Austeridad. Recortes en el Sistema Nacional de Investigadores

El nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), publicado el martes 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación, fue modificado por las autoridades encargadas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), encabezadas por María Elena Álvarez-Buylla.

Uno de los grandes problemas es que estas decisiones es que se toman sin la mínima perspectiva de consultar a los docentes ni pensar en las necesidades de las mayorías trabajadoras, así, la ciencia se pone al servicio de unos pocos.

Otro punto es que el nuevo reglamento no toca autoritarismo con el que se ha venido manejando la ciencia y la tecnología en México, en él, una élite posee una gran masas de privilegios, pues se establece que “sus funciones son la conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna”, sin contemplar, en lo más mínimo, un mecanismo democrático que permita a los investigadores dar su opinión, y mucho menos resolver, frente a la política de Estado.

Además, una de las recientes modificaciones más problemáticas es la que redefine quienes pueden acceder a los estímulos del SNI, donde se dice que solo pueden tener: “personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México”. Esta importante modificación, podría parecer muy progresiva si entendemos que, los recursos públicos se destinen sólo para docentes de universidades públicas, pero la letra propuesta por las autoridades es muy engañosa y debemos analizarla con cuidado.

Profesores de universidades privadas

Debemos partir de que no todos los que reciben estímulos del Sistema Nacional de Investigadores son parte de las burocracias académicas, de hecho, esta es una ínfima minoría entre los profesores basificados. Muchas veces, son estos estímulos con los que un importante número de investigadores, completan sus ingresos, pues su sueldo base es bajo, lo que los orilla a entrar en una dinámica de dependencia económica, y dicha mecánica se reproduce tanto en universidades públicas como privadas.

En resumen, definitivamente, este nuevo reglamento no realiza modificaciones progresivas, ya que, de hecho, profundiza situaciones difíciles para los trabajadores que ya existían. Por ejemplo, en sus artículos 61 y 62, dice que “no pueden recibir los apoyos económicos, quienes no estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público”.

Lo que no sólo afecta a los investigadores de instituciones de educación privada, en realidad va contra la mayoría de los profesores del país, quienes se encuentran en la figura de asignatura, temporales o como sea que se les llame, que no cuentan con plaza, ni prestaciones ni ningún tipo de derecho laboral.

Por otra parte, dice que estos estímulos estarán “sujetos a disponibilidad presupuestaria”, tal como también lo plantea nueva la Ley General de Educación Superior (LGES), lo que implica una barrera legal para aumentar progresivamente la inversión del Estado en las universidades y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

O sea que, lo que se presenta como una medida progresista, es en realidad su contrario, ya que el CONACyT además de promover el abandono en la educación superior, promueve la elitización, cada vez mayor, de los apoyos, pues en su reglamento también promueve lo que ellos llaman “el avance del conocimiento universal mediante el impulso de la investigación de frontera”, cuestión que hemos tratado en otros artículos.

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¿Qué hacer en las universidades privadas?

Lo que requieren los académicos de escuelas privadas, es lo mismo que los de públicas en primer lugar, la basificación para la obtención de todos los derechos laborales mediante el acceso al Contrato Colectivo de Trabajo, además de la afiliación sindical.

Ante esta grave situación laboral, que nos prometen empeorara con los ataques que se acrecientan a través de nuevas leyes y modificaciones a las existentes, sería un gran paso adelante que los investigadores y académicos de las universidades privadas, tomen impulso con el ejemplo de las y los profesores de asignatura de la UNAM, organizándose para luchar por sueldos dignos para todos, que les alcance para vivir y no estén sometidos a las presiones productivistas, con el fin de dedicarse a la generación de conocimiento y enseñanza.

En este camino de lucha, si los empresarios de la educación privada llegasen a alegar que no alcanza los ingresos para el aumento de sueldos, basificación y mejores condiciones laborales, las y los trabajadores estaríamos en todo nuestro derecho de exigir la apertura de los libros de contabilidad para que se comprueben si su excusas son reales, y en caso de que pudieran demostrarlo, sería al Estado la exigencia de nacionalización de las escuelas bajo control de la comunidad educativa, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de las mayorías.

Junto con ello se requiere la reorientación productiva del CONACyT. Tiene que ser la comunidad educativa la que decida el curso del mismo, y no de una élite burocrática que no toma en cuenta las opiniones de las mayorías laboriosas, una medida así terminaría con el dominio de las castas doradas que dominan las universidades.

Si imaginamos que ambos sectores, de públicas y privadas, se unifican en la lucha por sus reclamos, que como vemos, son los mismos, podremos visualizar otro futuro, con cambios profundos en la educación superior, acorde a los que realmente se requieren en nuestro país.