Rectores de las conocidas Universidades del G9, a través de una carta a El Mercurio titulada “Consecuencias en educación superior”, hicieron manifiesto su descontento con el gobierno en materia de educación superior.
Martes 16 de enero de 2018
Desde que se comenzó a discutir el proyecto de ley de reforma a la educación superior, hubo conflictos entre los rectores de las universidades públicas estatales y de las universidades públicas no estatales, que más bien son las universidades privadas “tradicionales”. Este debate estuvo centrado en materia de financiamiento, principalmente.
Esta carta que realizan los rectores de la Universidad Federico Santa María, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, entre otras del G9, apunta a un conflicto que ya tiene data, que es del financiamiento de la educación pública.
Aunque han participado a través del CRUCh (Consejo de Rectores de Universidades Chilenas) en distintas discusiones respecto del proyecto de ley de reforma de la educación superior, plantean: “lamentamos enterarnos por la prensa de que el Gobierno ha considerado duplicar los recursos destinados al Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales, sin considerar ningún mecanismo de apoyo para nuestras universidades, evidenciando un sesgo y falta de reconocimiento a todas las universidades que forman parte del CRUCh.”
Además, señalaron: “Durante el largo período de debate legislativo, hemos mirado con interés el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, y solicitado que este programa se amplíe al CRUCh en su conjunto. Ello no solo no ha ocurrido, sino que se ha hecho evidente una política discriminatoria que alcanza además a otros instrumentos de financiamiento como el Fondo Basal por Desempeño”.
Y luego hacen un llamado a los parlamentarios y autoridades políticas a medir las consecuencias que puede traer tomar una decisión que para ellos pueda atentar al “desarrollo equilibrado de la educación superior en todo el país”.
Así como los rectores del G9, y por otro lado los del CUECh (Consorcio de Universidades del Estado), exigen al gobierno diferentes tratos preferentes, se debe incluir la exigencia de educación gratuita para todas las universidades públicas, para todos los estudiantes como un derecho social básico, con un marco regulatorio e institucional que erradique el mercado en la educación, exigiendo el fin y la penalización al lucro.
Mientras hay diferentes pleitos por arriba entre los rectores y el gobierno, y ninguno garantiza la educación como un derecho, en vez de un bien de consumo; los estudiantes se siguen endeudando y acreditando pobreza para poder estudiar con becas restrictivas. La pelea por una educación gratuita para todos y todas y de calidad, tiene que volver a estar al frente.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
