El gobierno y los empresarios, anunciaron que recurrirán al antidemocrático Tribunal Constitucional para aplastar la voluntad de millones, porque no están dispuestos a ceder en nada que toque los bolsillos empresariales. ¿Qué hacer?
Domingo 8 de septiembre de 2019
El proyecto de 40 horas se instaló como debate nacional. Su aprobación en la comisión de trabajo, sin rebaja de sueldo, escandalizó a los empresarios y a la derecha, como lo pudimos observar en los absurdos dichos de Nicolás Monckeberg, ministro del trabajo de RN, de que “Chile podría verse impedido de jugar una Copa América, porque va a exceder la horas que se están planteando”, lo que generó todo un revuelo en redes sociales, invadidas por memes y videos, donde incluso pudimos ver al meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, en su twitter ironizando al respecto.
Por su parte, Piñera amenazó con agotar todas las instancias, incluso con acudir al antidemocrático tribunal constitucional y el veto presidencial, defendiendo su proyecto de reforma laboral, al cual incorporó la reducción de la jornada a 41 horas, con gradualidad y flexibilización, que no significa otro cosa que seguir profundizando la precarización, mostrando su rostro más autoritario y en sintonía con su actuar de los últimos meses, como lo expresó las fuertes represiones ejercidas contra el Instituto Nacional, la aplicación de la ley aula segura, entre otras medidas que buscan mantener silente a las y los jóvenes, quienes junto a las y los trabajadores, han probado en experiencias de unidad anteriores que pueden poner en jaque al gobierno y sus instituciones.
Esto es porque flexibibilidad son los más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras sin contrato escrito, 860 mil subempleados y más de 700 mil subcontratados, percibiendo el 50% del conjunto de las y los trabajadores sueldos inferiores a los $380 mil pesos, lo que claramente ha sido a favor de los grandes empresarios.
Un ejemplo de esto, son los turnos extenuantes sin poder conciliar la jornada laboral y la familia, el subcontrato y la multifuncionalidad,por decir sólo algunos tipos de contratos flexibles, en desmedro de quienes trabajan en la minería, industria, finanzas, y principalmente en alimentos y telecomunicaciones, sectores productivos que son principalmente propiedad del consorcio empresarial chileno de Iris Fontbona y la familia Luksic, con las cuales se han posicionado entre los 100 más ricos del mundo, con millonarias ganancias que ascienden a US$ 15.400 millones.
Es por ello que el gobierno de Piñera, empresario que posee millonarias ganancias aproximadas en US$ 2.800 millones, tiene de aliado a los grandes gremios empresariales, como la CPC y la SOFOFA, que respaldan el proyecto de 41 horas, pues busca profundizar la flexibilidad y con ello seguir precarizando el trabajo a favor de los bolsillos de los más ricos del país.
Los partidos de la oposición, como el PC y el FA llegaron a un acuerdo con la DC, para que el proyecto de la diputada Camila Vallejo, contemple cinco años de gradualidad para las pymes, que no es más que negociar cómo siguen flexibilizando los puestos de trabajo, con los mismos que han generado sus ganancias con precariedad.
Ante esto es urgente, que las principales centrales de trabajadores, que también son dirigidas por el PC y el Frente Amplio, se propongan romper la tregua con el gobierno y los grandes empresarios, lo que es clave ya que no podemos confiar en los mismos que legislaron la reforma laboral de Bachelet o la reglamentación del subcontrato en el 2007, debemos estar alerta ante cualquier intento de flexibilidad y precarización que busquen realizar bajo la excusa de ’responsabilidad económica’.
Y que seamos los trabajadores, las mujeres y la juventud quienes nos organicemos en las asambleas, en coordinaciones por la rebaja de la jornada laboral, generando un amplio movimiento en las calles para luchar por un proyecto de reducción de horas bajo nuestros términos, y que sean ellos, los grandes empresarios, los que han abultado sus bolsillos a costa del trabajo precario y el negocio de nuestros derechos como salud, educación y vivienda y tantos otros, los que costeen todo lo que signifique una rebaja de la jornada laboral, para que todos podamos trabajar y con un sueldo mínimo 450 mil pesos. Estas son las perspectivas que debiese tener el llamado de la CUT, NO + AFP, el Colegio de Profesores, para que seamos quienes trabajamos las y los que decidamos cuánto y cómo queremos trabajar.
