Precarización Laboral. Reforma al outsourcing: gobierno y empresarios negocian reducción de derechos laborales

Desde el 12 de noviembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso una iniciativa para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral, pero ante la presión de los empresarios retrocedió y decidió revisarla. Este esquema permite la contratación por una patronal que presta sus servicios a otra, dejando en incertidumbre al trabajador y reduciendo derechos laborales.

La subcontratación, legal o ilegal (6,000 empresas la implementan), permite hasta 50 % de reducción de costos, porque se reducen derechos laborales para las y los trabajadores. Sin embargo, el gobierno federal y la Cámara de Diputados están negociando con los empresarios lo siguiente:

1. Restricción de la subcontratación a actividades especializadas de la empresa.
2. Prohibicíon del insourcing, es decir, una empresa no puede subcontratar a sus propios trabjadores.
3. Autorización para la subcontratación de bienes y servicios sea “expedita”, es decir, que no demore mucho el permiso para subcontratar, de lo contrario el registro se autorizaría automáticamente.
4. Limitación del reparto de utilidades a los trabajadores con un tope del 10%.

Cabe aclarar que la propuesta solo modifica la redacción de los puntos 1 y 2, puesto que ya estaban regulados desde 2012. Mientras que el punto 3 beneficia a las empresas de servicios que son quienes más subcontratación implementan. Finalmente, el número 4 restringe el derecho de las y los trabajadores a la participación de las utilidades de las empresas.

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Gobierno, empresarios y diputados: unos cuantos deciden, ¿y la voz de las y los trabajadores?

Desde el 30 de noviembre, en el Palacio Nacional se han mantenido negociaciones entre AMLO y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur). Acordaron la eliminación del insourcing y una reunión posterior.

Mientras que en la Cámara de Diputados, Romero Hicks del PAN, señaló que insistiría con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ignacio Mier, con quien ya sostuvo pláticas, para “mantener diálogos con la industria privada”. Mientras que René Juárez del PRI indicó que se definiría una ruta de reforma para discutirla y votarla la próxima semana.

Finalmente, en cuanto a la iniciativa de reforma, la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, señala que es posible gobernar para trabajadores y el sector empresarial. Pero las declaraciones del gobierno y los diputados, así como las reuniones que sostienen con la iniciativa privada, todo apunta a que la propuesta tiene el objetivo de menoscabar los derechos de las y los trabajadores, sin tomar en cuenta su voz.

Impongamos nuestra voz

Nuestros intereses están por las mejoras de las condiciones de vida de nuestra clase como son: la resolución de todas las luchas, la basificación de todxs lxs subcontratadxs, plenos derechos laborales, la democratización de nuestros sindicatos y su independencia política respecto al Estado; prohibición de los despidos injustificados, la precarización y la subcontratación.

Las empresas están generando mayores ganancias a costa de aumentar la explotación y la reducción de nuestros derechos laborales, por eso es importante luchar porque se expropien y bajo control democrático de sus trabajadores aquellas empresas que nieguen derechos laborales, que despidan durante la pandemia, nieguen o reduzcan salarios, que no paguen impuestos y sus acciones hayan ido en detrimento del erario público, que impidan la sindicalización o impongan la subcontratación.

Si el gobierno y los empresarios velan por sus intereses, ante ello es necesario que millones de subcontratados y precarizados nos organicemos y unamos la fuerza de las y los trabajadores, como lo venimos haciendo en el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos (MONAPRED), para parar las reformas que implican un golpe a nuestros derechos y luchar por mejores condiciones laborales y de vida. Sobre todo es urgente mostrar nuestra fuerza en las calles, para que la crisis no la paguemos quienes menos tenemos, sino quienes la provocaron: los capitalistas.

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