Se debatió en comisiones del Senado el tratamiento de la reforma a la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, que restringe las salidas transitorias y las libertades condicionales.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Viernes 21 de abril de 2017 15:34
En el día de ayer se debatió en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta presidida por el senador Pedro Gustavino (FpV- PJ) el tratamiento de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad que restringe las salidas transitorias y las libertades condicionales. Esta ley ya posee media sanción de Diputados.
Con la gran conmoción social que provocó el femicidio de Micaela, la comisión del Senado trató la reforma a esta ley, intentando justificar en aquel crimen, el fortalecimiento del punitivismo estatal.
Es por eso que, ante esta situación, las huelgas de hambre y las “batucadas” que se vienen sucediendo en diversas penitenciarías del país bajo el lema “No todos somos violadores o femicidas” crecen en tensión y en más penales se suman a estas protestas.
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La comisión abrió con la exposición de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien señaló: “Los delitos que no van a poder gozar del beneficio son homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte; secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico”. Y agregó: “Esta es una ley importante que nos va a permitir reconstruir la confianza. Hoy hay una sensación de impunidad”. Patricia Bullrich intentó aclarar que el gobierno no actuaba bajo la presión social provocada por el crimen de Micaela: “No es una reacción a lo que sucedió, estaba planeado en la agenda desde febrero. En el medio sucedió una desgracia, que impactó a toda la Argentina, el brutal asesinato de Micaela García, pero esto se iba a discutir”, sentenció.
La funcionaria consideró que en el país “hay una necesidad de transformar la política criminal” y “todos tenemos que hacernos cargo”.Y añadió demagógicamente: “La política criminal va a ser siempre mejor en la medida que haya menor pobreza”. Además puntualizó que cárceles como la ubicada en Villa Devoto “ya no tienen sentido, son obsoletas”, dejando entrever que prontamente se comenzará la construcción de una cárcel alejada de la zona urbana, para trasladar una de las unidades penitenciarias mas grandes del país. Esto implicaría que la facilidad que hoy tienen los familiares para visitar a las personas privadas de su libertad se verá perjudicada. Como también el perjuicio que ocasionaría para los talleres que allí se dictan y para el Centro Universitario de Devoto (CUD), sede de la Universidad de Buenos Aires, que también podrían dejar de funcionar.
Mientras la ministra de Seguridad exponía, se le impedía el ingreso a la sesión de la comisión del Senado a la mayoría de los familiares y organismos de derechos humanos. A pesar de que las sesiones de comisión son públicas, se les cerró las puertas con la presencia del cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad.
Terminada su exposición y negándose el debate, la ministra de Seguridad se retiró, fuertemente custodiada. Además de ella, participaron luego el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; los jueces de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Peluzzi y Julia Marquez y el juez Sergio Delgado, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Justicia porteña.
También lo hicieron la coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, Eva Asprella; la antropóloga feminista Rita Segato; Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial de la Memoria; Vanina Escales y Mariana Carbajal, del colectivo de periodistas "Ni una Menos"; José Shulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros.
Feminismo no es punitivismo
La antropóloga Rita Segato explicó que la solución punitivista es absurda, ya que las unidades penitenciarias resultan una escuela para violadores. Ella misma se define como "feminista y antipunitivista" y da cuenta de la contradicción que esto le presenta por haber trabajado durante años en las cárceles, con violadores. "No solamente se viola al violador para castigarlo porque violó, esto todo el mundo lo sabe, sino que esa institución es un espacio de reconversión, de reprocesamiento de identidades de género."
No en nuestro nombre
Vanina Escales y Mariana Carbajal del colectivo "Ni Una Menos" leyeron un documento de tono fuertemente anticarcelario. "Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia.", fueron sus palabras iniciales. "El derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas. El proyecto de reforma que se tratará en el Senado busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales, y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social”, agregaron.
“Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Ésas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda”, manifestaron Escales y Carbajal. Además agregaron que: “Queremos traer el debate que damos en las calles, que dimos en una asamblea abierta en la Plaza de Mayo mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintos sectores nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más y sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone.” Para cerrar dijeron: “Estamos acá porque no vamos a permitir que se hable en nuestro nombre ni en el de los feminismos. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.”
Documento completo en:
La Comisión Provincial por la Memoria dice ¡No a la reforma de la 24.660!
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, criticó duramente el proyecto de ley, comenzó diciendo “lamentamos mucho que esta reforma se presente como una solución al problema de la ‘inseguridad’ o los delitos graves que en general conmueven a la sociedad. Esta reforma que se plantea es vender humo sencillamente”. Y agregó: “Lo que se va a lograr si esto se aprueba va a ser profundizar todo lo malo del sistema penal, incrementar la violencia, promover mas delitos. Son recetas que nunca han dado resultado en la Argentina”.
“No deja de asombrar la precariedad de la exposición de la ministra [Patricia Bullrich], no expuso datos, cifras, estudios sobre el tema. Esto preocupa porque es la construcción de un discurso vacío sin ningún tipo de sustento donde se va a determinar la vida de miles de personas de acá en adelante” dijo García. “Este proyecto de ley no se preocupa por la persona dentro de la cárcel, ni tampoco se preocupa cuando esa persona sale en libertad”. También denunció que: “Los sistemas penitenciarios hoy se encuentran signados por una practica sistemática de tortura que se reitera cotidianamente, hay condiciones de detención inhumanas, hay gente que se muere muy joven por enfermedades curables, como la tuberculosis.” Y expuso: “El sistema penal no capta a las personas que cometen delitos complejos, capta a las personas con delitos de tentativa de robo, lesiones culposas, delitos que se consideran menores”.
Además manifestó que: “Se le va otorgar facultades excluyentes al servicio penitenciario respecto con las decisiones vinculadas a la libertad de las personas detenidas y que esto va a tener carácter vinculante. Esto es gravísimo, no solo implica una violación a la división de los poderes, si no también, que va a alimentar mucho más el gran negocio de la corrupción dentro de las cárceles. Hay muchas denuncias de corrupción al servicio penitenciario, los informes criminológicos se venden y si alguien denuncia al servicio penitenciario nunca va a tener un informe criminológico positivo. Hay informes que son lombrosianos, en base al físico de la persona se determina el informe”.
“Esta reforma hace añicos al régimen de progresividad de la pena. Del análisis del proyecto lo único que se desprende es que viene a restringir la libertad” acusó el referente de la CPM, Cipriano García.
Por ultimo hizo una invitación a la ministra de Seguridad para que vea cómo en las cárceles del país se tortura a los detenidos, pero Patricia Bullrich ya hacía varias horas se había retirado de la sala.
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Los diferentes expositores iban argumentando por qué no hay que votar esta reforma, pero en la comisión ya no quedaban senadores. Según el presidente de la comisión, Pedro Gustavino, los senadores seguían el debate por la televisión desde su despacho, mentira que nadie creyó. Para terminar Gustavino dijo que “no descarta modificaciones a la reforma de la ley” y agregó “nos vamos a reunir en la comisión para hacer un análisis del proyecto que ha venido con media sanción, y después vamos a tomar una posición”.
Mientras se cerraba la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, llegabala noticia de que más unidades penitenciarias se plegaban a la huelga de hambre y a los ruidazos.
