El rector Carlos Araya firmó la resolución R-171-2020 que resuelve “no otorgar el ajuste salarial por incremento en el costo de la vida en el año 2020”. La rectoría argumenta que la inflación acumulada a mayo del 2020 es negativa, llegando al -0.22%, así como que la “administración universitaria ha considerado necesario y perentorio que la Universidad de Costa Rica aporte recursos para la atención de la población vulnerable de nuestra comunidad”.
Miércoles 1ro de julio de 2020
En medio de un ataque proveniente de la Asamblea Legislativa contra la autonomía universitaria, esta decisión de la “administración universitaria” afecta a miles de trabajadores que la Universidad mantiene en condición de precarización, a muchos de los cuales no les paga todos los meses del año y ni siquiera firman contrato laboral, atentando contra los más elementales derechos laborales. Además se suma al congelamiento de pasos académicos y otras medidas para reducir el gasto a través de la reducción del salario.
La “administración” y el Rector siguen al PAC
En primer lugar el argumento es falso ya que no ha sido “la admnistración universitaria” quien ha hecho ninguna consideración al respecto del congelamiento del aumento salarial. En realidad esta es la política emanada del gobierno del PAC, que está buscando la manera de descargar la crisis sanitaria y económica sobre el salario de la clase trabajadora. Es la continuidad de la política del gobierno, que no ha tocado ni un centavo a los grandes empresarios o a las empresas de zonas francas, que más bien han tenido crecimientos de dinámica económica de hasta 18% según el informe de política monetaria del Banco Central en el primer trimestre del 2020.
Es decir, que mientras unos pocos empresarios transnacionales aumentaron aún más sus riquezas, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras están pasando hambre en sus casas, enfrentando las reducciones en salario, jornadas y despidos que los empresarios han desatado y que ha sido legalizado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa
En este sentido la “administración universitaria” se está comportando tal y como lo ha hecho en los últimos tiempos, es decir, como fiel seguidora de la política neoliberal del falso progresismo del PAC, cuyos diputados hacen discursos en “defensa de la universidad” pero que en realidad dejan pasar el ajuste y la privatización dentro de la Universidad de Costa Rica.
Si la inflación se ha mantenido en números negativos se debe a que los precios del petróleo se han venido abajo, tal y como ha señalado el Banco Central. Pero esto no significa que el salario esté alcanzando para vivir, todo lo contrario.
El ahorro del teletrabajo
Se calcula que una empresa que adopte el teletrabajo se “ahorra” entre un 40% y un 60% en diferentes rubros, que incluyen el mantenimiento de oficinas, transportes, etc. Pero si es un ahorro para las empresas es porque esos costos se trasladan a las y los trabajadores. Es constante la queja respecto de que la virtualidad forzada que llevó adelante la “administración de la universidad” ha implicado muchas más horas de trabajo, así como la compra de computadoras y diversos implementos, una mejor (y más cara) conexión de internet, mayor gasto de electricidad en el hogar y la recarga de las labores domésticas, de cuido y reproducción. Todos estos son los rubros que la “administración” se ahorra pero porque traslada a los bolsillos de sus trabajadores esos gastos. Y ni hablar de los costos que se trasladaron a cerca de 40 000 estudiantes y sus familias.
Ninguno de estos hechos están en los “considerandos” del oficio de la rectoría y son mágicamente olvidados bajo la óptica de ajuste neoliberal de un rector que fue electo sin proceso democrático alguno, por 8 personas, el mismo individuo que en negociación de Convención Colectiva se reía ante las propuestas de los representantes de las y los docentes precarizados. Así es su sensibilidad.
La precarización y una casta de millonarios
Pero además del teletrabajo que le ahorra millones a la “administración universitaria” en función de la política pro-empresarial del gobierno, lo cierto del caso es que la Universidad tiene un modelo ya de por sí excluyente donde 109 autoridades universitarias ganan en promedio 4,665,419 millones de colones al mes, mientras que hay 1439 docentes interinos con tiempo completo, tres cuartos de tiempo y medio tiempo que ganan menos por el mismo trabajo según datos de la propia Universidad. Esto sin contar las y los docentes nombradas con un cuarto de tiempo o menos así como a todo el interinazgo administrativo, cifras que la “administración universitaria” simplemente no suministra en el informe de la planilla de mayo del 2020.
Lo cierto del caso es que son miles de personas, sin que se sepa exactamente cuántos, a quienes la administración los mantiene en el infierno de la precarización, la ansiedad, etc. Estos trabajadores y trabajadores necesitan del aumento salarial no para pagar la inflación, sino para sobrevivir con migajas durante los meses que la “administración universitaria” decide no pagar el sueldo. Y es claramente una decisión pues todas las plazas laborales de la universidad tienen un presupuesto asignado por el FEES, de manera tal que no hay excusa para no pagar salarios dignos.
El estructural carácter antidemocrático de la UCR
Todo este sistema de explotación del trabajo en la UCR es posible debido al carácter antidemocrático por el cual se rige la Universidad, que arbitrariamente se basa en que solo una pequeña representación estudiantil puede votar en las elecciones de rectoría, así como ningún docente en interinazgo y una bajísima cantidad de trabajadores administrativos (como secretarías) y operarios.
La Universidad implementó una virtualidad forzada del semestre. Pero cómodamente asumió que no habían condiciones para realizar la elección de rector, motivo por el cual se ha elegido a un miembro de la casta estamental que controla la Universidad para que, en una “elección” de 8 personas sea el responsable de llevar adelante los asuntos de la universidad, con consecuencias como el congelamiento del aumento salarial en función de la política neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado.
Que se pague el aumento salarial
Lejos de recortar el aumento salarial del 2020, la Universidad debería pagar a todas y todos los interinos el salario digno, igual salario por igual trabajo, durante todos los meses del año. Pero lo más necesario es que todas y todos los trabajadores interinos pasen a plaza indefinida dentro de la Universidad, una medida que solo redundará en el mejoramiento de la calidad académica y por extensión de toda la Universidad.
El SINDEU debe ponerse a la cabeza en la defensa de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras de la Universidad llamando a un plan de lucha contra el congelamiento salarial y demás demandas. El SINDEU ha hecho un tipo de “defensa de la Universidad” que es exclusivamente la defensa de un modelo desigual, neoliberal y de dependencia a las imposiciones del gobierno del PAC y del Banco Mundial, que son los agentes que están determinando realmente el destino de la Universidad hoy por hoy.
Es necesaria una completa transformación del modelo universitario como un mecanismo de defensa de la universidad pública y gratuita, donde las y los estudiantes, docentes y operarios sean activos en la toma de decisiones. Por ello es absolutamente imprescindible que se otorgue desde ya el voto universal y público a toda la comunidad universitaria en la elección de rectoría.
Defender la Universidad de Costa Rica contra los ataques de Liberación y de la derecha religiosa significa enfrentar a esa derecha pero también dar batalla interna en la Universidad para que el modelo obscenamente antidemocrático, desigual y falsamente progresista desaparezca y le da paso a una universidad al servicio de las más amplias masas laboriosas y de sus hijos e hijas.
