La propuesta supone una medida de recorte social de cara a las negociaciones con la Comisión Europea. El Gobierno tiene que pagar la “hipoteca” que se ha contraído por los 140.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción y las jubilaciones están en uno de los puntos de mira. Unidas Podemos, CCOO y UGT se oponen, pero eluden responsabilidades políticas.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 15 de diciembre de 2020
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, prevé presentar en el Congreso el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social en las próximas semanas. Entre las medidas del proyecto está la elevación del período de cotización para calcular las cuantías de las pensiones de 25 a 35 años. Así aparecería en el borrador que estos días Escrivá planteó al resto de ministros del área económica del Gobierno.
La medida trataría de ajustar, a costa de las jubilaciones, las cuentas de la Seguridad Social y formaría parte de un proyecto más amplio de recortes sociales que está en discusión con la Comisión Europea. Ya que la asignación de los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción está condicionada al ajuste del gasto público que exige recortes de este tipo.
Este proyecto de Escrivá supone ampliar la reforma contra las pensiones que ya aplicó el PSOE en el año 2011 y que supuso elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, así como el período para calcular la cuantía de las pensiones de 15 a 25 años. Desde entonces se ha ido ampliando año a año el período de ese computo con lo que en el 2021 será de 24 años y se alcanzará la meta de los 25 en el 2022. Si esta nueva reforma sale adelante aún se alargaría más dicho período, hasta los 35 años, lo que prácticamente supone la totalidad de la vida laboral.
Una medida que trata, por lo tanto, de recalcular a la baja la cuantía de las pensiones. Las mejores condiciones salariales se suelen dar en los últimos años de cotización de la vida laboral, a pesar de la precariedad y de que se han ido suprimiendo derechos laborales como los pluses por antigüedad.
Unidas Podemos ha manifestado su desacuerdo con este proyecto de reforma de las pensiones, así como las grandes centrales sindicales de CCOO y UGT. De nuevo, una oposición de cara a la galería cuando se han apoyado los Presupuestos Generales del Estado, el Pacto de Toledo y toda la lógica de endeudamiento público que va a recaer, no en las grandes capitalistas y fortunas, sino en la clase obrera, los sectores populares o, como estamos viendo, en las pensionistas. Cuando son además las grandes patronales del IBEX35 las que se van a llevar la mayoría de los fondos europeos.
Yolanda Díaz o Isa Serra señalan que la medida que está proponiendo Escrivá no estaba en el en el programa de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo. Sin embargo, al participar del Pacto de Toledo ya aceptaron de hecho la anterior reforma de las pensiones que hizo su socio de gobierno en 2011 y que supuso un ataque en aquel momento. De esta manera, las grandes contrarreformas sociales aplicadas por Zapatero y Rajoy han sido mantenidas en lo sustancial e incluso reforzadas por Sánchez, con el apoyo de Iglesias, Garzón y las burocracias sindicales.
Mientras tanto la Comisión Europea exige nuevos recortes sociales y el PSOE es sin duda un alumno aventajado en esta materia. Por su parte Unidas Podemos sostiene una disputa discursiva con las posiciones ministeriales de Calviño o Escrivá, las alas más explícitamente neoliberales del Gobierno, pero sin proponer una alternativa consecuente a las políticas de ajuste y plegándose a ellas. Lo mismo que la burocracia sindical, que como UGT habla de aumentar el salario mínimo a 1.000 euros, pero que no están dispuestas a levantar un plan de lucha que haga oposición consecuente a las políticas del Gobierno.
Ahora bien, mantener una posición de independencia política y de clase para que las crisis la paguen los capitalistas exige la oposición frontal a estos gobiernos “de turno” y sus políticas. Exige desarrollar un programa político claramente anticapitalista que hable de impuestos a las grandes fortunas, del no pago de la deuda, de nacionalización de la banca y de otros sectores estratégicos de la economía, de expropiaciones de las viviendas en manos de fondos buitre, del reparto de horas de la jornada laboral con mejoras salariales o de la reducción de la edad jubilatoria.
Un programa que tiene que levantarse desde los barrios, dando la lucha en los puestos de trabajo y en los sindicatos. Implica apostar por la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras para romper la lógica pasiva y conservadora de una “izquierda” que lejos de asumir su responsabilidad política, se felicita por gobernar con el PSOE al servicio del IBEX35 y cuando se le permite mover una coma en sus leyes represivas y de ajuste social. Que quede claro que nunca la negociación en los despachos ha sido garantía de nada, todo lo contrario, la fuerza de la clase obrera está su organización y en la lucha desde sus puestos de trabajo.
