El parlamento de la Nueva Mayoría y la derecha viene avanzando en su política represiva y criminalizadora, votando el control preventivo de identidad.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Miércoles 6 de abril de 2016
El control preventivo de identidad es parte de la ley corta de seguridad ciudadana, que se está discutiendo y aprobando en el congreso.
Se trata de un intento más de criminalizar, reprimir y perseguir las luchas sociales, a los activistas, a los jóvenes, a los mapuche y todos aquellos acusados de ser “sospechosos”, además de criminalizar mucho más la pobreza.
Esta ley entrega mucho más poder a Carabineros, los que ya están amparados en legislaciones represivas que vienen incluso de dictadura. Son estos mismos carabineros que tienen decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, maltrato verbal y físico, incluyendo acusaciones y querellas por tortura.
La ley se enmarca en una política represiva más amplia, como fue el intento de pasar la llamada “ley mordaza” sobre las filtraciones de casos de alta connotación pública o la ley que pretende que los padres paguen en caso de destrozos públicos realizados por menores.
Rechazo a la “detención por sospecha”
Muchas organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales rechazan el control preventivo de identidad, denominada como una vuelta a la “detención por sospecha”, entre ellas Londres 38, Observadores de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigentes estudiantiles como Camila Rojas, de la FECh, Marta Matamala, de la FEUSACH, Camila Figueroa, de la Federación de Estudiantes Diego Portales; organizaciones sociales como el Movilh, Corporación Colectivo Sin Fronteras, Comité de Refugiados Peruanos, Red de Mujeres Mapuche, el Colegio de Periodistas; organizaciones políticas como Revolución Democrática, autónomos, parlamentarios como Giorgio Jackson y Gabriel Boric, el Partido de Trabjadores Revolucionarios, Agrupación Combativa y Revolucionaria, entre otras.
El periodista de CNN Chile, Daniel Matamala también cuestionó los fundamentos del proyecto, al igual que el Relator de las Naciones Unidas, Maina Kiai, señalando inclusive que hay que eliminar todos los vestigios de la dictadura. Por otro lado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), también planteó hace unos meses atrás su preocupación por la ley, que inclusive vulnera derechos internacionales.
También profesores del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, publicaron días atrás una carta en El Mercurio donde indican que ven con “gran preocupación el camino que ha tomado la discusión sobre política criminal”. En las redes sociales se han manifestado un amplio rechazo a la ley, con el hashtag #DetencionSinSospecha”.
