Desde el pasado viernes se está produciendo la vuelta escalonada a las aulas de los más de 8 millones de estudiantes matriculados (sin contar universitarios). Entre un mar de improvisaciones en la gestión por parte de las administraciones públicas y el peligro de rebrotes los centros educativos empiezan a abrir sus puertas.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Lunes 7 de septiembre de 2020 09:19
EFE/Raquel Manzanares
Se ha escrito y hablado mucho en medios de comunicación y tertulias sobre la vuelta a las aulas en el último mes. Protocolos, medidas de actuación, inversiones y un sinfín de medidas que supuestamente se iban a poner en marcha pero que finalmente en muchos casos han quedado en medias tintas.
Eso es lo que perciben profesores, alumnos y personal no docente, que desde el pasado viernes vuelven a su lugar de trabajo con la sensación de que el impacto de la covid es una cuestión de tiempo y azar ya que las medidas adoptadas hasta la fecha son insuficientes.
El pasado viernes las comunidades de Navarra y Madrid fueron las primeras en abrir las puertas. A estas se le suman este lunes las comunidades de Cantabria, Euskadi, La Rioja, Valencia y Aragón.
Si nada cambia, se prevé que Castilla y León abra sus centros el próximo día 8, el día 9 sería Castilla la Mancha mientras que Galicia, Andalucía, Asturias, Extremadura y Baleares lo hagan el día 10. Finalmente Catalunya y Murcia el lunes 14 y Canarias el martes 15, serían las últimas CCAA en abrir las nuevamente las aulas para este curso 20-21.
Algunos sindicatos y colectivos de profesores no han esperado ni al inicio de las clases para anunciar paros en las próximas semanas, como sucede en Madrid y en Galicia, entre otras CCAA. Denuncian que todas las promesas realizadas desde agosto no se han ejecutado.
Saltaba a los grandes medios este fin de semana que las diferentes administraciones buscan de forma desesperada casi 40.000 docentes para cumplir con el ratio de 20 alumnos máximo por aula estipulado para la vuelta al colegio. Un número completamente insuficiente como señalan desde CCOO, que apunta que serían 70.000 los docentes necesarios para alcanzar ese ratio en las aulas.
Ahora bien, ¿qué lógica existe en limitar la reunión a 10 personas en terrazas y establecimientos y permitir 20 alumnos por aula, un espacio cerrado y en el que convivirán varias horas al día? Más bien parece una medida limitada a las acciones que están dispuestos a tomar el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos en educación pública cada vez más denostada.
A esto se le suma que ya hay CCAA, como Madrid y Galicia que ya han asegurado que no podrán cumplir el ratio de 20 alumnos por aula. Falta de personal y también falta de infraestructuras. Una combinación que está acentuada por la covid, pero que tiene raíces más lejanas y profundas.
A estos dos aspectos de “prevención” se le suma otro aspecto de “gestión” de un sospechoso por contagio que también ha indignado a la comunidad educativa. La gestión de los casos de alumnos con síntomas de Covid serán detectados y atendidos en primer lugar por un responsable del centro. La norma, de forma increíble, no establece obligatoriedad en que este rol lo deba cumplir un personal médico.
Además de la sobrecarga de trabajo, las dificultades inherentes a la complejidad de la situación actual y al estrés de una situación incierta, los docentes tendrán que sumar la tarea de detectar y controlar los casos sospechosos de covid.
No hay profesores suficientes ni nuevos espacios acondicionados para la enseñanza que permitan la (insuficiente) bajada de ratio a 20 alumnos por aula, algo que algunas CCAA ya han dicho que no van a cumplir.
Tampoco el protocolo de actuación frente a un caso sospechoso, su gestión y el procedimiento posterior queda del todo claro (será la autoridad sanitaria la que decida los pasos a seguir). Entonces, con todo esto sobre la mesa ¿cómo se atreve el Gobierno de PSOE-Podemos y los gobierno autonómicos a decir que las aulas serán un lugar seguro?
¿Cómo puede ser que desde que finalizara el curso pasado no se hayan preparado medidas claras, apoyadas en una gran inversión, para garantizar la seguridad y la educación de los docentes, alumnos y personal no educativo? Claramente porque no es su voluntad.
Si alguno hubiera tenido voluntad política de hacer frente a los retos que el nuevo curso ponía sobre la mesa, se hubiera recuperado, como mínimo, el gasto educativo pre 2008 que suponía el 5% del PIB, 0.8% más que en la actualidad. Casi un punto porcentual que se traduce en casi 10.000 millones de euros de inversión.
Mientras la inversión en la escuela concertada (más de 6 mil millones) se mantiene, a pesar de mostrar su actitud segregadora hacía las familias con menos recursos estableciendo precios de comedor o actividades extraescolares a precios difícilmente asumibles para las familias más precarias. ¿Por qué ante esta situación de emergencia no se ha sumado la red de centros concertados a la red pública para sumar esos recursos y favorecer la implementación de mejores medidas de prevención?
Por no hablar de los recortes en docentes. Los gobiernos buscan desesperadamente 40.000 profesores para las próximas semanas, en el marco de un recorte de 20.000 entre 2012 y 2016.
Eso sí, lo que se mantiene es la política de precariedad y es que Madrid, por ejemplo, ya ha adelantado que los contratados actualmente tendrán contrato hasta diciembre, una vez se vea la evolución de la pandemia.
El plan es un absoluto disparate y las llamadas a la tranquilidad de Sánchez y el resto de presidentes un acto de hipocresía inhumana que pone en riesgo la salud de alumnos, docentes y trabajadores.
Por un retorno a las aulas con plenas garantías sanitarias
Tal y como exigen diversos sindicatos de de docentes, es necesario el incremento drástico de profesionales contratados. Pero para poder garantizar grupos reducidos de 10 – si tomamos como referencia el número máximo de personas que se permite reunir en el ámbito público y privado- sería necesario duplicar la plantilla, es decir contratar más de 700 mil, 18 veces más de lo que están proponiendo las distintas administraciones.
Si los espacios existentes no son suficientes es necesario intervenir tantos espacios públicos y privados como sea necesario, construir de forma urgente aularios provisionales e iniciar la construcción de nuevas escuelas e institutos. Para un uso racional de todos los equipamientos educativos, toda la red de educación concertada y privada debería ser intervenida igualmente, integrada en la red pública y ser puesta, como el resto de los centros, bajo el control democrático de docentes, familias y estudiantes.
En caso de que se volviera a plantear la necesidad sanitaria de volver a la docencia virtual total o parcialmente, ésta debería estar incluida en la jornada ordinaria de los docentes y se deben garantizar todos los medios tecnológicos y de conectividad de forma plenamente gratuita y universal a éstos y las familias, incluidas tutorías y acompañamiento a aquellas familias que más padezcan la brecha digital. Así mismo, la permanencia de los niños y niñas en el hogar debe incluir permisos retribuidos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban hacerse cargo del cuidado de los menores.
Medidas así, junto a la dotación de EPIs, equipamientos de prevención y personal sanitario, son las únicas que pueden reducir al mínimo el riesgo de que los centros educativos se conviertan en un vector expansivo del virus en las próximas semanas. Conformarse con menos, como están haciendo las direcciones sindicales en numerosas comunidades autónomas, es asumir un desastre anunciado.
Por ello las convocatorias de huelga que se empiezan a plantear deben extenderse a todo el Estado y, a través de asambleas virtuales y otras formas de coordinación, ser el punto de partida de plan de lucha hasta lograr un plan integral y efectivo para aulas seguras.
