argentina U$S 45.000, interrumpidos por la crisis de deuda y de fin de ciclo macrista. Pero el Gobierno de Alberto Fernandez, Cristina Fernández y Sergio Massa se encaminó a una reestructuración de la deuda, llevada adelante por Guzmán en primer lugar con los acreedores privados y posteriormente con el FMI. De esta forma se validó la deuda ilegal y odiosa.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas fue sellado en marzo de 2022 tras el apoyo de la oposición de Juntos. En el mismo se prevén nuevos desembolsos a la Argentina, con los cuales se van cancelando los vencimientos del crédito stand by, pero a costo de una mayor hipoteca y condicionalidades para el país. Por ejemplo, revisiones trimestrales del organismo que deciden si se aprueban o no los sucesivos desembolsos, en caso contrario el país es llevado a un default. Es también una nueva vulneración de la soberanía nacional.

Te puede interesar: Luz verde al acuerdo con el FMI: bienvenides al infierno

La última revisión trimestral se aprobó en diciembre del año pasado, que habilitó un desembolso de U$S 5.900 millones e implicó el visto bueno al plan de ajuste que está llevando adelante el ministro Sergio Massa, con apoyo de Cristina Kirchner.

De hecho, el informe del staff del FMI, previo a la reunión, subraya que “la prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica, se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”. El directorio del Fondo ratificó que hay que reducir el déficit fiscal primario al 1,9 % del PIB en 2023, es decir que los objetivos del programa permanecerán sin cambios durante este año.

No obstante, la situación es más compleja por la escasez de recursos, tanto de ingresos de divisas como de recaudación, que implicará la sequía que afecta la exportación de soja.

La próxima revisión se iniciará en los próximos días y auditará las cuentas al 31 de diciembre de 2022. El gobierno considera que los lineamientos generales estarían cumplidos. No obstante hay dos puntos en negociación por parte de los equipos técnicos de Economía y del staff del organismo.

De una parte, el organismo está renuente a reducir la sobretasa de interés que actualmente está pagando la Argentina por haber pedido un préstamos por encima de la cuota que le corresponde por su "membresía" al Fondo.

De otra parte, se encuentra la discusión sobre el costo de la guerra, ya que Argentina plantea que el conflicto bélico le costó al país un adicional de U$S 5.300 millones, pero para el FMI fue de U$S 3.200 millones.

Mientras el Gobierno sigue ajustando sobre "los últimos", los más vulnerables, en un país con 43,1 % en situación de pobreza (medición de la UCA), mientras siguen escaseando los dólares que frenan la economía, no duda en cumplir con los pagos del acuerdo con el FMI.

Te puede interesar: Éric Toussaint demostró que el Gobierno legitimó una deuda odiosa e ilegal