Según el gobernador de Michoacán, los “superdelegados” asumen competencias de poderes estatales. Una movida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el nuevo tablero de ajedrez de la política mexicana. Un desafío al flamante gobierno de López Obrador.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 4 de diciembre de 2018
Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán, dio a conocer que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de los superdelegados, figura que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador para concentrar la gestión de los distintos programas federales en una persona en cada estado.
“Por violentar la Constitución al invadir competencias de los poderes estatales, legal y democráticamente establecidos, hemos decidido interponer una controversia constitucional a la figura de los llamados ‘superdelegados’”, tuiteó Aureoles.
Abundó en la misma red “No podemos retornar a la época del centralismo, avasallando a los gobiernos locales con figuras intermedias; apostemos al fortalecimiento de una República federada, construida por todas y todos a lo largo de la historia de esta gran Nación”. La acción de inconstitucionalidad que se interpondrá será contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada en noviembre en el Senado de la Unión.
El domingo 2 de diciembre, el gobernador dio una conferencia de prensa junto con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, quien anunció que su partido también promoverá la eliminación de los ‘superdelegados’.
La resistencia de los gobernadores a la injerencia del gobierno federal en sus feudos ya se había expresado previo a la toma de protesta de López Obrador. Es claro que buscan defender ante todo el secretismo del manejo de las bolsas millonarias de los programas sociales, así como sus vínculos con el crimen organizado y el empresariado. Pero también es cierto que la figura de los ‘superdelegados’ no es garantía en sí misma de que no se negocie con el dinero de los programas y que no se utilicen para mantener el clientelismo con los sectores más pauperizados.
