CÓRDOBA. Reforma jubilatoria: a la luz de un pacto para ajustar a los trabajadores

Fotografía: usuario de Twitter

En la última sesión de la Unicameral, Schiaretti hizo aprobar, en acuerdo con la coalición macrista cordobesa, el recorte a los haberes de los jubilados. Bajo el paraguas de la derogación de la odiada 10078 que difería el pago a los pasivos, el gobernador se despachó con lo que presentó como la “solución definitiva” al déficit estructural de la Caja de Jubilaciones de la provincia. La modificación en el cálculo de los haberes jubilatorios es un directo ataque al 82 % móvil calculado sobre el salario bruto del trabajador en actividad que fue bandera histórica del movimiento obrero consagrado legalmente desde la década del ’50 en la órbita nacional.

En la argumentación para semejante modificación hecha a último momento y con una legislatura vallada que repudiamos, el oficialismo esgrimió que la Ley nº 8024 provincial que estipula el 82% móvil es “débil estructuralmente” e “inviable financieramente” y por eso, debe ser modificada sin la más mínima consulta a los principales afectados por estos cambios: los trabajadores, grandes convidados de piedra en esta reforma.

Lo que callan Schiaretti y su compañía macrista, es que el verdadero desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones provincial proviene de las consecuencias de la precarización laboral impuesta por el menemismo y que ningún parlamento ni gobierno hasta la actualidad se dignó a tocar: monotributistas que abundan brindando “servicios” para el Estado, becarios y contratados del Estado nacional en proyectos de educación provincial, el personal de maestranza y limpieza que trabaja en empresas tercerizadas, una vez más para el mismo Estado provincial, son aquellos que no suman sus aportes a la Caja provincial .

El ataque a los jubilados, por otra parte, es violatorio del artículo 57 de la Constitución Provincial que garantiza el carácter irreductible de remuneraciones de los trabajadores pasivos sobre los que recaerá en adelante la nueva modalidad de cálculo. Se trata, entonces, de una ley de abierto carácter inconstitucional.

Cuando el gobierno de Unión por Córdoba pacta con el macrismo y los radicales en el orden nacional y municipal, para ajustar a los jubilados y pensionados, lo que hacen es abrir fuego contra el conjunto de los trabajadores estatales como paso previo a imponer las condiciones que las grandes empresas de la provincia y el país reclaman. Ya vimos cómo el flamante Presidente entregaba miles de millones de pesos a empresarios del agro y la industria con la eliminación de las retenciones; a las grandes cadenas de comercialización les garantizaba el aumento de precios con el que se vienen acolchonando para épocas de “vacas flacas”, mientras a quienes defienden sus puestos de trabajo como en Cresta Roja, los quieren disciplinar con represión. Venimos siendo espectadores, así, de una inmensa transferencia de ingresos de los bolsillos de los trabajadores activos y pasivos hacia la clase empresaria y los gobiernos que la defienden.

El gobernador Schiaretti y sus voceros en la Unicameral cuestionan a los jubilados provinciales porque serían privilegiados. Cuestionan que sus remuneraciones apenas promedien una canasta básica familiar hoy calculada en 17 mil pesos, e intentan hacernos creer, cuando los trabajadores entregamos todas nuestras fuerzas, músculos, capacidades intelectuales durante nuestra vida activa empleados por el Estado o las empresas, debemos conformarnos con recibir migajas mientras ellos desde hace años, vienen “levantando en pala” millones de pesos. Sólo buscan dividirnos entre trabajadores activos y pasivos, a los de planta permanente con los precarizados, en negro o monotribustistas.

Por otra parte, vimos en estos días a dirigentes sindicales decir “indignados” que es un ataque “neoliberal “a las jubilaciones, mientras que durante los últimos 4 años de vigencia de la ley 10078 (que significó un sueldo anual menos para cada jubilado) fueron ellos mismos los que garantizaron la paz social a De la Sota y permitieron que pasaran las leyes de armonización previa.

Como docente y delegada de base, fui testigo de las convocatorias raquíticas a los cuerpos de delegados para “tirar abajo la 10078”. Es evidente que los trabajadores y trabajadoras docentes, de la salud, de Luz y Fuerza, bancarios, así como todos los precarizados bajo la órbita estatal provincial, tenemos la fuerza suficiente para tirar abajo esta ley que se presenta como prolegómeno del ajuste que vendrá.

Las conducciones gremiales que han mantenido un pacto constante con los gobiernos de Unión por Córdoba o que integran sus bancadas legislativas como Pihen, deben convocar con urgencia a un plenario provincial de delegados de base con mandato, que integre a cada uno de los gremios, para discutir un verdadero plan de lucha provincial con asambleas, paros y movilizaciones para tirar abajo la ley 10333. Las bancas de quienes integramos el Frente de Izquierda, con nuestra oposición consecuente en el recinto y en las calles, están desde siempre puestas al servicio de la lucha para derogar esta ley y todas aquellas que apuntan hacia la armonización que demandan, desde 1999, todos los gobiernos nacionales.