Las declaraciones de Enrique Graue de que ante la violencia en el campus universitario hay que incrementar la “vigilancia” policiaca, despiertan un fuerte repudio que debemos convertir en la organización de un amplio movimiento estudiantil contra la violencia hacia las mujeres y en defensa de la autonomía universitaria.

Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Martes 9 de mayo de 2017
En los últimos días, la comunidad universitaria se ha visto conmocionada por el feminicidio de Lesvy Osorio dentro del campus, expresándose una enorme indignación. Ésta fue alimentada por las escandalosas declaraciones del rector Graue, expresándose activamente el repudio a la violencia y la misoginia institucional con la movilización de más de 5 mil personas el pasado 5 de mayo en Ciudad Universitaria.
Ese mismo día, alertado por la respuesta en redes sociales que cuestionaba las declaraciones oficiales de la UNAM -que comparó el feminicidio con cualquier otro “acto ilícito dentro del campus”- así como las de la PGJ de la Ciudad de México -que criminalizaban a Lesvy por haber consumido alcohol-, el Rector publicó un pronunciamiento donde aseguraba el acompañamiento de la UNAM en la investigación del caso, así como el haber facilitado las grabaciones de vigilancia al ministerio público.
Graue concluye su reflexión sobre la violencia en el país, de la cual el caso Lesvy es un reflejo, alertando sobre la necesidad de problematizar "los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos anti sistémicos se desenvuelven en nuestras instalaciones", y más adelante habló de la "desocupación de nuestros espacios" como medidas que para él deben aplicarse al mismo tiempo que aumentar la vigilancia y el número de cámaras.
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Las declaraciones se acompañan de la valoración de distintos “especialistas” en la vulnerabilidad en el acceso al campus y “puntos inseguros”, tales como el espacio escultórico, los bigotes, el edén, los frontones o los puentes bajo la avenida Insurgentes. Hoy se divulga en medios que la UNAM reforzará la presencia de policía alrededor de las instalaciones y en las principales entradas.
Defensa de la autonomía universitaria
Sin embargo, ya en múltiples ocasiones el movimiento estudiantil ha repudiado este tipo de medidas, como durante las movilizaciones por Ayotzinapa, donde se descubrieron cámaras grabando activistas; las múltiples denuncias del movimiento estudiantil politécnico contra la presencia de la Policía Bancaria Industrial en sus instalaciones o las agresiones por parte de policías dentro del campus.
Lejos de garantizar seguridad, estas medidas fortalecen el aparato represivo contra los trabajadores disidentes y el estudiantado organizado. Además, son totalmente impotentes contra la violencia, como demuestran los botones de emergencia, las rejas, las cámaras, los torniquetes e inclusive campañas y protocolos como el "He for she". Estas medidas han demostrado su impotencia en una cotidianidad donde son las mismas autoridades quienes encubren acosadores, como se ha denunciado en múltiples ocasiones, y quienes alimentan la misoginia, como las declaraciones de Perelló en su apología sobre la violación o las de Graue en torno al feminicidio de Lesvy.
Ya Graue declaró que “autonomía no es igual a impunidad”, planteando la posibilidad de permitir el ingreso y operación de cuerpos represivos dentro de las instalaciones a raíz de su línea securitarista. Alertamos de la maniobra de las autoridades de aprovecharse del legítimo reclamo contra las condiciones de violencia que vivimos las estudiantes y trabajadoras dentro de la universidad, para fortalecer la represión y espionaje sobre los espacios de organización estudiantil.
Eso no sólo atentaría contra la autonomía universitaria, sino que, como en la Huelga de 1999 -cuando el rector Ramón de la Fuente abrió paso a la entrada de la policía federal preventiva para reprimir ferozmente la lucha contra las cuotas-, tendría como objetivo disciplinar a quienes se movilizan contra la violencia y apaciguar una posible nueva oleada del movimiento estudiantil. La línea de mayor seguridad de Graue es congruente con la política de mayor militarización que las autoridades nacionales y de los distintos estados han desplegado con la excusa del “combate al feminicidio".
La violencia contra las mujeres y el feminicidio son crímenes de Estado; es parte de una situación estructural y propia de las sociedades capitalistas y patriarcales. Luchar contra ello implica luchar contra el sistema capitalista; en alianza con las y los trabajadores, desconfiando de cualquier perspectiva que sostenga que el feminicidio es una cuestión individual y que debe ser combatida exigiéndole al estado medidas más punitivas.
¿Cómo enfrentar la violencia contra las mujeres en la UNAM?
Frente a la política de las autoridades universitarias, que buscan evitar que se desarrolle un movimiento combativo contra el feminicidio dentro de la UNAM, es imprescindible poner en pie una comisión investigadora independiente conformada por familiares de las víctimas, estudiantes, trabajadores y académicos, así como activistas, organizaciones de derechos humanos y referentes de la lucha contra el feminicidio a nivel nacional, como han exigido por años las madres de desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y el Estado de México, señalando la complicidad entre el aparato judicial y los asesinos, raíz de la impunidad en muchos de los casos de feminicidio.
Contra la inseguridad dentro del campus es indispensable ampliar la red de iluminación y de transporte, sobre todo a zonas alejadas de los corredores más frecuentados. Todos los casos de asalto o agresión se han dado en momentos con poca afluencia de gente en baños, pasillos y áreas verdes.
No pasa por reforzar la seguridad con la presencia de policía y vigilancia, sino porque la comunidad trabajadora, académica y sobre todo estudiantil se reapropie de los espacios, con actividades culturales y académicas, recuperando el carácter público de la universidad y su idea de extenderla a sectores a los que hoy se les niega el acceso a la educación.
Toda medida de seguridad tiene que ser discutida y acordada democráticamente entre la comunidad, con independencia de las autoridades, garantizando espacios para que se puedan discutir estas medidas en horas de clase, dentro de los cursos y en asambleas tripartitas. Para esto, es necesario desarrollar un amplio movimiento estudiantil contra la violencia hacia las mujeres y en defensa de la autonomía universitaria y que recupere la tradición asamblearia y democrática de organización desde la base con delegados rotativos, revocables y con mandato.
Este movimiento tendría que construir lazos con trabajadores y académicos, así como vincularse en perspectiva con otros sectores en lucha contra la violencia de Estado, el feminicidio y la represión en el país y que grite bien fuerte
¡Basta de violencia contra las mujeres! ¡Ni una menos en la UNAM! ¡Fuera policía de las instalaciones! ¡Si tocan a una nos organizamos miles!